La cuestión urbana interrogada es un libro que reúne artículos de jóvenes investigadoras e investigadores que giran en torno a las estrategias de acceso al hábitat, la inclusión social, y la construcción de nuevos derechos para vivir, habitar y existir en la ciudad. Los artículos –que fueron compilados por las sociólogas Hilda Herzer, Mercedes Di Virgilio, Gabriela Merlinsky y María Carla Rodríguez– ponen en debate cómo se definen políticamente los criterios de accesibilidad a la ciudad y dan cuenta del modo en que se construye una representación visual de la misma. En ese sentido, las sociólogas Hilda Herzer y Mercedes Di Virgilio aportaron a Las12 sus puntos de vista sobre las representaciones del espacio urbano, las políticas públicas, la acción del Estado y los modos en que las mujeres de sectores populares participan en la construcción de casas y barrios, temas que aparecen en el centro de la escena de estas investigaciones. “Cartoneros, cartoneras, personas sin techo, movimientos de mujeres, organizaciones ambientales y cooperativas de viviendas ponen en discusión los discursos oficiales acerca de quiénes pueden ocupar el espacio público”, sostienen.

H. H.: –Las ciudades latinoamericanas, y en eso Buenos Aires no es una excepción, han sido construidas a partir de un modelo de integración subordinada a las economías del mundo desarrollado. En cada período de crecimiento, la atracción de mano de obra desde áreas rurales u otras regiones, no ha significado la integración de esos grupos a la vida urbana con una ciudadanía plena. En ese marco, el gran déficit en materia de derechos sociales es el derecho a la vivienda, que es mucho más que eso, porque la vivienda implica el derecho a las infraestructuras, los equipamientos, el agua potable, el saneamiento, y sobre todo, el derecho a un hábitat integral que posibilita acceder a una ciudadanía plena en la ciudad.

H. H.: –Sin duda, el derecho a la vivienda, que está consagrado en la Constitución de la ciudad de Buenos Aires y que es reconocido como derecho social en otras ciudades de América latina y del mundo, forma parte de ese piso mínimo que permitiría atacar las causas estructurales del descontento.

H. H.: –El poder simbólico de lo público tiene que ver con la forma en que, en cada sociedad se define el contrato social y se establecen los asuntos que son materia de intervención del Estado y de responsabilidad colectiva. Traducido al espacio urbano esto se expresa claramente en las formas de vivir, transitar, y habitar la ciudad, en términos de acceder a las centralidades y los beneficios de la vida urbana. Si existen barreras, divisiones, límites entre la ciudad formal e informal en la provisión de servicios o en las condiciones de movilidad, el espacio público deviene en un ámbito de fragmentación, de separación. Eso no tiene solamente consecuencias para los que viven la experiencia de la vulnerabilidad y la precariedad, influye en ese contrato social y genera un grado importante de debilitamiento de las relaciones sociales.

M. D. V.: –Las intervenciones estatales tienen una importante capacidad de modelar la vida cotidiana de las familias y el territorio definiendo estructuras de oportunidad que permiten dar respuesta (o no) a los requerimientos de su vida cotidiana. Hemos podido apreciar que las intervenciones públicas tienen capacidad de calificar (o no) el territorio definiendo de ese modo diferencias en el acceso a dichas estructuras de oportunidad asociadas al valor de uso complejo de la ciudad. Esta cuestión resulta ser una cuestión central entre las familias que habitan en las diferentes formas que asume el hábitat popular en el Area Metropolitana de Buenos Aires.

M. D. V.: –Los intereses prácticos de género se formulan a partir de las condiciones materiales concretas en las que vivimos las mujeres, como consecuencia de nuestra ubicación dentro de la división genérica del trabajo. La vida urbana tiene una enorme complejidad para el trabajo de las mujeres y acarrea enormes sobrecargas para las mujeres más pobres en materia de traslados, obtención de recursos, acceso a las políticas públicas, y diversas actividades relacionadas con la reproducción de la vida cotidiana de la familia. Con frecuencia las mujeres se ven impulsadas hacia el ámbito local, comunitario y organizacional porque es la única manera de poder responder satisfactoriamente a esos intereses prácticos de género. Lo que en nuestras investigaciones hemos podido ver, es que esa práctica finalmente deviene política cuando implica una redefinición del ámbito de acción como espacio colectivo. Y allí aparecen unas cuantas diferencias en lo que refiere a la representación y la práctica de lo colectivo entre las mujeres. Es posible ver que hay una redefinición y reconstrucción permanente del lugar de trabajo como lugar de encuentro con los otros y como espacio de construcción de lo político. Lo que se puede ver es que las mujeres construyen la ciudad de una manera en la que habitar –cohabitar– implica hacer esa ciudad más accesible y más vivible a una escala familiar, social y comunitaria.

M. D. V.: –Históricamente las mujeres hemos tenido un papel muy importante en las cuestiones que giran en torno al acceso y a las mejoras del hábitat. Nuestra participación se ha dado en todos los niveles. Las mujeres “levantan paredes” y construyen barrios. Se involucran en la construcción de sus viviendas, en la gestión de servicios e infraestructuras para los barrios, en la organización de comedores para niños y niñas que habitan las diversas formas que asume el hábitat popular en la ciudad. Son dirigentes de los colectivos que muchas veces ellas mismas organizan. De hecho, las mujeres constituimos la densidad social mayoritaria en los movimientos y las organizaciones desarrollados en torno al hábitat.

M. D. V.: –En 1991, Hilda (Herzer) escribió junto con María del Carmen Feijoó un libro pionero en el análisis de las relaciones entre hábitat y género. Allí se mostraba ya hace veinte años que las mujeres desarrollan diferentes trayectorias de participación, construyen liderazgos, impulsan el surgimiento de organizaciones populares y, al mismo tiempo, se constituyen como sujeto social significativo en el marco de proceso de producción y gestión del hábitat popular. Se involucran en los procesos de producción del hábitat y en las diferentes estrategias para satisfacer sus necesidades prácticas de género estableciendo vínculos entre el mundo privado y la esfera pública.

M. D. V.: –En contextos de crisis, esos sentidos parecen asociarse fuertemente a la búsqueda de satisfacción de necesidades básicas, en particular, las necesidades habitacionales. Con el correr del tiempo, las mujeres asocian a sus experiencias de participación otros sentidos. Para algunas mujeres, fundamentalmente entre aquellas que participan en las cooperativas de más larga data, la participación tiene además –en una versión amplia del concepto– un sentido político, en la medida en que se enmarca en un contexto de acción más amplio orientado a producir algunas transformaciones sociales. Ambos sentidos pueden asociarse al desarrollo de algún tipo de acción social. Sin dudas, participar en organizaciones abre una “ventana de oportunidad” para el desarrollo personal, para el aprendizaje, para el replanteo de los roles de género, de los vínculos familiares y de su lugar en el entorno doméstico. Vale ser enfático al señalar que estos procesos no necesariamente producen modificaciones o replanteos de la condición de género y, más bien pueden leerse como facilitadores, ventanas que habilitan búsquedas personales y colectivas en un espacio de participación en el cual se sienten diferentes, pelean por adquirir reconocimiento y visibilidad, construyen cotidianamente el esfuerzo colectivo y exploran la potencialidad de nuevas identidades.