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Por Roxana Sandá

Lucila Yaconis, la adolescente que hace dos años sufrió un ataque sexual y luego fue estrangulada sobre el terraplén de las vías del ferrocarril Mitre, en Núñez, acaso tuvo mucho que ver en la decisión política, cada vez más fortalecida por los pedidos masivos de organizaciones no gubernamentales, de crear una fiscalía de delitos sexuales en el ámbito de la ciudad, donde pese a las 1000 mujeres que reportan ser violadas cada año, las políticas públicas integrales que aborden el problema siguen empecinando el ausente.

A Lucila la violó y asesinó un hombre que continúa en libertad, aun con todas las pericias realizadas ese mismo 21 de abril de 2003 sobre el cuerpo de la chica, sobre el sitio donde ocurrió, y más allá de las marchas en reclamo y las audiencias a los familiares en Casa Rosada y Gobierno de la Ciudad. El crimen permanece impune, como la presunción de que el violador podría seguir atacando luego de otros cinco casos que fueron reportados en la misma zona.

Si nada embarra lo conseguido hasta el momento, la nueva fiscalía temática debería comenzar a funcionar “ya”, estima una de sus impulsoras, la diputada socialista María Elena Barbagelatta, que se niega a hablar de demoras “cuando ya se firmó el convenio entre Gobierno de la Ciudad y la Procuración General de la Nación para que comience a funcionar la fiscalía. Están los recursos, el presupuesto y la medicación necesaria para atender a las víctimas; sólo falta que desde la Subsecretaría de Justicia porteña alquilen o dispongan de un espacio físico para empezar a trabajar”.

Lo que se concentre en esos despachos deberá medir con igual vara la recepción de denuncias, la recolección de pruebas que permitan quitarle el olor a impunidad de aquellos delitos que atentan contra la integridad sexual y la asistencia integral a las víctimas; pasos similares a los que se dieron cuando en 2003 se creó la fiscalía temática en Mar del Plata, “una experiencia desarrollada con gran acierto, ya que en casi dos años de actuación logró pasar de ocho denuncias por mes a recibir cuarenta e incrementó notablemente la cantidad de condenas logradas en los juicios”. El espíritu de atención a las víctimas se planteaba integral y contenedor desde los minutos posteriores a la denuncia: la fiscalía tomaba intervención inmediata; profesionales de índole diversa asistían a la mujer; se administraban antirretrovirales para evitar el contagio del sida y anticoncepción de emergencia. Además de la construcción de un mapa del delito que activara la prevención vecinal y policial. Tanto cúmulo de resultados exitosos chocaron, sin embargo, con el parecer del ex procurador de la provincia de Buenos Aires, el fallecido Eduardo de la Cruz, que decidió disolver la especialidad sin motivo aparente, por “discrecionalidad de la organización”, en tanto principal reconocedor “del excelente trabajo” que había realizado esa fiscalía. Este 8 de marzo, mujeres de diferentes colectivos sociales, agrupaciones políticas y sindicales de Mar del Plata incluyeron en sus marchas el pedido de reapertura de la unidad temática que, sostienen bajo cuerda, “fue disuelta tras una serie de denuncias por abuso sexual en colegios; comenzaron a investigar a fondo y algunos involucrados en los casos se irritaron. La fiscalía había tocado intereses y eso selló su suerte”.

Ese anhelo de mejor fortuna que se deposita en la próxima fiscalía temática de la ciudad y que contará con la coordinación de Eugenio Freixas, actual titular de la Oficina de Asistencia a la Víctima, de la Procuración General de la Nación, se cristalizó sin autobombos y con resultados absolutos en el Departamento Judicial de San Martín, que hace tres años concentra las denuncias de violaciones y abuso sexual en las fiscalías de Marcelo Sendot y Patricia Kaplis. A diferencia de la Unidad Fiscal de Instrucción Temática (UFIT) de Quilmes, creada a partir del caso del sacerdote abusador Héctor Faustino Pared porque en esa oportunidad la Justicia local “descubrió” que este tipo de hechos requería de un abordaje excepcional, las fiscalías de San Martín surgieron “por la repetición de delitos que vulneran la integridad sexual. Eso llevó a la Fiscalía General a tematizar unidades fiscales que centralicen la investigación de este tipo de hechos, por la gran cantidad de denuncias por abuso sexual de menores y por violaciones reiteradas en algunas zonas. Al dejar la investigación al arbitrio de fiscalías dispersas, no se podía contar con un buen seguimiento de los casos y cada unidad aplicaba diferentes procedimientos de investigación, por lo que muchos delitos quedaban impunes”, precisa Sendot.

En el ámbito de ese departamento judicial, las fiscalías temáticas permitieron advertir que entre el 75 y el 80 por ciento de los delitos registrados corresponden a abuso sexual infantil, en tanto que los casos de violaciones (por lo general seriales) ocupan la franja restante.

