Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito reclamamos desde hace años: “Ni una muerta más por aborto clandestino”. La semana pasada llegó a los medios la información de dos muertes absolutamente evitables por aborto séptico en el Hospital Provincial de Rosario. Una mujer pobre, tras otra mujer pobre.

Nadie muere a consecuencia de un aborto en los países donde esta práctica es legal. Y en los estados que no es legal sólo mueren las mujeres pobres, que no acceden al aceitado circuito clandestino privado de los abortos seguros y caros. ¿Hasta cuándo la sociedad y los poderes que nos gobiernan seguirán sin querer responsabilizarse de solucionar esta discriminación de clase y género con una ley de despenalización y legalización del aborto?

Basta de ceder a las presiones oscurantistas de la Iglesia Católica y basta de argumentar que hay crisis más importantes a resolver. Ya no pueden seguir muriendo mujeres por las injustas leyes que bajo la vigencia aparente de los derechos humanos restringen o conculcan sus derechos a la vida, a la salud y a su libertad para decidir como si fueran objetos de su propiedad y paridoras sin opciones.

Verónica, hermana de Carina, muerta en el Hospital Centenario, dijo en una entrevista: “Cuando a una le dicen que espera un hijo, a veces se quiere matar”. En esa frase, que debieran escuchar, sobre todo los médicos y médicas, está resumida la desesperación que lleva a muchas mujeres a la muerte por aborto.

Por eso, ante un embarazo no deseado las mujeres debemos tener el derecho a decidir su interrupción y disponer de los medios más avanzados para ello. La maternidad es un derecho y no una obligación. Apoyamos la declaración de Mujeres Autoconvocadas Rosario (MAR) del 26 de febrero y reclamamos la investigación inmediata por parte del Ministerio de Salud Provincial y del Poder Judicial acerca de la mala praxis de los profesionales que días antes de su muerte, en el Hospital Centenario, le recetaron a Carina un calmante y la enviaron a su casa sin examinarla como correspondía.

Exigimos que el Ministerio de Salud de la Nación, además de investigar estos hechos, reafirme en todo el territorio nacional el cumplimiento de la “Guía para el mejoramiento de la atención post-aborto”, de agosto de 2005, que deberían conocer y aplicar todos los profesionales de la salud del país.

También reclamamos que se cumpla con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y se garantice el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos. Y el tratamiento en el Congreso de la Nación del proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto presentado por nuestra Campaña, firmado por 22 diputados/as, y que cuenta con estado parlamentario. Exigimos que el Estado Argentino no sea cómplice de las muertes de mujeres jóvenes y pobres que ocurren por la clandestinidad del aborto y que se cumpla con la ley de Educación Sexual Integral.