Tenía tres años cuando lo arrancaron del piso de su casa, en el sur del conurbano bonaerense, donde estaba en su mundo de juguetes, el 2 de octubre del 2012. Lo alzaron en un operativo con once integrantes fuerzas de seguridad para cumplir con la reversión de tenencia. Era casi un bebé y ya es un niño. Su infancia está partida. Pero en su cumpleaños número cinco, el 27 de marzo, su mamá, Andrea Vázquez, quiso recomponerlo, al menos en un beso relámpago, a través de una torta de chocolate en forma de tren que lo dejó con los ojos abiertos y los dedos inclinados a probar sin protocolos su regalo de cumpleaños, con una locomotora dulce que simboliza que todavía falta mucho camino hacia adelante.

Andrea Vázquez denunció que el padre de sus tres hijos (de 5, 12 y 13 años) los maltrataba, y como consecuencia fue desgarrada de la posibilidad de criarlos y lucha por recuperarlos. El 8 de noviembre del 2013 fue la primera vez que pudo volver a verlos a los tres, por veinte minutos, en un shopping, con presencia de una trabajadora social –que le marcó “no les des esperanzas”–, un policía –que le dijo que tenía preparado un calabozo– y –fuera de todo lo esperable– el progenitor y su madre. Ella contaba con el acompañamiento del Centro de Protección a las Víctimas de Avellaneda. A pesar de todas las barreras, Vázquez se preparó para recibir a los tres, que recordaba pequeños, y bajó la vista. Pero, ante su sorpresa, su hijo mayor ya la pasaba en altura. “Me desplomé. Se me doblaron las rodillas. Fue la primera vez en mi vida que me pasó, nunca como cirujana sentí esa sensación, ni siquiera cuando me apuntaron con un arma. Me caí al piso. No podía controlar la respiración, la conmoción, el llanto, temblaba y me abracé a mi hijo del medio. Tenía preparado un ramillete de globos blancos inflados con helio y un marcador. Los agarre y les pedí que escribieran oraciones a Dios. Pidieron juguetes, ir a casa con mamá, paz, y estar juntos”, relata.

Ella había denunciado violencia por parte de su ex marido. La Justicia le hizo pagar cara su decisión. Le sacaron a sus hijos y no la dejaron, ni siquiera, verlos hasta finales del año pasado, con cuatro encuentros breves y vigilados. “Mi mamá no está muerta, no entiendo por qué no puedo verla”, se quejó uno de sus hijos.

Andrea Vázquez, médica y fundadora de Sumate, basta de abusos, es un caso emblemático del revés judicial contra la valentía de muchas mujeres que denuncian a sus ex parejas si esos varones son poderosos, de nivel económico alto y profesionales. Ellos tienen mucho crédito –y legitimación social– que perder y cuentan con muchos recursos para ganar litigios. Si el abuso sexual o la violencia existe en las mejores familias y no tiene diferencias de clase, la diferencia sí se nota cuando los denunciados pueden usar todas sus influencias para revertir expedientes y que la víctima pase a vivir un calvario. Un ex candidato a presidente llamó a un programa de radio emblemático para defender al progenitor de los hijos de Andrea. Y la trabajadora social Miriam Rivero, de Lomas de Zamora, la acusó, en uno de los esporádicos encuentros en centros comerciales, de que Andrea pecaba de mala madre por cómo estaba vestida porque, supuestamente –en una interpretación que no pasa el diván del lugar común sexista argentino– quería a mirar a sus hijos desde arriba. “Un detalle llamativo: usa zapatos de taco muy alto”, consta en el expediente judicial, en un ejemplo de mirada corta y misógina de la Justicia. ¿Qué pasaría si todas las mujeres que usan tacos no pudieran ver más a sus hijos? O se arruina la industria del calzado o las mujeres quedarían en chatitas y desprendidas de la posibilidad de maternar.

Pero no es ciencia ficción: es la industria de la reacción a las denuncias por violencia de género y abusos sexuales. Una defensa de violentos y abusadores que se basa en la justificación –implícita o explícita– del Síndrome de Alienación Parental (SAP), que quiere decir que cuando los chicos/as describen violencia no dicen la verdad, porque están repitiendo todos los argumentos con los que, generalmente, su mamá les llenó la cabeza.

