El reclamo por la difusión del Plan Nacional de Acción no es caprichoso. No implica desconocer las acciones que se han impulsado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia tanto desde los poderes ejecutivos como los judiciales, a nivel nacional y en muchas provincias. Pero sin un hilo conductor esas acciones corren serios riesgos de solaparse, duplicar esfuerzos y dejar grandes vacíos.

Los planes nacionales de acción se materializan en documentos como los que han elaborado varios países de la región, por ejemplo, Perú, Uruguay y Chile (pronto a cargo del nuevo Ministerio de la Mujer). Se enmarcan en una determinada visión del problema (como la de nuestra Ley de Protección Integral), basada en un diagnóstico construido con el análisis de información estadística disponible; describe objetivos concretos, detalla las actividades dirigidas a su cumplimiento; establece prioridades, etapas e indicadores de progreso para monitorear y evaluar sus procesos y resultados.

Un plan se construye colectivamente, con procesos participativos amplios y públicos para permitir un seguimiento de los objetivos, las etapas cumplidas, sus logros y dificultades.

Para que los avances se consoliden y las acciones realizadas sean más que iniciativas con mayor o menor grado de éxito, veintisiete organizaciones y agrupaciones diversas, con distintas miradas políticas y estrategias de trabajo, pedimos que el Consejo Nacional de las Mujeres comparta con la sociedad el Plan Nacional cuya elaboración fue informada en repetidas ocasiones. Para que en el futuro se siga construyendo sobre los avances, sin ignorarlos.

* Abogada y directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).