La Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH) y la Asignación por Embarazo representan un cambio sustantivo en las políticas sociales argentinas. A través de un componente no contributivo de la seguridad social transfieren ingresos a las madres que se encuentran desempleadas o trabajando en el sector informal cuyos hijos/as son menores de 18 años o sin límite de edad en caso de discapacitados.

La Asignación Universal (que viene cubriendo un promedio de 3,5 millones de niños/as) junto con las moratorias previsionales (de 2005 y 2014) implicaron el ingreso masivo de mujeres a la seguridad social.

Desde la nueva gestión de gobierno se anunciaron medidas como la extensión de la prestación a los monotributistas que se concretaría a lo largo de 2016 (con la posibilidad de contar hacia fines de la gestión con un Ingreso Ciudadano) que, según trascendió los últimos días, se lograría con financiamiento proveniente del Banco Mundial. También se propuso una futura devolución del IVA en productos de la canasta básica dirigida a jubilados, pensionados y titulares la Asignación. Por el momento no se avanzó en mayores precisiones.

Otro conjunto de medidas se presentaron como novedosas pero sin embargo no lo son. Se trata del pago único ($800) a titulares de asignaciones familiares para fomentar el consumo de los útiles escolares (marzo) que ya había sido incorporado desde 2015 como “Ayuda Escolar” para los receptores de la asignación en la línea de igualar a la transferencia que reciben los trabajadores formales. Y la actualización del monto de $837 a $966 que, en realidad se explica por la ley sancionada en 2015 que regula la actualización de las Asignaciones en marzo y septiembre de cada año.

La nueva gestión de gobierno tiene varios desafíos respecto de la Asignación. Desde concretar su anunciada ampliación hacia los grupos que todavía permanecen excluidos (monotributistas, por ejemplo), pasando por la incorporación de todas las prestaciones que existen en el subsistema contributivo que todavía los receptores de la AUH no reciben (asignación por matrimonio, nacimiento y adopción) hasta el fortalecimiento de la oferta educativa y de salud que exige la propia Asignación a las familias y cuyo incumplimiento implica la suspensión de la transferencia monetaria.

En estos primeros meses de gestión, llama la atención el rol protagónico que tuvo la cartera de Desarrollo Social en varios de los mencionados anuncios dejando atrás el espacio ocupado por ANSES durante todos los años previos. Esto que por ahora sólo aparece como una cuestión de “voceros” alerta sobre una concepción de la Asignación que la acerca a la lógica de la política asistencial a la vez que la distancia de la lógica de la seguridad social y sus implicancias en términos de derechos.

(*) Docente de la Universidad de Buenos Aires, Investigadora de CONICET e integrante del grupo “Derechos Sociales y Políticas Públicas”.