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Viernes, 7 de agosto de 2015

ENTREVISTA

La guerra perdida

Coletta Younges es experta en política internacional de drogas y en acontecimientos relacionados con las políticas de drogas implementadas en América latina analizadas desde la perspectiva de los derechos humanos dentro de WOLA –Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos–. Como tal, su posición es más que pesimista respecto a la influencia que ha tenido Estados Unidos y su guerra contra las drogas en la región. De paso por Buenos Aires para un seminario sobre el tema, Younges explica esta postura y por qué las principales damnificadas han sido las mujeres.

 Por Vanina Escales

Las mujeres de todo el continente están siendo encarceladas a un ritmo alarmante por delitos menores y no violentos relacionados con las drogas. En Argentina, Brasil y Costa Rica, más del 60 por ciento de la población carcelaria femenina de cada país lo está por este tipo de delitos. El informe “Women, Drug Policies, and Incarceration in the Americas” (“Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento en las Américas”) de la organización de derechos humanos WOLA –Washington Office on Latin America– señala además que “Las políticas que han llevado a este aumento de la prisión han destrozado familias y fracturado las posibilidades de las mujeres para encontrar un empleo legal una vez que han sido puestas en libertad, perpetuando un círculo vicioso de desesperación y encarcelamiento”.

Coletta Younges, responsable del informe de WOLA y experta en derechos humanos y políticas de drogas, estuvo en Buenos Aires la semana pasada para participar del seminario “Drogas: de la prohibición a la regulación”, organizado por el CELS y la Universidad Torcuato Di Tella. El eje de su exposición fue el impacto de esas políticas en las mujeres de la región.

¿Qué pilares sostienen la guerra contra las drogas?

–Desde que los Estados Unidos, durante la presidencia de Richard Nixon, lanzaron la llamada guerra contra las drogas toda la región orientó su política de forma represiva y prohibicionista. Se percibe el problema circunscripto en el flujo de drogas proveniente de América latina, en otras palabras: en América del norte hemos decidido que es un problema de afuera que tenemos que contener. Partiendo de esta idea, los Estados Unidos han empoderado –en esta guerra contra las drogas– a fuerzas militares, policiales y de inteligencia regionales o locales para intentar interrumpir el flujo de drogas hacia el norte. Se trata de una política que ha fracasado.

¿Cuáles fueron los efectos de esta guerra contra las drogas?

–Como en toda guerra hay víctimas, y en ésta han sido los sectores más pobres y más vulnerables de la sociedad, que incluye tanto a los campesinos y campesinas –quienes cultivan coca y amapolas utilizados en la producción de cocaína–, como a las personas que viven en los barrios pobres donde se consume, vende o produce. Quiero destacar esto: si una va a las cárceles de la región se encuentra a muy poca gente que viene de la clase media o alta y se encuentra a muy, muy poca gente que pertenezca a los rangos medianos o grandes del narcotráfico. Lo que vamos a ver es gente pobre que está en los eslabones más básicos del negocio, la gente que vendió drogas en la calle o que transportó. Se trata de personas que son detenidas un día y al día siguiente otra la ha reemplazado. Entonces, en términos de enfrentar al narcotráfico, este encarcelamiento masivo no hace ninguna diferencia pero sí causa mucho daño a las personas y a sus familias.

¿Cuál es la particularidad del impacto para las mujeres?

–Ellas son un sector de esta población en situación de vulnerabilidad, vamos a encontrar a muchas mujeres extremadamente pobres, que tienen la responsabilidad de cuidar o mantener a sus hijxs o a sus padres o madres. Si una no tiene muchas posibilidades de tener un empleo fijo y no tiene a nadie para cuidar a sus hijxs, entonces es muy fácil entrar en un negocio que, aún siendo ilícito, te permite combinar tus múltiples responsabilidades. Por ejemplo, si una está vendiendo drogas desde la casa no necesita buscar alguien para cuidar a sus niños; de igual manera, si una transporta drogas una vez al mes no ganará mucho dinero si lo comparamos con las ganancias de las redes criminales pero sí es suficiente para la economía doméstica y no implica mucho tiempo fuera de la casa. Entonces, las mismas redes de narcotraficantes buscan a mujeres en situación de vulnerabilidad para incentivarlas a meterse en el negocio, especialmente como courier, transportando drogas.

