[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Era cuestión de tiempo para que la impunidad de la especulación inmobiliaria terminara en muertos. El derrumbe del martes pasado reúne todos los elementos concretos y simbólicos de la situación en Buenos Aires: una obra denunciada varias veces en la que los inspectores nunca ven nada, una empresa cortando costos de un modo suicida, un edificio –antiguo, nada menos– que se cae. Y todo para hacer una torre.

Mauricio Macri privilegió la especulación inmobiliaria desde la Jefatura de Gobierno porteña y nombró en el puesto clave a un incondicional de esa “industria”: el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain. Esta semana, ante el escándalo de tres muertes, Macri echó al director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, Raúl Ríos, luego de percibir al fin que no tenía la capacitación que demanda la ley para el puesto. Será difícil ilusionarse con que Chain siga ese camino, porque el ministro es de teflón y está perfectamente capacitado para lo que le encargaron.

Chain era un desconocido hasta llegar al ministerio y su único mérito evidente es su cercanía a Macri. Como arquitecto, hay que juzgarlo por su pertinaz mal gusto a la hora de aprobar o decidir obras públicas. Basta visitar las plazas frente al Cementerio de Recoleta para ver su pasión por los materiales descartables –ama las bochas de cemento, de las que se ensucian en cosa de semanas–, o recordar su plan para semipeatonalizar Defensa.

El “ala política” del PRO estuvo bastante tiempo desconcertada con Chain, un hombre impermeable a la noción de hacer política. Con el proyecto de Defensa logró un motín en San Telmo, con vecinos luchando a brazo partido y presentando amparos “para que no se haga una obra pública”. Chain concluyó que el problema es que en ese barrio “son todos peronistas”, seguramente sin saber que su partido lo había ganado en las elecciones. Inmediatamente trasladó el proyecto al barrio Segurola, cuyos vecinos también organizaron una asamblea de repudio a que sus pasajes apacibles se transformaran por capricho del ministro. Finalmente, Chain se calmó semipeatonalizando Reconquista y anunciando que hará lo mismo con Suipacha.

Este nivel de cabotaje lo muestra en su peor luz posible, pero como ministro de Desarrollo Urbano el hombre algo tiene que desarrollar. Sin embargo, Chain es muy hábil en su tarea central: la de garantizar la impunidad de la especulación inmobiliaria. Y es además un sofista digno del ágora, siempre listo con una lógica falluta para justificar hasta los muertos de esta semana.

Cada vez que hay un problema en la Ciudad, por ejemplo una obra clandestina, Chain o su secretario Héctor Lostri, que es su versión pulidita, explican serenamente que “no se puede tener un inspector en cada esquina”. Esta semana, con absoluta impavidez, Chain detalló que “para poder controlar en forma permanente todas las obras” se necesitarían “12 mil profesionales, que es toda la currícula de arquitectos de Buenos Aires”. Lo de “currícula” uno espera que sea un error del periodista que recogió la declaración y que el ministro haya querido decir “matrícula”...

Como sea, Chain sabe perfectamente que no es necesario tener 12 mil inspectores parados en 12 mil obras para que estas cosas no pasen. Basta con tener leyes más rigurosas, multas que se hagan sentir y algunos inspectores más, ideas que se ocupó de cajonear rigurosamente.

Por ejemplo, con las inspecciones de patrimonio de la Ley 1227. Esa pobre ley fue minuciosamente cajoneada por Silvia Fajre en tiempos de Ibarra-Telerman –para que la reglamentaran hizo falta un amparo de la entonces diputada Teresa de Anchorena– y el objetivo de cumplirla quedó para la siguiente gestión. Entre otras cosas, la 1227 mandaba redactar una modificación del código urbano para proteger edificios catalogados y punir las demoliciones clandestinas. La sucesora de Fajre como secretaria de Patrimonio, Josefina Delgado, redactó un muy buen código y hasta logró que lo firmara su ministro, Hernán Lombardi, persona con una verdadera fobia a los problemas.

Cuando lo vio Chain, lo trató como los ingleses al Graff Spee. De ninguna manera iba a permitir Desarrollo Urbano que Cultura tuviera inspectores, y menos que se les cobrara multas a los colegas inmobiliarios. La humillación fue tal, la muestra de poder tan clara, que Delgado se dedica desde entonces a no cruzarse más con el ministro y prefiere viajar a congresos de literatura, su especialidad.

Más sutil todavía fue la transformación del Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales de esperanza del patrimonio a máquina de liberar parcelas para demoler. El CAAP recibió poderes especiales de la Legislatura para decidir si cada pedido de demolición de edificios anteriores a 1941 procedía o tenía que ir a los legisladores para su eventual catalogación. Chain, con Lostri actuando directamente, dio vuelta el mecanismo metiendo el “entorno” de cada edificio en la movida. Así se podían liberar –la frase es “desestimar”– cientos de edificios para su demolición, creando una rentable base de datos para la especulación inmobiliaria. Entre sus funcionarios propios –Susana Mesquida–, los de Cultura –que votan como si fueran de Chain– y los de algunas instituciones que votan como si estuvieran en un seminario de arquitectura en Francia, el mecanismo funciona como un sueño.

Y el tema de los inspectores es ejemplar. Chain jamás habló de hacer la inversión de crear una herramienta que liquidara la evidente impunidad que reina en la Ciudad. Tampoco se movió jamás para iniciar un cambio de leyes o al menos para elevar las absurdas multas, que no se indexan desde hace años. Los derrumbes, las faltas de seguridad en el trabajo, los atajos para bajar el costo, son punidos con cifras tan absurdas que hasta en el remoto caso de que a uno lo sorprendan, resulta más barato curar que prevenir.

La anomia es tal que llega a la comedia. En ediciones recientes se contó en m2 el caso de la demolición clandestina que se está llevando a cabo en la calle Sánchez de Bustamante casi Pacheco de Melo, en el viejo asilo de San Vicente de Paul. Ante las denuncias de vecinos, el defensor adjunto del Pueblo, Gerardo Gómez Coronado, inició una actuación y se comunicó con la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, que le garantizó que visitarían el lugar. Tardaron trece días en aparecer y cuando lo hicieron, se retiraron sin hacer nada porque un portero no los dejó entrar. Y si no invitan a entrar, no se puede hacer nada, pese a que por las ventanas se puede ver que el edificio está siendo demolido sin permiso.

Este estado de cosas le parece feliz a Chain. Esta semana, el ministro dijo que la obra estaba “en perfecto estado” en la mañana de la tragedia. Para Chain, lo que pasó fue que llegaron con “una máquina absurda” que quiso hacer el trabajo apurado. Lo que no dice, pero sabe, es que éste es un caso trágico de lo de siempre: recortar costos con garantía de impunidad, ya que el ingeniero a cargo de la obra sabe que las multas son nimias y una clausura, algo remoto. La aparentemente dura sanción de quitarle la matrícula por quince años al titular de la obra también es falluta: la Justicia siempre las declara ilegales, por violentar la libertad de trabajo y porque la Ciudad en realidad no tiene ese poder.

Como el ministro sabe perfectamente de quiénes es el ministro, jamás habla de lo que podría solucionar el problema. La dureza hacia sus patrones especuladores no entra en su temario mental.