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Cuando su hijo tenía dos años y diez meses, M.M. escuchó su relato: el papá le había metido un palo en la cola, y le dolió mucho. M. pidió ayuda al pediatra del nene, lo llevó a una psicóloga, hizo la denuncia. Aunque él no habló en cámara Gesell, donde no se generaron las condiciones para que pudiera expresarse, una psicóloga del hospital Alemán fue minuciosa en la descripción de la evolución y las conductas del niño. La investigación avanzó pero siempre con una hipótesis, la misma que se ve casi calcada en la enorme mayoría de las denuncias por abuso sexual infantil: la mamá le mete ideas falsas en la cabeza para que sus hijxs mientan. El 30 de junio, el abusador fue sobreseído por pedido del fiscal Julio Argentino Roca y decisión de la jueza Yamile Bernán. M.M. es una de las cientos de madres protectoras, aquellas que van en busca de Justicia y la mayor parte de las veces se encuentran perseguidas, sospechadas y acusadas por creer en sus hijos o hijas.

La palabra de niñas y niños no es escuchada. Se los ve como meros instrumentos de maléficas madres capaces de inocularles vivencias inexpresables sin haberlas vivido. Por eso el nombre de las jornadas que este domingo, a las 19.30, apunta a despertar conciencias: Yo No Miento se realizará en el club Premier (Campichuelo 472). Es impulsada por la revista Hamartia, luego de realizar una investigación sobre cuarenta expedientes, donde concluyó que el 95 de las causas por abuso sexual termina en sobreseimiento, mientras sólo hay estimadas un máximo de 10 por ciento de denuncias falsas. Es decir que hay un 85 por ciento de causas que quedan impunes, y son delitos que sufrieron niñas y niños de parte de adultos que deben protegerlos. Estos abusos tienen efectos devastadores sobre su psiquis.

El domingo se congregarán decenas de organizaciones. Primero, se presentará la investigación sobre ASI de la revista Hamartia. Más tarde, habrá paneles con especialistas como el juez Carlos Rosansky, autor de la actual ley sobre abuso sexual infantil, el fiscal Julio César Castro y el psicólogo Jorge Garaventa, entre otros. El final será un festival con música en el que estarán Carlos Barragán, Tita Print (ella misma madre protectora, como ya contó en una entrevista de Las 12) y Ballenita Mozambique. “Queremos que sea como el ‘Ni una menos’”, se entusiasma Sara Barni, integrante de la Red Vida, madre protectora. Para las estadísticas, integra el exiguo uno por ciento que obtiene condena. El 24 de junio pasado, su ex pareja, el hombre que abusó de su hija, fue condenado a 14 años de prisión, pero nunca estuvo detenido. Apeló la sentencia, y mientras la condena no esté firme tendrá las garantías procesales de las que no gozan niñas, niños y adolescentes.

La difusión de la actividad convocó a periodistas, artistas y personalidades políticas. Desde el ex ministro de Defensa Agustín Rossi hasta Anabel Cherubito, Liliana Herrero y Juana Molina, respondieron a la convocatoria para decir que “los niños no mienten” y que es el deber de las personas adultas proteger a niñas y niños.

En abuso sexual infantil, el relato de la víctima es una prueba de oro, ya que los abusadores perpetran su delito lejos de la mirada de terceros. Y se aseguran impunidad con amenazas hacia sus víctimas. Pero encontrar eco en Tribunales parece -casi- imposible.

“No son más juicios por abuso, en este momento son juicios contra el Síndrome de Alienación Parental (SAP), donde vos tenés que demostrar que no estás loca. En mi caso, los jueces no permitieron que el abusador alegara el sap, pero es el uno por ciento”, relata Sara. Sobre el fantasma de las falsas denuncias, Sara recuerda que es una ínfima parte. “Un chico no se puede sostener en cámara gesell si no fue su vivencia”, dice esta mujer que debió dejar su trabajo para enfrentar la búsqueda de justicia para su hija, de 14 años, que había sufrido abusos durante cinco años de parte del padrastro. “Nosotras padecemos pagar abogados, quedarnos sin laburo, correr como corren estas madres con el miedo constante de que les saquen a sus hijos. Te parece que se van a tomar semejante trabajo simplemente porque están despechadas”, ejemplifica.

