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Viernes, 3 de enero de 2014

VIOLENCIAS

Justicia poco corriente

En Corrientes, detuvieron durante 13 años a una mujer que supuestamente había matado a su hijo al nacer, después de un parto asistido por su madre. La sentencia, de junio de 2000, la condenó a cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo. En abril de 2013 se descubrió que el bebé había nacido muerto. Una muestra más del sexismo en la Justicia.

 Por Luciana Peker

“Se hizo justicia tarde, pero se hizo”, dice ella con un tono optimista que reniega del pasado porque siente que es revolver el dolor con el que convivió más de una década. “Siempre pensé que iba a salir a la luz toda la verdad”, remarca. Y enfatiza que prefiere tragarse las palabras sobre su historia. Sufrió mucho y su familia también. No quiere hablar más –y así lo pide y hace valer su deseo– sobre el sufrimiento. Se enfoca en recuperar el tacto, la mirada, la cercanía convertida en la alegría del abrazo con sus cuatro hijos de 16, 21, 22 y 23 años.

A ella la llamaremos por sus iniciales –MCV– para respetar su identidad y porque quiere iniciar una nueva vida sin la estigmatización que da el paso por prisión. MCV cumplió, el 24 de diciembre, 43 años en una Navidad especial no sólo por redoblarse con un nuevo aniversario, sino porque realmente se trata de un renacimiento. Fue la primera vez que pasó las fiestas con sus hijos y su nieto –de cinco años– después de catorce sin compartir la mesa. “Ahora puedo alzar y abrazar a mi nieto, que es lo que no pude hacer con mis hijos”, festeja, mientras intenta enterrar las huellas de las pérdidas.

Estuvo presa, acusada de matar a su bebé en 1999, en un parto en su casa, sin más ayuda que la de su mamá y otra mujer, cuando tenía 28 años y era madre soltera de otros cuatro hijos que tenían, en ese momento, 3, 5, 7 y 9 años. En ese momento era analfabeta y vivía en una situación de enorme vulnerabilidad, en Mercedes, Corrientes. Su quinto hijo nació muerto. Ella fue al hospital con una fuerte hemorragia, contó sobre el fallecimiento, pero no le indicaron llamar a la policía, le dieron un calmante y la mandaron a su casa. Cuando llegó, vistió al bebé con la ropita que le tenía preparada, lo puso en una cajita de cartón y lo enterró en el gallinero, porque era el único lugar adonde no iban los perros. Un vecino –que había intentado propasarse con ella– la vio en el momento del duelo y la denunció el 18 de agosto de 1999.

La Justicia no le permitió que presentara testigos y otras herramientas de defensa ni le concedió la prisión domiciliaria para que pudiera estar cerca de sus hijos pequeños.

La defensa pidió su absolución y la fiscalía sostuvo que no había elementos para una condena. Sin embargo, el 28 de junio de 2000 la Cámara en lo Criminal de Paso de los Libres la sentenció a cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo, en el Instituto Pelletier, de Corrientes Capital, tan alejada de sus hijos que durante cuatro años no pudieron ir a verla por falta de plata para el transporte. En la cárcel terminó la primaria y la secundaria, pero le negaron el permiso para estudiar criminalística. Recién después de trece años, en el 2013, se reveló por una nueva pericia en base a la autopsia de 1999 –en la que constaban, por ejemplo, fotos del cuerpo– que su hijo no tenía signos de estrangulamiento ni asesinato y que sí había padecido sufrimiento fetal y, probablemente, nació asfixiado por el cordón umbilical.

La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig) considera que este caso es paradigmático de la misoginia en la Justicia. “Ella padeció violencia por ser pobre, agravada por ser mujer. El proceso judicial en su contra es una colección de negligencias. No se apeló el procesamiento, ni se insistió en esclarecer los hechos o citar a más testigos. El requerimiento de elevación de la causa a juicio consta de sólo dos carillas, de una gran pobreza argumentativa. La recolección de pruebas fue magra y prácticamente no se realizaron medidas para esclarecer el hecho. El denunciante no vio que MCV matara a su bebé y el tribunal tomó como válida una pericia realizada para determinar las causas de la muerte del bebé que se hallaba incompleta por falta de medios. Todos los actores en este proceso han estado impregnados por prejuicios machistas e impusieron sobre ella toda su autoridad patriarcal condenándola a cuarenta años de prisión”, remarca la abogada Perla Prigoshin, coordinadora nacional de la Consavig.

MCV estuvo desamparada hasta que la abogada Susana Arzuaga –de la secretaría de la Defensoría– pidió que se revisara su sentencia. Por esta medida, el 26 de abril de 2013, el Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad de la sentencia y ordenó su inmediata liberación. A partir de ahí, la acompañaron Caro González, la delegada de la Consavig en Corrientes, y su defensora Nora Maciel, que solicita una reparación integral, no solamente monetaria, sino también que le garantice acceso a una vivienda digna, trabajo y asistencia para que sus hijos (que debieron abandonar la escuela cuando ella quedó detenida) puedan terminar sus estudios y capacitarse. En el mismo sentido se expresaron la Asociación Pensamiento Penal y la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes que, en una carta al gobernador Ricardo Colombi, expresa que “MCV no tuvo acceso a la justicia, a ella le fue negada por su condición social y por el tipo de delito investigado, tenía dictada sentencia de antemano”. Maciel enfatiza: “En el proceso no llamaron ni a la enfermera que la atendió en el hospital, ni a las vecinas, ni a la amiga que iba a ser la madrina. Ella nunca ocultó el embarazo. Todavía el gobernador no resolvió su indemnización. Para Navidad se hizo una colecta para que pudiera estar con sus hijos. Esperemos que no haya que hacerla transitar por un proceso que la haga revivir todo lo que pasó”.

Mientras tanto, MCV tiene planes. Va a inscribirse en Derecho. “Siempre quise estudiar y nunca me dieron la oportunidad”, resalta sobre las restricciones que le impusieron en prisión. Aunque, por ahora, su mayor objetivo es poder llevar a Corrientes capital –donde trabaja por la mañana en el Registro Civil, con el sueldo más bajo, y por la tarde como empleada doméstica– a sus hijos, que residen en Mercedes. Allá vivía su mamá, que los crió y recientemente falleció. Su papá también murió, sin que a ella le permitieran salir de la cárcel para despedirse. MCV cuenta con tristeza que su mamá le faltó en Navidad. Pero, con mucha pujanza, se enfoca en salir adelante. “Voy a trabajar día y noche para que estén bien mis hijos, que son lo único que me importa, con mis hermanos y hermanas. Tengo un apoyo increíble. No me puedo quejar de la vida por más que estuve encerrada tanto tiempo. Lo más importante es que mis hijos no sufran y lo voy a lograr, si Dios quiere.”

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Este fue el lugar donde MCV vivió más de una década, condenada en un juicio en el que ni siquiera le permitieron presentar testigos
 
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