Las visitas de Andrea Vázquez son permitidas por la actual jueza de la causa, Cecilia Mantegazza, pero hace más de dos meses, desde el 23 de abril pasado, que no se pueden encontrar ni por un instante. La chocotorta que les preparó con Javier Mascherano y una lluvia de confites queda como una postal de su sentimiento en ausencia, sin que sus hijos puedan probar su comida ni sentir su abrazo. La historia de la reversión de tenencia comenzó por decisión del tribunal integrado por María Silvia Villaverde, Roxana del Río y Enrique Quiroga, sindicados por Juan Pablo Gallego, el abogado que logró encarcelar a Julio César Grassi por abuso sexual y defensor de Andrea, como ideólogos de la venganza misógina contra las madres protectoras. “Mi lucha es para que los restituyan, porque la razón por la cual revirtieron la tenencia quedó desestimada. Me acusaron de incumplimientos y de obstruir el vínculo y fui absuelta en la causa y los testigos casi fueron procesados por falso testimonio”, explica acompañada de un corazoncito en el que su hijo de 12 años le dice: “Vos sos muy valiente y fuerte y te amo con todo mi corazón”.

“Este entramado perverso, ilegal, sin rigor científico, pero que sigue siendo invocado y aplicado por algunos jueces y juezas de familia, profesionales de la psicología y del derecho, con un denominador común: estar imbuidos por la más rancia ideología patriarcal y misógina con el fin de proteger a padres abusadores y violentos, obligando a vinculaciones forzosas y en algunos casos con reversiones de tenencia y prohibiciones de las madres para ver a sus hijos o hijas, como el caso de Andrea Vázquez, en el que la Justicia de Lomas de Zamora le arrebató a sus hijos exponiéndolos a la máxima violencia, arrancándolos de su hogar y trasladándolos en móviles policiales, obligándolos a vivir con su agresor”, contextualiza Silvina Zabala, subsecretaria de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres dependiente del Consejo Nacional de las Mujeres y directora académica del Instituto de Investigación, Desarrollo y Capacitación para la Prevención de Violencia de Género e Igualdad de Oportunidades (Gener@), que depende de la Sindicatura General de la Nación.

DE ESO AHORA SE HABLA

Hasta hace algunos años, de eso –abuso sexual infantil y violencia en las familias– no se hablaba. Y cuando se empezó a hablar las madres comenzaron a poder escuchar a sus hijos e hijas y a enfrentar las consecuencias. Pero los denunciados no son fantasmas invisibles, sino personas con mucho que perder –incluso más allá de la libertad– por su prestigio personal y su lugar social cuando no se trata de una denuncia en sectores empobrecidos. Por eso, la reacción fue empezar a hablar de SAP, impulsar denuncias contra las madres y contra las psicólogas que confirmaban en sus pericias los abusos. Esta estrategia avanzaba sin muchos reparos. Sin embargo, en el último año se produjo una contraofensiva a la idea de madres manipuladoras y denunciantes falsas seriales que implica una nueva –y alentadora– barrera.

En el Congreso de la Nación se dictaron dos dictámenes anti SAP sin que la grieta partidaria se interpusiera. En el Senado de la Nación, por iniciativa de Aníbal Fernández (FpV), se votó un proyecto de resolución que denuncia: “El progreso, como era de esperar, ha generado reacciones muy agresivas de parte de los abusadores, los violentos en general y de quienes lucran con los abusos –tráfico de niños, pornografía infantil–”. Mientras que la Cámara de Diputados de la Nación resolvió, el 11 de julio del 2013, por un proyecto de la diputada Gladys González (PRO): “Expresar su preocupación por la utilización del falso Síndrome de Alienación Parental en procesos judiciales penales y de familia, por ser contrario a la ley 26.061, de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y no contar con el respaldo ni el reconocimiento de la comunidad científica”.

Por su parte, Zabala impulsó una consulta a la decana de la Facultad de Psicología de la UBA, Nélida Cervone, sobre el falso Síndrome de Alienación Parental, el 6 de mayo del 2014, en donde le planteaba “preocupación por terapias de revinculación forzada de niños y niñas con el progenitor no conviviente. Puntualmente, nos alarma su utilización cuando median denuncias de abuso sexual o violencia familiar” por parte de psicólogas del dispositivo de “Terapia de Revinculación”, del Centro de Atención Psicológica Comunitaria de la Facultad de Psicología, Programa de Psicología Clínica para Niños y para Adolescentes de la Sede Regional Sur (Avellaneda), de la UBA. El 17 de junio se logró una respuesta positiva. La decana de Psicología anunció la finalización del programa de extensión de adolescencia en la sede de Avellaneda y la renuncia de una de sus integrantes, Susana Quiroga. También hizo hincapié en el efecto backlash, que es una reacción de retroceso frente a logros en el avance contra el abuso sexual y en desenmascarar diagnósticos acientíficos.

