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Viernes, 3 de septiembre de 2004

RAMOS GENERALES

Llamado de atención de la ONU

“Nos preocupa que el mecanismo nacional para la mujer (es decir, el Consejo Nacional de la Mujer) no esté lo suficientemente capacitado y financiado para asumir las políticas que requieren su atención”, dijo la presidenta del Comité sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres, creado en el seno de Naciones Unidas para proteger y vigilar el cumplimiento del tratado internacional sobre el mismo tema (Cedaw), que tiene rango constitucional desde 1994. La declaración se hizo en el marco de la evaluación del informe complementario al ser presentado por la Argentina en 2002, exigido por el organismo internacional ante la falta de datos suficientes sobre el impacto de la crisis en las mujeres de nuestro país. Y con los datos en la mano, las conclusiones están lejos de ser alentadoras: el comité internacional recalcó, en audiencia pública, el aumento de la violencia contra las mujeres –reconocido por el Ministerio de Justicia y Seguridad– y la falta de políticas públicas en este sentido, el aumento de la mortalidad de gestantes por causa de abortos clandestinos, de embarazos adolescentes y la expansión de la pandemia del vih-sida, que afecta especialmente a las mujeres. ¿Por qué no hay un programa de educación sexual a nivel nacional? ¿A qué se debe la falta de iniciativa del Ministerio de Educación sobre esta materia?, fueron las preguntas que quedaron flotando al final de la audiencia y que recogió María José Lubertino, presente en representación de la Red Argentina de Monitoreo de Políticas de Género. La falta de avance en la atención sanitaria de los casos de abortos no punibles y de las complicaciones post aborto y la ausencia de debate legislativo para desincriminar otros casos de aborto quitando culpas de las espaldas de las mujeres, fueron cuestiones que volvieron a reiterarse en la sesión del Cedaw, igual que en 1997 y 2002. Aun cuando el Cedaw tiene rango constitucional, todavía no ha sido ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ya que a eso se negaron el entonces presidente Eduardo Duhalde y su canciller Carlos Rukauf. El compromiso de este gobierno con una nueva política de Derechos Humanos debería incluir esta ratificación lo antes posible.

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