El viernes 4 de junio se realizó el Parlamento por el Derecho al Aborto legal y seguro impulsado por el Colectivo de Mujeres Juana Azurduy, Diversidad & Género Proyecto Sur, Conurbanas, Enredadas por el Derecho a Decidir, Lesbianas y feministas por la descriminalización del Aborto, ATE Congreso Junta Interna y UTE.

El médico y senador uruguayo Luis José Gallo Imperiale (del Frente Amplio) adelantó que se va a volver a presentar un proyecto de despenalización del aborto (que hace dos años había aprobado el congreso uruguayo pero que fue vetado por el ex presidente Tabaré Vázquez) y que esta vez confían en su promulgación, ya que el actual presidente José “Pepe” Mujica ya se manifestó a favor de esta norma.

“Es imperativo legislar en esa materia, por razones de salud poblacional y de políticas sanitarias, porque la legislación que criminaliza el aborto y no lo elimina de la práctica social genera profundos daños a las mujeres que deben enfrentar dicha intervención en condición de clandestinidad, ya que el aborto clandestino es una de las primeras causas de muerte en las mujeres embarazadas en el mundo, además de ser causa de mortalidad como consecuencia del procedimiento inseguro”, declaró durante el encuentro Gallo Imperiale.

La posibilidad de esta noticia sería muy importante no sólo en Uruguay, sino en toda Latinoamérica, ya que en Argentina el índice de mortalidad materna es una de las grandes materias pendientes con la salud de las mujeres y la principal causa es el aborto clandestino. Además, en el Congreso nacional se está discutiendo cómo regular el aborto no punible y, por otra parte, la despenalización del aborto.

En Brasil, mientras tanto, la decisión de implementar hospitales amigables que realizan abortos a mujeres violadas trajo una reacción conservadora, según relató María Lucia da Silveira, doctora en Ciencias Sociales e integrante de la organización feminista Sempreviva y de la Marcha de Mujeres. Ella subrayó que “en Brasil estamos viviendo un proceso de construcción de alianzas entre diferentes organizaciones sociales y políticas que debemos fortalecernos contra una derecha y una iglesia muy fuertes que están en contra del aborto”.

La embestida contra las mujeres ya tiene efectos concretos. “Están judicializando a las mujeres que se realizan abortos clandestinos. Hay cien mujeres procesadas y veintitrés que están condenadas en un régimen semiabierto de castigo penal. Esta es una embestida muy fuerte de los sectores conservadores”, denunció Da Silveira.

Ella también difundió cifras de una encuesta oficial encargada por el Ministerio de Salud del gobierno de Lula da Silva, según la cual una de cada siete brasileñas —de 18 a 39 años— se realizó un aborto alguna vez en su vida. Entre las mujeres que abortaron en Brasil, el 48 por ciento usó un medicamento para interrumpir el embarazo, el 55 por ciento terminó hospitalizada por algún tipo de lesión o hemorragia, lo que demuestra las consecuencias de la clandestinidad sobre el cuerpo de las mujeres por una intervención que cuando es legal y segura prácticamente no tiene efectos colaterales.

Pero, además, si bien los grupos religiosos se manifiestan en contra del aborto, ocho de cada diez mujeres que abortaron son religiosas (católicas, evangélicas o protestantes) pero igualmente decidieron interrumpir un embarazo no planeado.