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Sábado, 18 de agosto de 2007

PATRIMONIO

Vecinos en la calle

 Por Sergio Kiernan

Los vecinos de Recoleta movilizados por las constantes demoliciones de edificios históricos de la ciudad acaban de tener una semana de lo más prolífica y útil. Como para demostrarle al gobierno porteño que sí es posible defender el patrimonio –si es que tuvieran ganas de hacerlo– pararon dos demoliciones por vía judicial. Y están lanzando un importante manifiesto para intentar frenar a futuro la desaparición de todo lo bello y valioso de una Buenos Aires sin ley y sin custodia. No es poco: es la primera vez que un grupo de ciudadanos particulares se moviliza exclusivamente para defender el patrimonio y lo hace con este nivel de conciencia e incisividad.

Ya quedó demostrado que el gobierno porteño no va a hacer nada para detener las demoliciones constantes. Mientras que al jefe nunca le importó el tema, la administración bajo su mando mantuvo siempre una esquizofrenia heredada de otros tiempos: una parte –Planeamiento– se ríe abiertamente de la idea misma de conservar algo más que un conjunto aquí o allá, como para los turistas, mientras que la otra parte –Cultura– se conforma con su rinconcito de San Telmo y no puede concebir la inmensa utopía de hacer... lo que hizo Rosario.

Entre modernistas y castrati, el patrimonio se hizo humo con la reactivación de la construcción, que mostró esta vez un salvajismo peculiar y una avidez que exhibe su naturaleza especulativa. Es que las torres no son vivienda, son capital aplicado hasta que aclare. El problema es la falta de una ley clara, simple y abarcativa que custodie el patrimonio, como la que tiene Rosario, la que decretó y va a tratar La Plata y las que tiene cualquier país más o menos civilizado de Europa. O, de paso, Sudáfrica, que posee una sorprendente cantidad de sectores y pueblos protegidos con un rigor con el que aquí, en la mucho más rica Argentina, sólo podemos soñar.

¿Por qué no hay una ley? Porque el tema no está en la agenda política, porque no le aporta un voto a nadie y, sobre todo, porque no le hace perder un voto a nadie. Si un político se mostrara así de indiferente a la salud, la educación o aunque sea al tránsito porteño, se vería en problemas. Pero aquí se puede hacer política sin hablar de torres o patrimonio y la única manera de cambiar eso es poniendo gente en el tema. Gente quiere decir votos, denuncias, dar explicaciones. Las leyes en sí ya están hechas: en la comisión de Patrimonio, por ejemplo, duerme una de su presidente, Teresa Anchorena, que simplemente revierte el sistema actual y hace que toda demolición de un edificio anterior a 1942 tenga que ser especialmente permitida por Cultura. No haría falta catalogar un edificio para protegerlo sino, por así decirlo, descatalogarlo para destruirlo.

Justamente, lo que están reuniendo los vecinos de Recoleta es gente, usando ideas claras y acciones alto perfil. En estos días lograron frenar dos verdaderos crímenes de lesa cultura logrando recursos de amparo ante la justicia porteña para que no sean destruidos dos edificios realmente notables de la ciudad.

Uno es la sede de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en Montevideo 1250, una de las mejores fachadas francesas de Buenos Aires. El hotel de ville tiene la desgracia de ocupar un terreno muy grande en un lugar muy deseable, la plaza Vicente López, donde con el habitual suicidio porteño se pueden construir torres. Como sólo se puede hacer en un lugar que es el Congo de las antigüedades, el espléndido palacio se va a demoler, con sus tesoros arquitectónicos rematados para exportar, y se va a reemplazar por algo de hormigón de dudoso valor estético pero más rentable. Por supuesto, a nadie se le pasa por la cabeza reciclar este predio francamente único, preservando aunque más no sea su fachada.

Hoy hay un policía en la puerta, por orden judicial, y pegada una copia del amparo concedido al vecino de Recoleta Santiago Pusso, un idealista de estas cosas. El amparo cita la infinidad de leyes, decretos y reglamentos que valorizan, aunque no protegen, el patrimonio porteño y ordena al gobierno local informar sobre el status legal del edificio. Seguramente, esta magnífica pieza no está catalogada, no forma parte de APH alguna y a lo sumo está en alguna lista de edificios notables, que nunca fue debidamente procesada por Cultura y por tanto no tiene el menor peso, por algo Planeamiento concedió sin pestañear el permiso de demolición. Con suerte, el estupendo palacete durará un tiempo más y si alguien no hace algo para congelar el tema, desde el Gobierno o la Legislatura, será destruido.

El otro edificio invaluable que hay que apurarse a ver antes de que desaparezca está en la calle Paraguay, entre Montevideo y Paraná. Es una notable residencia francesa cerrada hace muchos años, que pertenecía a la comunidad judía. En 1992, el palacete –malamente remodelado en algunos ambientes– fue sede provisoria de lo que sobrevivió de la embajada de Israel luego del atentado. Más tarde o más temprano, salvo intervención oficial, será otro pozo para otra torre, ya que también cometió el pecado de ocupar un terreno grande.

Hartos de esto, los vecinos de Recoleta lanzaron un manifiesto dolido, que arranca así:

“Los ciudadanos de Buenos Aires asistimos azorados a un proceso de destrucción del patrimonio arquitectónico de la ciudad, viendo cómo se demuelen día a día invalorables testimonios de la arquitectura que conforman la identidad que caracteriza a los distintos barrios.”

“Nos encontramos ante un auge de la construcción casi sin precedentes, que en el marco normativo actual demuele construcciones de alto valor histórico y artístico para edificar encima en su lugar. Esta situación crítica se refleja tanto en la preocupación de los vecinos como en los resultados de estudios de expertos en patrimonio, incluyendo voces de arquitectos extranjeros que denuncian que las normas vigentes y los recursos del Estado para preservar el patrimonio arquitectónico y planificar un desarrollo sustentable de la ciudad se han tornado ineficaces e insuficientes en la situación actual.”

“De continuar esta tendencia de destrucción, se sufrirán efectos irremediables que alterarán negativamente la fisonomía de la ciudad, perjudicándose la sociedad en su conjunto, y la calidad de vida de los vecinos y de las generaciones futuras, que tienen el derecho constitucional de gozar del patrimonio arquitectónico y cultural heredado. Asimismo, se perderá un riquísimo potencial turístico nacional e internacional.”

“Es por ello –y porque estamos frente al cambio de administración de gobierno– que solicitamos se declare de manera inmediata la emergencia patrimonial por el término de un año, prohibiendo la demolición de toda construcción cuyo valor histórico, arquitectónico o artístico ameriten su preservación, estableciendo claramente las sanciones que podrían caberles a quienes infrinjan la normativa que determine dicha emergencia y determinando el organismo responsable de su ejecución y control.

”Solicitamos igualmente, que la Legislatura y el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometan para que durante el lapso fijado para la vigencia de la Emergencia Patrimonial se promuevan instancias de debate y se encuentre una solución consensuada que otorgue un marco legal efectivo para preservar zonas completas de la ciudad en el marco de una planificación y gestión sostenible.”

Como se ve, muy simple: congelar la situación, debatirla democráticamente, involucrar a los vecinos, escuchar a alguien más que a las empresas de construcción. El manifiesto será presentado esta semana en el “velorio” organizado por los vecinos al lindo petit hotel de Callao 924. El que quiera unirse puede mandar sus datos a ba[email protected], diciendo simplemente que pongan su firma en la lista.

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Montevideo 1250, con su fachada francesa y el cartel que avisa de la suspensión judicial.
 
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