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Algunas veces los médicos generan buenas noticias que no tienen que ver con descubrimientos científicos. Que promueven la defensa de los derechos humanos y por lo tanto avanzan en la construcción de ciudadanía, algo tan importante como las nuevas fórmulas de laboratorio.
Este compromiso social es el que asumieron las once sociedades científicas que suscribieron el Consenso sobre mecanismos de acción de los anticonceptivos hormonales, que se presentó en agosto, durante las Terceras Jornadas Argentinas de Anticoncepción que se hicieron en Buenos Aires.
Desde fines del año 2003, tres de esas sociedades –la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (Amada), la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva (Saegre), y la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil (Sagij)– empezaron a trabajar en el documento con la intención de que demandados y jueces tuvieran una herramienta científica para defenderse y fallar, respectivamente, en los juicios iniciados por varias asociaciones católicas contra los laboratorios privados y el Estado por la venta y entrega de anticonceptivos hormonales en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable. “A fines del 2003 empezamos a pensar en el tema cuando nos enteramos del juicio iniciado por el Portal de Belén en Córdoba, en el juzgado de la doctora Garzón de Lascano, en el que aducían que los anticonceptivos hormonales eran abortivos. Nuestro objetivo era estudiar los mecanismos actuales de los anticonceptivos y emitir un Consenso suscripto por la mayor cantidad de sociedades científicas posible –explica la ginecóloga Inés de la Parra, presidenta de Amada–. El planteo del Portal de Belén es una locura, hace 50 años que existe la píldora y que sabemos que su mecanismo es la anovulación. Estar discutiendo esto es un retroceso, pero como vemos que el Gobierno está comprometido con la salud reproductiva, queríamos emitir un documento que los apuntalara.”
El juicio del Hogar Portal de Belén, una organización no gubernamental de estrechos vínculos con la Curia cordobesa, se da en el marco de la avanzada de la Iglesia en el ámbito judicial. Sancionada la Ley de Salud Reproductiva en octubre del 2002, y con el claro respaldo del ministro de Salud, Ginés González García, y del presidente Néstor Kirchner, a la implementación del Programa creado por dicha ley, la Iglesia, a partir de ese mismo año, focalizó sus embates en el ámbito judicial.
La actual querella por los anticonceptivos hormonales fue iniciada en agosto del año 2003. El Hogar Portal de Belén demandó al Ministerio de Salud de la Nación, a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y a los laboratorios Gador por su responsabilidad “en la distribución de productos abortivos que se entregan como anticonceptivos”. En la presentación judicial se enfatiza en la falta de información en los prospectos de los medicamentos sobre la alteración que éstos producen en el endometrio, lo cual generaría –según los abogados de la asociación católica– un efecto destructivo sobre el embrión humano. Junto con la Asociación Mujeres por la Vida, el Portal de Belén se hizo conocido por sus causas contra el Estado en temas de salud reproductiva. Ellos fueron quienes iniciaron la querella –“casualmente” también en Córdoba, una ciudad donde la Curia tiene aún un poder de lobby gigantesco, y que también recayó en el juzgado de Cristina Garzón de Lascano, una mujer de reconocida militancia católica– por los presuntos efectos abortivos de la píldora del día después, que terminó en marzo del 2002 con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación prohibiendo la droga, pero con un nombre equivocado, con lo cual la sentencia no tuvo efecto. Un año después, en febrero del 2003, Lascano también hizo lugar a un pedido de no innovar presentado por Mujeres por la Vida para impedir la aplicación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, que finalmente quedó sin efecto.
Ante esta última presentación del Portal de Belén, médicos y científicos decidieron reaccionar, y a comienzos del 2004 se produjo el primer encuentro. “Convocamos a todas las sociedades científicas en la AMA –continúa De la Parra–. También invitamos al doctor Enrique Bagnati, un viejo profesor, ex presidente de varias sociedades científicas, que expuso un trabajo sobre el tema; y al doctor Roberto Nicholson, que no pudo asistir, pero envió una investigación. Sobre esos dos documentos se discutió y se aprobó un primer Consenso. Nos volvimos a reunir en abril, y ahí invitamos al doctor Carlos Tagle, investigador básico del Conicet. Después de esto se redactó el documento definitivo que se presentó en agosto.” Y que dice textualmente: “La anticoncepción hormonal basa su alta efectividad en la inhibición de la ovulación como mecanismo de acción. (...) El claro efecto anovulatorio de los anticonceptivos hormonales combinados –orales, inyectables, parches, anillos vaginales– queda demostrado por el notable efecto bloqueante ejercido sobre la producción hipotalámica de la hormona liberadora de gonadotrofina (Gn-RH). (...) Podemos deducir, entonces, que los anticonceptivos hormonales no alteran las condiciones para una adecuada implantación del óvulo fecundado en el endometrio.”
Junto con la presentación, el documento fue entregado a la viceministra de Salud, Graciela Rosso, en un claro gesto de apoyo político. En ese momento las sociedades científicas que lo suscribieron fueron –además de Saegre, Sagij y Amada– la Sociedad Argentina de Ginecología y Obstetricia de la provincia de Buenos Aires (Sogba); la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer); la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM); la Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente (Sasia); la Asociación Argentina de Ginecología y Obstetricia Psicosomática (Aagop); la Asociación Argentina para el Estudio de Infecciones en Ginecología y Obstetricia (Asaigo); la Asociación Médica Argentina (AMA) y la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (Fasgo). El apoyo de estas dos últimas fue el más importante ya que Fasgo nuclea a buena parte de las demás entidades, y en AMA se reúne la mayoría de los médicos del país que no están necesariamente relacionados con la salud reproductiva. El Consenso había sido enviado “a todas las sociedades científicas nacionales relacionadas con salud reproductiva y anticoncepción” especifica Parra, pero dos muy importantes no adhirieron: la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (Sogiba). El argumento que dio en ese momento la SAP fue que siendo pediatras no estaban en condiciones de opinar sobre el tema, y la respuesta del presidente de Sogiba, Carlos Gori, fue, en cambio, que si bien él apoyaba el Consenso a nivel personal, la entidad no había tenido oportunidad de reunirse para emitir una opinión conjunta. Dentro de ambos organismos, pediatras y ginecólogos armaron el revuelo suficiente como para que unas semanas atrás, a comienzos de octubre, las comisiones directivas de las dos instituciones suscribieran el documento, que ahora cuenta con el apoyo de las trece sociedades científicas más prestigiosas y relevantes del país.