“Mito: Es imposible saber si lo que dice un chico es cierto. Realidad: Los niños pequeños desconocen por completo los detalles precisos de la sexualidad adulta. Mito: Si fuera cierto se hubiera descubierto enseguida, es imposible ocultarlo. Realidad: Cuando el abuso es intrafamiliar, por lo general demora meses o años en develarse el secreto. Mito: Sólo ocurre entre desconocidos. Realidad: En más de la mitad de los casos el abusador es conocido de la víctima, ya sea familiar, vecino, docente. Mito: Los niños son fantasiosos. Realidad: La fantasía de los niños no invalida los relatos con precisiones sexuales ajenas a su edad. Mito: Los menores provocan a los adultos. Realidad: Los verdaderos responsables son los adultos que involucran a los niños, más allá de cualquier reacción del menor. Mito: Es cosa de pobres y borrachos. Realidad: Los casos de abuso sexual infantil son detectados en todos los niveles sociales.”

El texto corresponde al programa de capacitación sobre delitos sexuales que desarrollaron las UFIT de San Martín en el ámbito policial, en un intento preciso de generar una visión común y ampliar el panorama de las “primeras diligencias” hacia otros terrenos por lo general mal explorados. “Antes prácticamente no se le daba ningún tratamiento serio al tema. Era la denuncia de la criatura, por ahí la veía el médico; históricamente existieron muchos tabúes en todo el país. ‘Los chicos fabulan, andá a saber, lo indujeron’, era el discurso. Se sobreseía al acusado del abuso y nadie investigaba más la causa.” Aun tras su llegada a la fiscalía y al cabo de ocho años en tribunales de menores, Sendot sigue preguntándose quépasa con “esa infinidad de madres desesperadas que fueron abusadas cuando eran chicas y que ahora vienen a denunciar el abuso sobre sus hijos. Ellas mismas van cambiando los parámetros de la realidad. ¿Qué pasaba antes con la sociedad? ¿Miraba para otro lado, lo escondía?”.

Y es quizá porque entiende que la única manera posible de devolver a una persona a su estado original de no víctima es transitando juntos todo el proceso judicial, que la fiscal Patricia Kaplis decidió ponerle el cuerpo a cada caso desde la instrucción hasta el juicio. Un seguimiento que no todos sus colegas comparten, pero a sus ojos la única manera de “encontrar la verdad y de asistir y contener a las victimas”, desde sí y a la par de otras instancias.

“Frente al abuso sexual infantil es necesario un abordaje interdisciplinario. Se trata de hechos cometidos puertas adentro, de abusadores que son parte de la familia o amigos, vecinos, maestros. Existe poca prueba y muchas veces sólo contamos con la declaración del menor, por eso es imprescindible trabajar junto con los equipos de los tribunales de menores, para que los chicos declaren por única vez, atendidos por los médicos y psicólogos de ese fuero.”

Cintia (su nombre es ficticio) comenzó a ser abusada por su padrino Vicente Mario Fedele en 1999, cuando tenía seis años. El abuso se reiteró al menos otras siete veces, hasta junio de 2002, cuando decidió contarle todo a su amiga Marcela. “No quiero volver más a casa porque mi padrino me molesta”, le dijo. Los diez años de Marcela apenas le permitieron relatarlo todo en una carta que le escribió a su propia hermana, quien finalmente habló con la madre de Cintia. La niña no se había animado a abrir la boca “por temor de que papá le pegara al padrino”, por miedo a que nadie en la familia le creyera que cuando tenía seis Fedele, de 60 años, la llevó por primera vez a la pieza donde dormía cuando lo invitaban a quedarse, la abrazó fuerte, la besó y le tocó las piernas y los pechos; que a los siete años la llevó al baño, la paró sobre el bidet, le bajó la bombacha, le besó la vagina, trató de convencerla de que le tocara el pene, le introdujo un dedo en el ano y le apoyó el pene en la cola. En septiembre de 2003, Fedele pasó una semana en la casa de Cintia. “Tres días seguidos me hizo lo mismo”. Hasta que la voz de Cintia sonó en los oídos de Marcela: “Me siento remal y trato de no acordarme de eso, pero estoy mejor porque no voy a ver más a mi padrino y no me va a lastimar más.” La psicóloga Inés Tomasin, que atendió a Cintia e integra el programa Infancia, Adolescencia y Familia, de la Municipalidad de Tres de Febrero, detalló que al principio la niña presentaba “incontinencia nocturna, aislamiento, pesadillas nocturnas, rigidez, miedo y falta de comunicación, pudiendo comenzar a hablar de lo sucedido en 2004, luego de ver a otra niña en el pasillo del consultorio jugando con muñecos sexuados”. Cintia recordaba las manos, boca y genitales del agresor en su cuerpo, y refería las sensaciones que le provocaban los tocamientos en lugar de transmitir imágenes. Su vida comenzó a delatar regresiones en la escuela y en el entorno familiar, y una permanente sensación de asco que demostraba refregándose las manos constantemente. El 14 de marzo de este año, la Justicia condenó a Fedele a doce años de prisión por abuso sexual doblemente agravado. Cintia continúa bajo tratamiento psicológico.

