Hace cinco días ya que Romina está en su casa. Al menos en la primera jornada de su libertad, el domingo, cuando cumplió 29 años, quería esfumarse. Los abrazos rápidos, apretados, con las mujeres de organizaciones sociales que fueron a esperarla en la vereda del penal de Alto Comedero apenas supieron que el juez de la causa, Antonio Llermanos, le había concedido la libertad condicional tras nueve años de cárcel, fueron la puerta abierta a un llanto que no la suelta. Su abogado, Héctor Soria, dijo que en estos días atravesó algunas crisis nerviosas por el acoso de los medios y por las agresiones verbales de un vecindario disparado hacia un odio irracional. “Si hasta me dijo que quería volver a la cárcel, que allá iba a estar más tranquila”, lamentó Soria. Su madre, Elvira Baños, se pregunta si las paredes de esa casa en el barrio Roberto Sánchez, de San Pedro, en Jujuy, acompañarán el proceso que Romina debe transitar de ahora en más. Hace unos años, la joven había dicho que “si en mí estuviera, no volvería a esa casa”, porque sentía que las tragedias impregnan de por vida. El sostén de Erica, la hermana que la ayudó a ocultar el embarazo causado por su violador, Eduardo Vargas, con vínculos y parentescos en la comisaría local, finalmente absuelto, y la lucha de su otra hermana, Mirta, en estudios jurídicos, fiscalías, juzgados y organismos de derechos humanos, le obsequiaron un anhelo de constancia que tradujo en la cursada de una carrera universitaria, en la “buena conducta” y en “los informes positivos” a los que se refirió Llermanos. Horas antes de su condena, el 10 de junio de 2005, en una extensa entrevista con Marta Dillon para este diario, Romina describió el encierro del 23 de febrero de 2003 en el baño de su casa. Allí parió, “sin ayuda, una beba que no quería y que actualizaba la violación de la que había sido víctima, ocho meses atrás, dentro del auto de su vecino, un hombre 20 años mayor. ‘Ahí mismo, en el baño, se me cruzó la imagen de él. El me tenía como encerrada, porque cada vez que salía, lo veía y se me reía, me burlaba. Yo ya no era la misma, si siempre fui de hablar mucho y en ese tiempo estaba muda, me quería morir’”. Las pericias dicen que fueron 26 puñaladas, pero ella no recordaría nada hasta que escuchó cómo la insultaban en el hospital al que la llevaron sus hermanas junto con el cuerpo de la recién nacida. “Lo único que dije ahí mismo es que me habían violado, pero nadie quería escuchar eso, querían que declarara lo otro.” Lo que no se nombra porque desparrama tinte oscuro antes que solución al conflicto tiene que ver con la impotencia y la incapacidad de hacer lo que le preguntó la periodista entonces: “¿Por qué nunca pediste ayuda?”. “Se me juntaban las amenazas del violador con las de mi viejito, que siempre me decía que era una puta, que si llegaba embarazada le iba a dar un infarto. Porque ellos son así, chapados a la antigua. Yo no tenía confianza ni con la mami ni con el papi. Si algo quisiera cambiar es eso, tener confianza para poder hablar con ellos en vez de andar siempre con miedo.” Hoy, la trama familiar vuelve a tejerse con palabras no dichas antes por miedo o por dolor, y que ahora se hacen imperiosas para fortalecer el entorno y los afectos que ayuden a Romina a reconstruirse. Ella “goza” (cuesta implementar ciertos términos jurídicos) del beneficio de la libertad con condicionamientos por la condena que sigue cumpliendo. Debe avisar si viaja y continúa con un tratamiento psicológico y de readaptación.

Al cabo, en su caso, si bien con atenuantes, nunca se tuvo en cuenta la historia de violencia personal ni la violación que precedió al infanticidio. Al tiempo, la vida también da chances para remendar los sacos rotos. Una comisión encabezada por el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y el ex ministro de Justicia bonaerense León Arslanian analiza la reforma integral del Código Penal. En ese debate se incluiría el análisis de la figura del infanticidio tal como se la concebía antes de su modificación, en 1994, y que preveía una pena reducida para la mujer que matase a su bebé durante el puerperio como consecuencia de alteraciones psicológicas o psíquicas. Desde entonces se lo considera homicidio agravado por el vínculo, con pena de prisión perpetua.