Zabala también promovió una jornada sobre SAP, el 15 de noviembre del 2013, y otra el 24 de abril del 2014 en la Sindicatura General de la Nación. La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, participó por teleconferencia y subrayó: “El pretendido SAP es sin duda violencia de género. Con estas revinculaciones la familia termina convirtiéndose en un centro de tortura. Es imprescindible que los jueces y los profesionales aprendan a escuchar a los niños que no mienten”.

EL DERECHO A DENUNCIAR

La lucha contra la violencia de género no puede estimular que las mujeres denuncien si pueden sufrir graves consecuencias, incluso ser separadas de sus hijos, como represalia por denunciar. Por eso, la lucha contra la utilización del SAP y la reversión de las tenencias es la madre de todas las batallas. Y, en ese ring, está la disputa judicial, y el caso testigo del abogado Juan Pablo Gallego contra la jueza Villaverde. “La falsa teoría del SAP y su aplicación ilegal en la Argentina se ha cobrado decenas de casos en que niños y niñas dejan de ver a sus madres y pasan a convivir con sus agresores, con grave riesgo para su integridad psicofísica. Comienzan así un ‘cambio de vida’, como lo denomina la multidenunciada jueza de Lomas de Zamora, María Silvia Villaverde, impulsora de esta corriente retrógrada y hoy sometida a jury de enjuiciamiento. Ese cambio de vida implica no volver a ver a sus madres, privándolos de su identidad y aniquilando el vínculo materno-filial, decisivo en el desarrollo de un niño. Otros jueces de primera instancia han copiado ese procedimiento ilegal, que incluye la extracción violenta de los niños de su centro de vida, con participación de policías masculinos armados. Curiosamente, estos operativos se concentran en casos en que los agresores denunciados son hombres de clase alta, quienes incluso estando imputados por abuso sexual pasan a ejercer la custodia exclusiva de los niños. Es de una gravedad tal que la Corte Suprema debería abocarse a estos casos con urgencia y evitar con ello la evidente responsabilidad internacional del Estado, en tanto se viola flagrantemente la Convención Internacional sobre Derechos del Niño y la de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, advierte Gallego, autor de Niñez maltratada y violencia de género y consultor internacional por Unicef.

La actuación de la jueza María Silvia Villaverde es clave. Una madre de mellizos varones de ocho años y una nena de seis años, K. P. (que pide no exponerse) denunció abuso sexual hace cinco años. La misma magistrada ordenó la revinculación de los chicos con su progenitor. “Hicieron serios retrocesos evolutivos”, afirma su mamá. Por eso, se opuso a que lo sigan viendo a pesar de que los querían llevar en patrullero o la amenazaban con el embargo de su sueldo, multas de $ 668.000 pesos y la reversión de tenencia. La terapeuta quería obligarlos a ver a su papá por la fuerza y ellos se revelaban tirando juguetes, lápices o plasticolas y gritando que él les hacía daño. “La causa penal está avanzada y la jueza debió abstenerse de revincularlos de manera compulsiva como lo venía haciendo. Los chicos están conmigo. Pero la jueza hizo todos los pasos del SAP, como censurar la voz de los niños.”

El boomerang de la argumentación jurídica en Lomas de Zamora se expandió territorialmente y a L. A. (prefiere preservar su identidad) también le quitaron a sus dos hijos en la Capital Federal, después de una denuncia por violencia el 27 de diciembre del 2012, que ahora están bajo el cuidado de la abuela paterna. L. A. todavía no puede vivir con ellos, ni ver los partidos del mundial, ni hacer las tareas, ni compartir su asado con morrones. El mundo se le desvaneció y ella sólo espera sus reencuentros. Su abogado Roberto Osvaldo Clienti resalta: “A partir de la aplicación judicial del SAP, en este caso el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 8, se quitaron los chicos de la custodia de la madre y el padre se ha creído con derecho a proceder según sus propias decisiones, abusando del derecho en contra del de los niños, a pesar de estar todavía abierta la causa de abuso. El padre ha desobedecido las instrucciones respecto de los encuentros de los niños con la madre: los envía fuera de la ciudad, no los presenta para los encuentros, están amedrentados y los obliga a no hablar con la madre de las cosas que les suceden. Con la anuencia del juzgado el padre ejerce sobre la madre violencia psicológica. La mayoría de los jueces que han hecho aplicación violenta del SAP hoy se encuentran con jury de enjuiciamiento por la forma en que han procedido”.