“Pero es difícil lograr un equilibrio tratando de no revictimizar –advierte Kaplis–, de proteger a la víctima, de investigar el hecho en busca del autor y de obtener la sanción penal.” Una niña o niño abusado debe someterse, al igual que una mujer violada, “a las diligencias de rigor”: secuestros de prendas y materiales, declaración de la víctima ante el tribunal de Menores, pericias médicas y psicológicas, recolección de muestras. “Hoy, el paso más importante para evitar la revictimización es haber logrado a partir de estas fiscalías que el chico sólo declare en el tribunal de Menores amparado por peritos psicólogos, y no como antes que lo hacían pasar primero por la comisaría, después por la fiscalía y por último iba al fuero de Menores”.

Si por “Bárbara” Díaz fuera, borraría de su cabeza la madrugada de octubre de 2004 en que fue violada por un hombre que la llevó hasta las vías del ex ferrocarril Sarmiento, a una cuadra de Nazca y Rivadavia, donde esperaba el colectivo 86. La chica de 22 años forcejeó, le clavó los dientes en la lengua, lo lastimó, huyó desesperada, fue al primer lugar que se cruzó por su mente, la comisaría 50ª. La llevaron al Hospital Piñero a las 8 de la mañana y salió de allí a las tres de la tarde. En estos siete meses aún no logra olvidar aquellas siete horas de hospital rodeada de gente, desnuda a requerimiento, soportando lo que su recuerdo le trae como las “variaciones” de una misma violación.

“Estás a horas apenas de lo que te pasó y lo único que querés es no contarlo. Venís de sufrir una violación y encima tenés caras desconocidas alrededor: policías, médicos, personas que te preguntan ochenta veces lo mismo de mil formas diferentes. Si ellos saben cuando tienen enfrente a alguien que les dice la verdad; es guardar un poco de sentido común, de delicadeza. No creo que haya una sola mujer que no haya vivido mal todo lo que viene después de la denuncia policial.”

Sin embargo, resulta complicado evitarles a las víctimas el sabor degradante que les imprimen las prácticas forenses sobre sus cuerpos. Y sobre este punto las disposiciones valen para todo el país: el/la médico/a forense “recorre” cada centímetro de esa anatomía violada/abusada para hallar los rastros físicos de la agresión, practica tres hisopados de muestra vaginal, revisa debajo de las uñas, explora hematomas, despoja de las prendas íntimas. “Es todo tan raro, porque más allá de que en el Piñero me trataron muy bien, de todos modos sentí que me estaban agrediendo cuando me hacían los hisopados o me revisaban sobre una camilla, con dos policías al lado tomándome la declaración. Dijeron que se trasladaban con la máquina de escribir al hospital para que yo no tuviera que ir a la comisaría de nuevo, pero a mí me jodió igual. En un momento los miré a todos y pensé ‘loco, ya tuve suficiente, déjenme ir a casa’”.

Si bien en los despachos de las fiscalías temáticas de San Martín la mayoría de los procedimientos no se plantean en términos literales de género, las instrucciones de los casos tienden a una apertura que desde la propia fiscalía de Cámara consideraron necesaria. “Se implementó que en cada comisaría haya personal femenino para recibir la denuncia, porque por lo general lo último que desea una mujer atacada es que un hombre le tome declaración –explica Kaplis–. Por otra parte, dentro del ministerio público fiscal contamos con el Centro de Atención a la Víctima integrado por psicólogos, asistentes sociales y abogados, que a su vez mantiene un sistema de red con entidades públicas y puede derivar a las víctimas a hospitales o centros cercanos a sus domicilios para continuar con los tratamientos.”

El sayo que le cabe a la ciudad de Buenos Aires indicaría que, si todo sigue por el andarivel que debe y la burocracia no mete la cola, lacreación de una fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual debería estar recibiendo sus primeras denuncias, cuanto mucho, a partir del mes próximo. Barbagelatta, autora del proyecto de ley que promueve la creación de esta fiscalía, espera. “Están los medicamentos --dice Barbagelata--, los recursos y la gente: si quieren, pueden hacerla funcionar ya”.

El dilema entre la atención y la prueba

Desde noviembre de 2002, los hospitales Alvarez y Muñiz instrumentan los “Lineamientos de Acción para Víctimas de Violación”, como parte del primer programa de atención médica y psicológica para víctimas de ataques sexuales. El protocolo establece procedimientos de atención inmediata, incluyendo la anticoncepción de emergencia y profilaxis postexposición para ETS y VIH, también requiere servicios de seguimiento que en la actualidad son obligatorios para todos los hospitales públicos de la ciudad. Sin embargo, para los judiciales argentinos aún no es posible una “optimización de la recolección de pruebas” alternativa a las llamadas “medidas estándares”, que en algunos casos Kaplis vuelve a reconocer como una revictimización inevitable. “Es que hay hechos en los que necesariamente hay que exponer a la revisación médica, ginecológica y al relato; no puede evitarse porque es un medio de obtención de pruebas. Necesitamos de entrada que la víctima cuente, una mínima descripción del autor, saber qué pasó, ir con la mujer atacada al lugar donde ocurrió la violación, y si no se le obtienen los hisopados para ver si hay restos de semen en su cuerpo no podemos avanzar en la investigación. Pero se denuncia y se revisa una sola vez.”