“Nosotros ya lo hablamos con los chicos, y si tenemos que llegar a lo último, si tenemos que dejar la vida acá, lo vamos a hacer, pero Monsanto no se va a instalar en Malvinas Argentinas”, dispara Sofía Gatica, de 46 años, integrante de Madres de Ituzaingó, la organización no gubernamental cordobesa que consiguió, en 2012, la primera condena en el país por el uso de agrotóxicos. Desde hace ocho meses, Sofía es una de las referentes del bloqueo al predio que empezó a construir la multinacional. Recibió amenazas personales, y ahora le advierten que dañarán a uno de sus hijos. Por eso, el fiscal Tomás Casas decidió que tengan custodia permanente. Las amenazas son concretas: un hombre (al que ya identificó en un identikit hace años por una amenaza anterior) se le acercó en el colectivo y le dijo: “¿Te acordás de mí?”. Cuando ella asintió, le espetó que no la querían “ver más” en el acampe contra Monsanto, porque sus hijos iban a sufrir las consecuencias. Sofía tiene tres hijos, de 23, 20 y 16 años, aunque –dadas las amenazas– evita dar precisiones sobre ellos.

Sofía confiesa que jamás hubiera imaginado cómo iba a cambiar su vida hace 14 años, cuando nació su hija, que vivió pocas horas por una malformación de riñón. A partir de su experiencia, empezó a notar el alto índice de enfermedades degenerativas como el cáncer en Ituzaingó, un barrio ubicado en el sudeste de la ciudad de Córdoba en el que vivió hasta hace dos años. Entonces, junto a otras madres, realizaron un censo que determinó el alto grado de agrotóxicos en sangre de la población. Así fue que lograron, en 2012, que la Cámara I del Crimen del Córdoba condenara a tres años de prisión (de cumplimiento condicional) a dos productores rurales y un fumigador. Por esa lucha, Sofía recibió en 2012 el Premio Ambiental Goldman, que se entrega a una personalidad por continente, para destacar su lucha por el medio ambiente. Es considerado el Nobel Ambiental.

Ahora, Madres de Ituzaingó va por más. Recientemente, el juez Carlos María Romero elevó a juicio otra denuncia que ellas realizaron por “contaminación dolosa” contra seis empresarios e ingenieros agrónomos. La lucha de Madres de Ituzaingó, cuya figura más notoria es Sofía, no cayó en saco roto. Desde que se anunció la instalación de Monsanto, la ciudad de Malvinas Argentinas, ubicada a 14 kilómetros de Córdoba capital, comenzó el acampe para impedirlo. Desde hace ocho meses bloquean uno de los cinco ingresos de la proyectada fábrica. Las y los manifestantes viven en carpas con techo de nylon, y si bien se turnan, pasan largas horas ahí, casi están viviendo. “Tengo muchos problemas familiares, porque mi marido y mis hijos me necesitan, pero yo no puedo estar en dos lugares. Se sienten medio abandonados, aunque también tratan de acompañarme en la lucha”, cuenta Sofía.

Durante las mañanas, Sofía trabaja en el Centro de Salud de barrio Acosta y de allí concurre al acampe en Malvinas Argentinas. En esa ciudad, la mayoría está dispuesta a impedir la llegada de la semillera que fabrica Roundup. Han presentado recursos de amparo y denuncias penales, aunque la respuesta de la multinacional no se hizo esperar: Monsanto denunció penalmente a Sofía por usurpación de predio. Allí se realizó el jueves 22 de mayo una multitudinaria marcha, en el marco del Día Mundial contra Monsanto.

Sofía alerta que el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, aprovechará el Mundial de Fútbol para desalojar el acampe, que impide la continuidad de la construcción de la multinacional. Y recuerda que, según un reciente estudio epidemiológico encargado por la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida a la Universidad de Buenos Aires, el 70 por ciento de la población de esa ciudad presentó restos de plaguicidas en la sangre. Sofía también cree que José Manuel de la Sota aprovechará la distracción que provoca el fútbol para “sacar una ley a la medida de Monsanto”, pero lo deja en claro: “Aunque tengamos que dejar la vida, vamos a quedarnos”.