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Viernes, 18 de enero de 2008

VIOLENCIAS

El daño de la reacción silenciosa

Hace unos días, en un depósito de Santa Fe aparecieron cientos de miles de preservativos y anticonceptivos: todos estaban vencidos y habían sido comprados por el Estado para ser distribuidos gratuitamente, como parte del programa de salud reproductiva.

 Por Sonia Tessa

Es difícil digerir la cifra. Saber que cada uno de los 680 mil preservativos y los miles de anticonceptivos vencidos significa un embarazo que no se evitó, o el contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, eso fue lo que se encontró en el laboratorio oficial de la provincia de Santa Fe. El hallazgo confirmó las sospechas que había expresado el ministro de Salud provincial, Miguel Angel Cappiello en una entrevista con Las 12, antes de asumir: “Con los anteriores gobiernos provinciales tuvimos que recurrir a la Nación para que repartan los insumos del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, porque los dispositivos intrauterinos quedaban abandonados en un depósito. Y no sé cuántos anticonceptivos nos encontraremos arrumbados en un galpón”.

La provincia quedó en manos del socialista Hermes Binner el 10 de diciembre pasado, cuando se quebró una tradición de 24 años de gobiernos peronistas. Desde 1991 se turnaron Carlos Reutemann y Jorge Obeid en la cúspide, con políticas de salud disímiles, pero un punto en común: los avances en salud sexual y reproductiva fueron a regañadiente, arrancados por la sociedad civil y el empuje de las políticas nacionales.

El tema de los anticonceptivos vencidos no es nuevo. En 2003, el mismo Cappiello (entonces secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario) denunció que miles de dispositivos intrauterinos estaban abandonados en un galpón en lugar de repartirse, como fijaba el Programa Nacional. El ministro era Fernando Bondesío, el mismo que firmó una circular que obliga a los médicos a denunciar a las mujeres que llegan a los hospitales públicos con complicaciones de abortos clandestinos. Si bien es letra muerta, porque los profesionales no la aplican, la norma dio el tono de una gestión.

La única excepción en esta continuidad fueron los dos años en que Juan Héctor Sylvestre Begnis fue ministro, a tono con las políticas de Ginés González García. El resto del tiempo, los gobernadores justicialistas priorizaron su relación con la Iglesia. Ni la entrega de anticonceptivos ni la difusión de los derechos sexuales y reproductivos, y tampoco la educación sexual estuvieron en la agenda.

La última ministra de Salud, Silvia Simoncini, volvió a la línea. Luego, asumió en la Nación como subsecretaria de Prevención y Control de Riesgos del Ministerio de Salud. Y si bien no tiene a su cargo el programa de Salud Sexual y Reproductiva, su designación es llamativa. Simoncini fue la única ministra de Salud provincial que en 2006 se negó a convalidar lo actuado por los médicos en los casos de aborto legales de dos jóvenes discapacitadas que habían sido violadas, en Mendoza y Guernica.

La dimensión de 680 mil preservativos vencidos es más nítida si se analiza que en 2006 nacieron 354 niños de mamás menores de 14 años en la provincia, y 8890 con madres de entre 15 y 19 años. “Creo que la política de salud estuvo ausente durante muchos años”, afirmó Cappiello.

Ahora, el ministro prometió iniciar una política de Estado en el área, en una provincia en la que conviven realidades disímiles. En los departamentos del norte, con altos índices de pobreza, no es inusual que los centros de salud ostenten un afiche que dice “no hay anticonceptivos hasta nuevo aviso”.

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