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Por Laura Ginsberg *

Después de tres años de un juicio oral publicitado como “histórico” y “justo”, los acusados por la masacre de nuestros familiares y amigos en la AMIA estarán en libertad. La libertad de estos individuos vinculados con las fuerzas de seguridad del Estado refuerza la impunidad en la Argentina y pone en evidencia la protección que el Estado argentino les brinda para preservar la responsabilidad criminal del Estado mismo en este ataque terrorista.
Pretendiendo soslayar este verdadero acto de impunidad, el gobierno de Kir- chner y las querellas, tanto acusadoras como defensoras, se esfuerzan en publicitar “el profesionalismo y la ecuanimidad de los jueces” que dejan en libertad a los asesinos, a pesar de que, según ellos mismos admiten, “no hay justicia”.
Esta es la demostración de que el derecho y la justicia no van de la mano. Defendiendo el derecho y las “garantías”, el Estado se defiende a sí mismo, a su complicidad con el crimen y el delito, defiende el cierre de los archivos y la preservación de los secretos de Estado. Por eso los jueces negociaron con el Poder Ejecutivo las condiciones restrictivas en las que declararon los agentes de la SIDE. Por eso los jueces liberan a los acusados por inexistencia de pruebas, cuando sesionaron durante tres años con los archivos secretos cerrados.
La vía judicial está agotada, los criminales están en libertad y la impunidad se instala otra vez entre los argentinos. El Gobierno que vino a superar lo que llamó la “vergüenza nacional” de la investigación acaba de poner el punto final a cualquier esperanza de justicia y castigo a los culpables. El Gobierno que prometió abrir los archivos secretos los mantiene bien cerrados y bajo la custodia de los mismos funcionarios de Inteligencia y de Justicia que, desde Menem para acá, están cuestionados por su directa participación en el encubrimiento.
La lucha por la apertura de los archivos secretos y su entrega a una Comisión Investigadora Independiente del Estado para que los analice son un golpe en el corazón de la política terrorista de Estado para terminar con la impunidad reinante y las nuevas maniobras que lo encubren.
La exigencia por la apertura de los archivos de la dictadura de las madres e hijos de los desaparecidos, de los archivos secretos de Río Tercero, de los archivos de la masacre del Puente Pueyrredón, de los archivos de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, de los archivos de la violencia institucional, no es distinta a la de la apertura de los archivos secretos de la AMIA. ¿Por qué? Porque allí se ocultan las responsabilidades criminales del Estado. Porque nuestros reclamos se cruzan con los de tantas otras causas; la lucha por el esclarecimiento de la masacre de la AMIA es una causa nacional y la exigencia de apertura de los archivos secretos, una causa común. Este es el camino contra la impunidad, por el juicio y castigo a todos los culpables.

* Integrante de Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA que convoca a un acto en Pasteur y Corrientes, hoy viernes 3 de septiembre a las 18.30.