En la causa de M. M., lo determinante del sobreseimiento fue la actuación de la Coordinadora Infanto juvenil del Cuerpo Médico Forense, María Elena Chicatto, quien sin nombrarlo, se refirió al falso Síndrome de Alienación Parental en la causa que devino en un sobreseimiento del progenitor abusador. “Habló de mi y de mi hijo sin conocernos”, dijo M. M. a Las 12. Ahora, espera la resolución de la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal. Sin embargo, el miércoles pasado, su visita al juzgado fue desalentadora. La Abogada del Niño de la Defensoría 3 le informó que esa Sala no le permite participar en las causas, aún cuando eso está prescripto por ley.

En el sobreseimiento firmado por Bernán, queda clara la operación que omite producir prueba y después, por falta de prueba, decide el sobreseimiento. “Y si bien la nombrada, a la fecha, aún insiste materializar la entrevista psicológica de su hijo, lo cierto es que la misma no ha podido concretarse”. Y eso pasó “sobre la base de lo expuesto por María Elena Chicatto, perito psicóloga del Cuerpo Médico Forense, consideró no llevarla a cabo, frente al riesgo de someter al menor a una revictimización. Al respecto, se contó en el legajo con el testimonio de la licenciada Chicatto quien a preguntas del señor Fiscal respecto a si era posible que un niño de 5 años de edad pudiera recordar lo que le había pasado hacía tres años, destacó que era prácticamente imposible que pudiera guardar referencias mnémicas de episodios conectados a esa edad, dos o tres años”.

Chicatto afirma en esa causa que “atento la casuística del Cuerpo Médico y dado que el niño estaba en tratamiento psicopedagógico en el Hospital Alemán, se debía tener en cuenta allí entrevistas con la madre y el padre, porque si no, se trataba de un abordaje unilateral, parcializado”. Eso es lo que firma la jueza, lo que dijo la perito: que el abusador debía ser entrevistado. Agrega que “de acuerdo a la conflictiva familiar existente en el caso, recomendó necesario entrevistas a la madre y al padre, y no ya con el niño. Finalmente, sugirió que la querellante sea evaluada pericialmente, máxime cuando aquélla habría tenido episodios traumáticos en su infancia. En consecuencia, la denuncia efectuada no se vio robustecida por otro elemento probatorio”. Este texto deja en evidencia que no hay pruebas porque la licenciada Chicatto se niega a que se hagan. “Lo más irregular de todo es la declaración de Chicatto, porque no me conoce a mí, no conoce a mi hijo, y sin conocerme se presenta”, dice la mujer. “Somos cinco mamás a las que nos hizo esto”, aclara. Es que a partir de las denuncias públicas, empiezan a conocerse y transitar juntas el muro de indiferencia que se levanta para ellas en Tribunales. El domingo estarán en la actividad “Yo no miento”, con un grupo de “Madres de la resistencia”. M. tiene algo claro: “Yo no voy a entregar a mi hijo al abusador, así de sencillo. La defensora me decía que no me queda mucho tiempo para que el abusador pida la revinculación. Es inmediato, hay sobreseimiento y les dan la revinculación”.

Para M. M., la denuncia fue la puerta abierta a una pesadilla. “Entre a un mundo que nunca creí que existiera básicamente. A lo sumo me esperaba que no hicieran nada, pero que se pusieran en contra, eso es desesperante, genera impotencia, desesperación más que nada. Una ya no sabe qué hacer, adónde acudir”, expresa.

