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Cuáles son las marcas que se incrustan en la mente de una beba de un año al ver morir a su madre asesinada por el hombre que horas después la acunará en brazos; cuántas impresiones permanecerán por años entre sus manos si, como dijeron en un primer momento, se abrazaba a ese cuerpo sin vida que había sido su refugio. No hay respuesta posible, salvo los indicios que señalan cada ataque de llanto compulsivo, o los abrazos desmedidos a las polleras de la abuela, quien ni siquiera logra comprender que el homicida de su hija, Adriana Zambrano, sólo fue condenado a cinco años de cárcel. La sentencia de la Sala III de la Cámara Penal de Jujuy contra José Manuel Zerda a principios de este mes “demolió la entereza que nos quedaba. Nunca pensamos que la Justicia iba a ser tan indulgente frente a un crimen aberrante”, dice Miriam, una de las hermanas de Adriana, la joven asesinada en Palpalá el 13 de julio de 2008.

Ese día, Zerda pasó a buscar a su ex mujer y a la niña por el domicilio de los padres de Adriana para caminar juntos hacia su casa, a unas diez cuadras de distancia. Algunos testigos presenciaron una discusión que se prolongó a los gritos dentro de la vivienda, donde finalmente la mujer apareció muerta.

“Es como si le hubiera pasado un camión por encima” a ese cuerpo delgado que describe Miriam morado por las trompadas, las patadas y los golpes con un objeto de albañilería. “Muchas de estas cosas no se dijeron. Si hasta tenía quemaduras de cigarrillos. Pero el juicio se realizó en tiempo record, sólo fueron tres audiencias entre el 16 de abril y el 7 de este mes, y la única certeza aparente para condenar a Zerda resultó el golpe en la cabeza que mató a mi hermana.”

La primera señal que inquietó a los Zambrano fue la actuación del médico forense del Poder Judicial, Guillermo Robles Avalos, que si bien declaró que Adriana presentaba “rasgos de violencia en su cuerpo”, dijo no poder precisar la forma en que sufrió el castigo físico, aun cuando el protocolo de la autopsia demostró que presentaba hematomas provocadas por otra persona en la cabeza y el cuello.

Cuando llegó el turno de los testigos, ninguno, a excepción de los padres de Adriana, tenía conocimiento de que Zerda la maltratara. “Tuvimos que ir a buscar a dos amigas de ella para que se presentaran a testimoniar, porque hasta último momento no aparecieron. Y muchos vecinos de él, incluso uno que vivía al lado de la casa, dijeron que nunca escucharon nada y sólo sabían por comentarios que a veces discutían. Todos miraron para otro lado”, lamenta Miriam.

Para los Zambrano, la cadena de irregularidades cerró el círculo cuando las pericias psicológicas realizadas a Zerda no hallaron indicios de estar frente a un golpeador, y por consecuencia obvia, cuando el tribunal presidido por el juez Mario Ramón Puig dictó lo que consideran “una pena mínima y vergonzosa”, de cinco años.

“Por supuesto, apelamos el fallo porque no queremos permitir que la muerte de Adriana quede impune”, advierte Miriam aunque sepa que la pelea, ahora, viene por la niña.

El 8 de mayo, tras la lectura de la condena, Zerda manifestó que a partir de entonces sólo esperaba cumplir con los cinco años de prisión para recuperar a su hija. Días atrás, su familia inició acciones legales para obtener la tenencia de la pequeña, que hoy vive con la abuela materna.

“Para nosotros es inconcebible que la chiquita esté con ellos o que en unos años conviva con el hombre que asesinó a su mamá, por más que sea su padre –explica Miriam–. Significa una injusticia tremenda y una aberración. Vamos a presentar todos los recursos legales a nuestro alcance para impedirlo.”

La situación es similar a la que en la actualidad atraviesan los hijos de 4 y 6 años de Rosana Galiano, la mujer asesinada el 16 de enero de 2008. Desde la detención del viudo, José Arce, y su madre, Elsa Aguilar, acusados de ser los instigadores del crimen, los niños permanecen con unos primos de Arce, y los padres de Rosana no pudieron volver a tener contacto con sus nietos.

Sobre este caso, Roberto Babington, abogado de los Galiano, manifestó que “esos chicos tienen a la madre muerta y al padre preso, acusado de matarla. El daño psíquico que les están provocando no se arregla jamás. Y encima los desarraigan de los lazos familiares”. Los Zambrano temen que les ocurra lo mismo.

El 25 de noviembre último, en el marco del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, la Casa de la Mujer María Conti y la Multisectorial de la Mujer de Jujuy reclamaron la declaración de una situación de emergencia en esa provincia por los altos índices de femicidios y delitos contra la integridad sexual, que incluya modificaciones para acelerar los procedimientos judiciales, la creación de una fiscalía especializada y políticas activas de prevención. Los casos emblemáticos de Romina Tejerina en San Pedro y Rita Soruco en Maimará desnudan el estado de profunda discriminación de género que se vive en la región. Frases como “las violaciones vinieron con los españoles”, suelen ser los argumentos de algunos funcionarios judiciales del norte argentino para justificar la barbarie de género.

Entre las muchas formas de violencia que José Manuel Zerda derramó sobre Adriana desde que se conocieron, los golpes, “los mechoneos” que describió el padre de la joven en el juicio y las persecuciones sistemáticas encierran los recuerdos más inmediatos de esa relación. Se hace difícil, entonces, creer que el asesino de Adriana fuera presa de una “emoción violenta por razones desconocidas”, tal como concluyó el tribunal jujeño. Y una vez más asoma la certeza de que el hilo de la opresión y violencia contra las mujeres se fortalece. Desde los medios empecinados en definir el femicidio como “drama pasional”, y desde una Justicia con concepciones fuertemente machistas, que todavía aduce “emoción violenta” para rebajar los crímenes contra las mujeres.