UNA NIÑA OBJETADA

Fernanda pide preservar su identidad. Su hija es adolescente y no quiere vivir con la etiqueta del abuso que le contó a su mamá y ésta decidió denunciar a la Justicia en septiembre del 2004, cuando estaba casada con su papá. “El tratamiento judicial del caso de mi hija es emblemático de la aplicación del SAP y de cómo los operadores judiciales ejercen violencia de género contra una niña que es víctima y contra la madre denunciante. Si bien el juez a cargo del Juzgado Nacional de Instrucción Nº 4, Rodrigo Pagano Mata, evita usar la expresión ‘síndrome de alienación parental’, sus argumentaciones son claramente coincidentes con este falso síndrome. Concluye, por ejemplo, en el sobreseimiento que firma en noviembre de 2013 que ‘las presentes actuaciones parecerían tener su origen en un controvertido contexto familiar, ante la ruptura de la relación sentimental de los progenitores de la menor, aquéllos se encuentran enfrentados y se disputan el contacto y tenencia y/o visitas de la niña’. Omite, sin embargo, que al momento en que mi hija devela el abuso sufrido estaba casada y conviviendo con el que entonces era mi marido. Es el ataque a la madre para encubrir el incesto.”

Y apunta el peligro de una posible revinculación forzosa que terminaría con la empoderada decisión de la adolescente de que el abuso no le arruine la vida con un progenitor de alta exposición mediática, que se victimiza públicamente y al que ella no quiere ver. “En el expediente está incorporada la historia clínica psicológica con la transcripción fiel de los dichos de la víctima y sus dibujos. En la Cámara Gesell mi hija describe diferentes episodios de abuso sexual: el juez lo desestima alegando que se trata de una memoria externa que ha sido implantada, ya que le resulta extraño, por ejemplo, que una niña de nueve años, criada en el contexto de clase media profesional, pueda utilizar la palabra ‘vulva’, descartando los informes escolares incorporados a la causa que dan cuenta del alto desarrollo de la niña en el área del lenguaje. Conclusión: para el juez y el fiscal, el abuso sexual nunca existió. Los dichos de la niña no son auténticos y fue manipulada. La “mala madre” victimiza a su hija y a un padre inocente. Así, de una vez por todas se hace justicia y el progenitor puede continuar en sus funciones en el Gobierno de la Ciudad en pro de todos sus habitantes.”

PSICOLOGAS ABSTENERSE DE SAPEAR

Graciela González, directora del Departamento de Prevención de la Violencia de Género y el Abuso Sexual Infantil en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA), que organiza el foro “La problemática de los niños en el abuso sexual” en la Biblioteca Nacional, está juntando firmas para que la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fepra) declare el SAP y otras prácticas que lo sustituyan como reñidas con el ejercicio ético de la profesión. Por su parte, la psicóloga Sonia Vaccaro, coautora del libro El pretendido síndrome de alienación parental, puntualiza: “La construcción del invento SAP supuso, en la Justicia de todos los países donde se aplicó, no sólo contar con un instrumento para cambiar la custodia de los hijos de forma drástica, sino para evitar que los delitos de maltrato e incesto continuasen siendo denunciados. Según un informe de Save The Children (2012), en el mundo, sólo se denuncia entre un 5 y un 10 por ciento de este tipo de hechos, constituyendo uno de los delitos más invisibilizados. No obstante, la aplicación del SAP tiende a encubrirlos aún más”. Pero ahora, después de tantas críticas, ya no se lo llama por su nombre. Se usa el mismo argumento bajo nuevos títulos. “En su lugar, han aparecido sucedáneos como ‘la alienación’, el ‘impedimento de contacto’ o su contrapartida: la propuesta legal de la custodia compartida impuesta y la mal llamada ‘re-vinculación’, que en realidad es ‘vinculación forzada’ sin más”, establece.

El juez federal platense Carlos Rozanski grafica el riesgo de las revinculaciones: “Dado que la inmensa mayoría de los casos tiene lugar dentro de la familia o grupo conviviente, una vez establecida la sospecha, lógicamente la Justicia aparta al sospechoso con el fin de proteger integralmente a las criaturas víctimas. En la mayoría de los casos, se presenta entonces como estrategia solicitar una revinculación con su presunto abusador. Es evidente que dicha medida busca como meta influenciar a la víctima, ya que su vulnerabilidad se multiplica ante esa revinculación forzada que logran algunos acusados”.