A C. P. también le tocó vivir “un calvario”, como califica Rosansky lo que pasan las mujeres que se deciden a denunciar el abuso sexual infantil. Vive en Luján, donde la primera dificultad fue encontrar un lugar para presentar la denuncia. En la comisaría de su barrio no le tomaron la denuncia, en septiembre de 2012, porque le dijeron que debía estar “avalada por alguien”. Entonces, fue a la Dirección de Niñez, donde una psicóloga -de la que no recuerda el nombre- le dijo que no podía evaluar a su hijo porque tenía dos años y no podía hablar. Le llevó cuatro años denunciarla en el colegio de Psicólogos. En el Centro de Salud del barrio Santa Elena de Luján, una psicóloga atiende a su hijo y luego hace un minucioso relato ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 9. “En el juzgado, hasta la defensora de menores te dice ‘pero señora es el padre, es el hombre que usted eligió. Vos te enfrentás a todas esas cosas. La verdad es que yo no entendía que pasaba, al principio accedí a que al menos haya una visita, mi miedo era que se lo diesen directamente”, relata C., una mujer de 31 años que es empleada de peajes, y se enfrenta en gran disparidad de poder económico con el padre de sus hijos, una nena y un varón. “Fuimos atacados desde el incendio de mi vehículo, me robaron, me seguían a cualquier hora”, cuenta el hostigamiento sufrido. En la UFI 9 de Luján está la denuncia por abuso sexual y en la UFI 11 hay seis causas porque el padre de los niños violó la restricción perimetral. Todas esas causas están archivadas. Sin embargo, a C. P. la condenaron, en abril de este año, a seis meses de prisión en suspenso por una supuesta amenaza contra el abusador. “Lo hicieron con un testigo falso”, cuenta. Hizo una contradenuncia por todas las irregularidades de la causa en la que la condenaron. También la habían denunciado por impedimento de contacto pero en esa causa no recibió condena. Es que no es sólo el testimonio de una psicóloga el que avala la denuncia de abuso. Sin embargo, mientras a ella le hicieron una pericia psicológica en tiempo récord, a él nunca lo imputaron, ni lo llamaron a declarar. Incluso, demoraron tres años en hacer una pericia psicológica, de la que surgió una personalidad violenta. “Hay tres testimonios de personas cercanas”, cuenta C.P. “La causa por abuso está archivada hace dos meses, eso marca una diferencia terrible”, subraya. C. se conforma con poco: “He tenido la fortuna de que mis hijos no fueron revinculados a la fuerza, el juzgado de paz no lo decidió así. Pero el progenitor lo ha pedido”, expresa. Para ella, haber atravesado “el duelo” que significa denunciar al padre de sus hijos fue la primera escala de un camino escarpado.

En esta historia de castigar a la mensajera, D. Z. está desesperada porque el juzgado de Familia de La Matanza, a cargo de Daniel Williams, está empeñado en revincular a su hija de 9 años, S., con el padre abusador. Cuando la nena tenía 6 años, estuvo internada 32 días en el hospital Garraham por las lesiones sufridas en el abuso, y una pancreatitis que le provocó el cóctel preventivo de enfermedades de transmisión sexual. D. Z. no para de llorar cuando relata lo ocurrido. Es que su hija sufrió violencia de todo tipo, y le dijo a su psicóloga que tenía miedo, y le dolía en el corazón lo que le había hecho su padre. Todo empezó cuando D. notó un vestigio de sangre en la bombacha de su hija, y le preguntó si le había pasado algo. La nena dijo que no. El miedo, las amenazas, son un arma del abusador. “Le explico que tenía que confiar en mí, me decía que no había pasado nada. La vestí y la llevé a la clínica, le encontré una machita de sangre, necesitaba saber si tenía una infección urinaria o algo. La doctora me dijo que tenía que ir a una comisaría porque ellos no la podían revisar. Voy a la comisaría y me dice que vaya al otro día. Todo esto me pasó a las 10 de la mañana y yo terminé al otro día en el hospital Garraham. Me dice la doctora que tenía que llevar a la nena de la comisaría de la familia”, relata la mujer, que después de eso, pasó 32 días de internación, con episodios de violencia del padre de la niña. Gracias a la actuación del abogado Andrés Bonicalzi, el abusador fue imputado, pero no fue todavía llamado a indagatoria. “El intento de revinculación está desde un primer momento, pero ahora se hizo más feroz y no entiendo por qué, habiendo más elementos, estando imputado”, dice D. Z., sin entender. Y asegura que su peregrinar judicial es “un no vivir, tengo que vivir atrás de esa causa, para que los derechos de mi hija sean preservados. Ella tiene que tener una libertad y empezar a recuperarse de una vez por todas”. D. subraya que su hija fue otra después del abuso, se retrajo, y sólo de a poco está recuperándose.

Sara Barni cree que las autoridades judiciales juegan con fuego. “Esto va a ocurrir otra vez sobre el cuerpo de los chicos. Y ahí vienen las lamentaciones. Pero a las niñas y los niños no los reparás con un ‘era verdad’”, dice y recuerda que en cada uno de los juicios, el recurso al falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), un artilugio creado por el pedófilo James Gardner, que no tiene aval científico de la Organización Mundial de la Salud, es el caballito de batalla de los operadores judiciales. Crean así la figura de madres manipuladoras. “La madre pasa a ser una psicótica que maneja a todo un grupo, que incluye a psicólogas, médicos y docentes”, señala con cierto sarcasmo.