las12

Viernes, 23 de septiembre de 2016

DESTACADOS

El silencio no es salud

Una adolescente puede morir por un aborto clandestino en Argentina y los medios apenas se escandalizan. Pero si se hace una charla sobre aborto legal, el grito no sólo llega al cielo sino hasta el Ministerio de Educación de la Ciudad, que ahora obliga a que todas las charlas que se programen en los colegios sean primero aprobadas por la supervisión escolar. Una hiperburocratización que llama al silencio y cierra las puertas de las escuelas a las voces diversas.

 Por Luciana Peker

“Pregunta: ¿qué diría usted si un grupo de activistas políticos autodenominado Mujeres, Tortas, Putos, Travas y Trans entra al colegio de su hijo para fomentar el aborto con pastillas?”, increpó la editorial “Curso de desorientación sexual en el Pellegrini”, de Ricardo Roa, en Clarín, el 7 de septiembre. La respuesta: más de setecientas familias de alumnxs del Carlos Pellegrini mandaron una carta a todas las autoridades del Consejo Superior de la UBA para respaldar a la charla y pedir por la libertad de expresión de sus hijas e hijos. Sin embargo, siete días después de la editorial de Clarín, el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mando una normativa a todas las escuelas: “Se comunica que toda intervención o presencia de organizaciones ajenas a los establecimientos educativos deberá contar con la previa autorización de la Supervisión correspondiente. Esta solicitud deberá ser requerida por el Director/Rector mediante petición debidamente fundada explicitando la fundamentación pedagógica, modalidad de implementación, población destinataria y su vinculación con los contenidos que se estén desarrollando en el marco currícula vigente. Asimismo, las Supervisiones deberán informar las autorizaciones otorgadas siguiendo la correspondiente vía jerárquica”. El Pellegrini depende la Universidad de Buenos Aires (UBA) y no del Gobierno de la Ciudad. Pero el efecto de la sanción mediática contra la libertad de expresión de preguntar de chicas y chicos rebotó en los colegios porteños.

¿Por qué se pide que las supervisiones autoricen charlas que, hasta ahora, son usuales en colegios de puertas abiertas a la sociedad civil? La Ministra de Educación porteña María Soledad Acuña respondió a Las/12: “Pedimos autorización porque en el momento en el que los chicos ingresan al establecimiento pasan a ser responsabilidad de la escuela. Todos los días las familias nos confían la enseñanza de sus hijos. La determinación surge para garantizar que todo lo que se desarrolle en la escuela tenga relación directa con los contenidos, tenga fundamento pedagógico y sea adecuado a la edad de los alumnos”.

¿Las autorización va a ser dinámica o va a representar un obstáculo?

–Va a ser dinámica. Queremos que todos los alumnos y alumnas se formen en un contexto interdisciplinario relacionado con el contexto en el que viven. Esto implica un diálogo constante, para que todo el contenido que se dicte en el aula esté orientado a fortalecer, ampliar y profundizar los temas acordados en el diseño curricular. No se van a censurar las organizaciones ni se va a prohibir la libertad de expresión.

El profesor Manuel Jerónimo Becerra objeta la nueva reglamentación: “El Ministerio de Educación descarga en las conducciones escolares la responsabilidad de modificar ciertas tradiciones y dinámicas escolares que obstaculizan la verdadera inclusión educativa, mientras que hiperburocratiza las decisiones pedagógicas. El objetivo parece claro: evitar que los docentes tomemos decisiones que podrían contribuir a un salto cualitativo, para luego responsabilizar a las escuelas de las cosas que no funcionan”.

“Hoy ya hay autocensura por parte de los directores que ya están muy reticentes a aprobar cualquier charla y eso limita el uso de su propio criterio pedagógico y el derecho de los pibes y pibas, y de las familias, a acceder a un debate plural de ideas. No funciona una educación restrictiva. Los pibes necesitan espacios de participación. La educación queda huérfana si ignora actores sociales dinámicos. No se puede restringir la libertad de expresión y el intercambio de información y de ideas”, remarca Ernesto Golomb, integrante de Familias x la Escuela Pública.

“Nos parece muy grave y afecta a la calidad democrática del sistema educativo”, opina Carolina Brandariz, secretaria de Género de UTE/CTERA.

Uno de los titanes mediáticos contra la charla en el Pellegrini fue el médico y periodista Nelson Castro descompuesto porque mujeres sin título en medicina hablaban de aborto . La editorial de La Nación del 15 de septiembre apuntó: “(el aborto es) una cuestión de por sí muy controvertida que, en todo caso, debería estar reservada a médicos y profesionales de la salud, pero no a meros adoctrinadores políticos, cuyo único aval habría sido una invitación del centro de estudiantes”.

La médica Viviana Mazur interpela: “Con el misoprostol los trabajadores de la salud aprendimos de lo que las mujeres hacían. La corporación tiene miedo a perder poder más que una reflexión real sobre los cuidados necesarios en un proceso de interrupción del embarazo”. En realidad, no solo la escuela puede hablar de aborto legal, sino que debe ya que forma parte de los contenidos obligatorios de la Educación Sexual Integral (ESI).

La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito publicó una guía para docentes. Celeste Mac Dougall subraya: “No es que sobre el aborto sólo pueden hablar médicos/as. Es un tema que tiene que ver con derechos ratificados por el fallo F.A.L (de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) como el derecho a la salud. Tenemos la obligación de darle a chicas y chicos la información que necesitan y es un derecho de chicas y chicos recibir esa información”.

Pero, además, las charlas son parte de las preguntas que chicos y chicas quieren hacer. Ofelia Fernández tiene 16 años y es la presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini. Ella enfatiza: “No es casual que salga una resolución que intenta reglamentar los contenidos justo después de demonizar lo que pasó en mi colegio. Hoy la ley de Educación Sexual Integral no cuenta con implementación real. Y es, entonces, ante el vacío que dejan las instituciones que nosotras decidimos profundizar la discusión”.

Santiago Legato, de 18 años, vocero del Centro de Estudiantes del Nicolás Avellaneda refuerza: “Reclamamos la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) que no se aplica en casi ningún colegio y depende de la voluntad de profesores/as. Por eso estoy en contra de más normativas que traben las charlas en los colegios y que la autorización pase por la supervisión es una traba más para hablar de violencia de género, gatillo fácil, ESI y aborto, que son temas que los colegios no se hacen cargo y nosotros los abordamos en charlas”.

Compartir: 

Twitter
 

 
LAS12
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2017 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.

Logo de Gigared