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Viernes, 18 de diciembre de 2015

POLITICA

Inequidad jurídica

Sólo el 24 por ciento de las mujeres juezas accede al puesto de camaristas, en la Justicia Federal hay 7 cámaras integradas sólo por hombres y en la Corte Suprema, lejos de reemplazar el lugar que dejó Carmen Argibay con alguna de las posibles candidatas que no llegaron ni a nombrarse, Mauricio Macri firmó un decreto para designar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti sin debate previo y sin intención de escuchar la excelente campaña de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, “Más mujeres, más Justicia”.

 Por Luciana Peker

“La Justicia está cambiando y va a cambiar más”, le dijo Carmen Argibay a Las/12, en diciembre del 2010, a cinco años de ser designada –por el ex presidente Néstor Kirchner como la primera mujer en llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La segunda fue Elena Highton de Nolasco. Sin embargo, como Argibay se encontraba en el Tribunal Internacional de La Haya, Highton asumió primero el cargo. Las dos imprimieron una perspectiva de género a la Corte que abrió las puertas a escuchar la inseguridad íntima que afectaba a las mujeres puertas adentro de sus casas.

Highton creó la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que posibilitó denuncias rápidas y durante las 24 horas en la Ciudad de Buenos Aires –con replicas en todo el país- y con ordenes de impedimento de contacto y pericias instantáneas sin esperar la larga y clásica burocracia judicial. Argibay creó e impulsó la Oficina de la Mujer (OM) que capacitó a magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias judiciales en trata, abusos sexuales y violencia de género y promovió la mayor participación femenina en todos los ámbitos judiciales. Pero el doble comando se truncó. Argibay murió el 10 de mayo del 2014. Ni su lugar, ni su tarea fueron reemplazadas. Highton ahora dirige tanto la OVD como la OM y quedó como la única mujer en la Corte Suprema. Se produjeron dos vacantes con las renuncias de los ex jueces Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt. Pero no fueron ocupadas por ninguna mujer ni por nadie más que tuviera una perspectiva de género en sus juicios.

El presidente Mauricio Macri nombró por decreto -y sin acuerdo del Senado- a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en los dos cargos que estaban vacantes. El decretazo sin acuerdo de la mayoría especial que requiere la designación de los puestos en el máximo tribunal no solo es criticada por la falta de cumplimiento del rol de la cámara alta, sino también porque no permitió ni el debate público, ni presentaciones de organizaciones no gubernamentales –que sí habían realizado objeciones ante la postulación de Roberto Carlés por parte de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner- ni impugnaciones legislativas y, ni siquiera, habilitó la charla en los medios de comunicación y las calles o el run run de las posibles candidatas a llegar al máximo tribunal.

El reclamo por un cupo de género en la justicia no es silencioso. La Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA) lleva adelante la campaña “Más mujeres, más justicia” y el Ministro de Justicia Germán Garavano participó del lanzamiento de la campaña. El pedido era explícito e incluía que las candidatas tuvieran trayectoria y perspectiva de género y pudieran continuar y profundizar el legado de Carmen Argibay. Por ejemplo, algunas de las mejores exponentes en carrera para llegar a la Corte Suprema son Claudia Sdbar, integrante de la Corte Suprema de Tucumán; Hilda Kogan, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y Susana Medina de Rizzo, del Superior Tribunal de Entre Ríos, entre otras. Pero, decretazo mediante, sus nombres no figuraron ni en la tinta de los diarios.

Ante este panorama –sin mujeres y sin debate sobre la necesidad de mujeres- la perspectiva de cambio de Carmen, no parece cumplirse. O al menos el cambio no es para una mayor ampliación del poder de las mujeres que, si no está contemplado en la Corte, es mucho más difícil que derrame para los tribunales inferiores ya que, justamente, desde la Oficina de la Mujer es desde donde se fomenta que quienes imparten justicia comprendan la dimensión de la violencia machista y, también, la importancia de sumar y alentar la inclusión de mujeres en los tribunales.

Diana Maffia Directora del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires remarca: “La opción del presidente Mauricio Macri de designar por decreto dos ministros de la Corte Suprema en comisión burla muchas cosas a la vez: el espíritu de democratización del sistema de elección para que no dependa sólo del Poder Ejecutivo, el proceso de intervención ciudadana como aspecto de transparencia y participación y el respeto por la equidad de género en los cargos de representación. Las tres cosas esmerilan anticipadamente la confianza que debe restituirse al Poder Judicial como garantía para impartir justicia en el reclamo de derechos”.

Maffía pide que la Justicia ajuste su brújula en la igualdad de género: “No sólo deben incluirse mujeres, sino que todo el Poder Judicial debe tener formación en género. Y no es una opción, es la condición legal para acceder a un cargo que debe cumplir no sólo la Constitución sino con los tratados internacionales de derechos humanos y las recomendaciones de los organismos y tribunales internacionales correspondientes.

Los jueces y juezas no sólo deben hacer control de constitucionalidad sino también de convencionalidad. ¿Cómo puede admitirse que quien controla no cumpla? Hay siete tribunales superiores y siete cámaras que están compuestas exclusivamente por varones. El respeto por la equidad de género no sólo es una obligación constitucional, sino que en los hechos mostró que fortalece la representación de los derechos y perspectivas de las mujeres en la justicia.

Susana Medina, Presidenta de AMJA explícita: “La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación observa que las mujeres que acceden al cargo de Ministra sólo representan un 24 por ciento. Siete son los Superiores Tribunales y Cortes cuyos miembros son todos varones (San Juan, Chubut, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Mendoza y La Rioja). La participación de las mujeres en las cámaras federales y nacionales no es diferente, pues sólo el 24 por ciento de mujeres acceden al cargo de camarista. También son siete las cámaras integradas exclusivamente por varones. El decreto 222/2003 indica que se debe tener presente la “diversidad de género” en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque de lo contrario se estaría retrocediendo en el porcentaje de mujeres en este máximo tribunal que existía con anterioridad al fallecimiento de Carmen Argibay. No debiera volverse hacia atrás, pues mucho han costado los avances de las mujeres a estos lugares”.

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