En menos de 48 horas en la Ciudad de Buenos Aires asistimos a dos tragedias: la muerte de Wanda Taddei y el espantoso femicidio y luego suicido del agresor de Recoleta (Daniel A, que degolló a su ex esposa). Es notorio cómo los medios de comunicación convencionales se refieren a estos casos como “crímenes o dramas pasionales”. En el tratamiento de las noticias pareciera que la violencia contra las mujeres quedara relegada al ámbito de la esfera privada. Sin embargo, la violencia ejercida contra las mujeres es un problema político y merece la intervención del Estado y de la sociedad en su conjunto.

Sólo desnaturalizando la violencia hacia las mujeres –una manifestación cruda de las desiguales relaciones de poder existentes entre géneros– podremos empezar a pensar en la igualdad de derechos. La muerte de estas dos mujeres, muy jóvenes, vuelve a engrosar la larga lista de asesinadas por su condición de género.

Durante el 2009 doscientas treinta y una mujeres fueron asesinadas por miembros de sus círculos íntimos: parejas, ex parejas, padres, etc., según el informe de la ONG La Casa del Encuentro. En estos casos se presupone que existían signos de violencia masculina –señalados por el entorno de las parejas– pero nadie hizo nada. El asesinato es la máxima expresión de esa violencia que se genera en diferentes ámbitos: en los medios de comunicación, en la Justicia, en la salud, en la educación y en todas las instituciones y que afecta a todas las mujeres. Al naturalizar el estado de cosas que genera la violencia, se cede el terreno a los peores enemigos posibles: el silencio y la sumisión. Esos enemigos generan más miedo y detienen nuestro accionar.

Ahora, con la ley 26.485 (de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres) se amplían nuestros derechos al definir los distintos tipos y las distintas modalidades de violencia que sufrimos las mujeres día a día, ya que contempla la creación de servicios de asistencia en todas las jurisdicciones, capacitación permanente a funcionarios/as públicos/as en el ámbito de la Justicia y las fuerzas policiales, la creación de un observatorio de la violencia contra las mujeres, la implementación de una línea de teléfono gratuita para contención y asesoramiento de las víctimas, un registro de ONG especializadas en la materia, campañas de sensibilización y concientización, políticas de reinserción laboral para las víctimas de violencia, la incorporación de la temática en la educación, el establecimiento de protocolos de detección precoz y atención a las víctimas. En otras palabras: plantea la necesaria intervención del Estado a fin de garantizar el cumplimiento de nuestros derechos. Pero la Argentina es un país de paradojas. Una de ellas tiene que ver con que la ley se sancionó con mayoría en diputados y unanimidad en senadores, pero se ve detenida hoy por falta de reglamentación e implementación, responsabilidad que le compete al Consejo Nacional de la Mujer, que es el órgano de aplicación de la norma.

Las estructuras machistas se resisten firmemente a que se altere el statu quo. Y, lamentablemente, mientras no haya voluntad del Poder Ejecutivo para reglamentar e implementar la ley, estos casos seguirán sucediéndose. ¿Cuántas mujeres más deben morir por violencia machista para que, de una vez por todas, se incorpore a la agenda estatal esta problemática como prioritaria?