Si la selección para el trabajo de mula o courier recae en estos sectores ¿pueden considerarse como víctimas del delito de trata?

–Es muy importante relacionar el delito de drogas con el delito de trata de personas. Hemos visto casos de mujeres traídas de otras partes del mundo, capturadas de alguna manera por redes criminales, que las envían de país a país transportando drogas y no tienen la posibilidad de escapar de lo que al final es casi una esclavitud. No son la mayoría de los casos pero son bastantes. Muchas no se dan cuenta de la gravedad de ser mula en términos físicos: piensan que van a llevar una maleta, pero al final lo que tiene que hacer es tragar cápsulas. Las redes criminales buscan mujeres para hacer este trabajo y, por su situación, no tienen en cuenta los riesgos físicos o lo que pueda pasar cuando las detengan; ellas pagan el costo de entrar en el negocio, mientras que quienes lo manejan se mantienen invisibles y no toman, por supuesto, el mismo riesgo.

¿Hay un castigo suplementario para las mujeres, de orden moral?

–Sí. Las mujeres son estigmatizadas por ser vistas como violando su papel en la esfera doméstica, por salir del rol de género asignado. Entonces desde el principio muchas son rechazadas por sus familias y eso causa muchos problemas para sus niños y niñas. Luego entran en cárceles que, si una ve su infraestructura, no están adecuadas para las mujeres y muchas veces no tienen los más mínimos servicios que las mujeres necesitan en términos de salud. Tercero, son más estigmatizadas que los varones entonces cuando salen de la cárcel, ya con antecedentes penales, les es más difícil encontrar empleo. Si vemos los pocos programas de capacitación que hay en las cárceles de los Estados Unidos, encontramos que las preparan para cuidar niños –que es totalmente ridículo porque quien va a confiar sus niños a una persona con antecedentes– o hacer limpieza. Eso refuerza los estereotipos de las mujeres pobres y no les dan ninguna preparación para que puedan aspirar a tener una vida mejor de la que tenían antes de entrar a la cárcel.

Muchas de estas mujeres tienen hijos o hijas, ¿quiénes se encargan de su cuidado mientras dura la condena de la madre?

–Cuando los hombres que tienen hijos están en la cárcel, las mujeres de su familia –madre, hermanas, pareja– asumen la responsabilidad sobre los hijos mientras dura la condena, y ellos no se hacen cargo de su familia. En el caso de las madres es totalmente diferente: siguen intentando mantener los vínculos con los chicos y hacen cualquier trabajo dentro de la cárcel para enviar aunque sea un poquito de plata para su mantenimiento. La gran mayoría de las mujeres encarceladas por delitos de drogas son madres solteras y muchas veces no tienen una opción buena para sus hijos; el impacto para sus familias puede ser devastador. Muchas veces los niños no tienen adónde ir; si son más jóvenes pueden terminar en hogares o terminar en la calle, vendiendo o consumiendo drogas. Eso perpetúa los círculos de pobreza y encarcelamiento que vemos en toda la región. Tenemos que tomar en cuenta el impacto del encarcelamiento no sólo en las mujeres mismas sino en sus familias y en sus comunidades.

¿Qué balance puede hacerse en términos de derechos humanos de la “guerra contra las drogas”?

–El resultado de la llamada guerra contra las drogas es el encarcelamiento de miles y miles de personas por delitos no violentos, de menor escala, con penas sumamente altas. Se han llenado las cárceles de la región con personas que no deberían haber estado presas o que deberían haber estado encarceladas menos tiempo, creando una crisis humanitaria. Tenemos que repensar las políticas de drogas y revisar las leyes tomando principios básicos de derechos humanos. Una obvia es que la sanción debería ser proporcional al delito cometido. El uso de la cárcel debería ser el último recurso, debemos tener sanciones razonables y alternativas al encarcelamiento. En el caso de Colombia los y las campesinas pueden terminar en la cárcel por el cultivo de coca, se trata de algunas de las comunidades más pobres del continente, ¿por qué vamos a encarcelar a estas personas cuando no tienen otra alternativa? Es necesario pensar en proyectos de desarrollo económico para que estas personas puedan tener una vida digna.

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