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La reunión fue apretada y breve: los asesores de las comisiones de patrimonio y de cultura de la Legislatura se vieron el martes al mediodía en una sala pequeña del tercer piso, con los salones mayores tomados por la comisión que investiga las actividades del jefe de Gobierno. Los funcionarios estuvieron rodeados por un grupo silencioso e intenso de interesados en el tema del día, con Basta de Demoler en pleno, Mónica Capano –que tiene a cargo la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural porteña y es la voz más cuerda en el CAAP–, la Defensoría del Pueblo porteño en la persona de Laura Weber, asesora del ombudsman adjunto Gerardo Gómez Coronado, y Proteger Barracas, entre otros. El primer pico de tensión pasó rápido, cuando los asesores acordaron enviar a los diputados, que se reúnen este martes, la renovación de la ley 3056 por un año y sin modificaciones. El diputado Eduardo Epszteyn quiere modificar la ley, mejorándola y mucho, pero quedó en claro que no habrá tiempo de hacerlo en las muy escasas sesiones que quedan. En el despacho de Epszteyn entienden que si la ley se cae el 31 de diciembre, el festejo de Año Nuevo de cientos de avivados será un festival de demoliciones...

Por las dudas, Basta de Demoler empezó el viernes de la semana pasada una original movida de lobby a los legisladores. En la página de la organización puede encontrarse una carta para enviar a cada uno de los miembros de la Legislatura porteña, apoyando la extensión de la 3056. Basta rellenar las casillas con nombre propio, DNI y dirección de mail para que Basta de Demoler las reenvíe. Abajo del texto hay un espacio para agregar comentarios propios, que no deben ser chuscos. El texto principal avisa a los legisladores que los que quieren cuidar el patrimonio están mirando el reloj, pero que “también cuentan las horas los especuladores, los creadores de fondos fiduciarios, las inmobiliarias que aconsejan esperar un poco más porque en enero ya se podrá demoler indiscriminadamente”. Ya salieron cientos de estos mails para la Legislatura y realmente convendría que fueran miles. El sábado pasado, los de Basta de Demoler aprovecharon La Noche de los Museos y realizaron volanteadas. Entre los acompañantes estaban dos visitantes especiales, Marcus y Anne Binney, miembros de Save the British Heritage, tan encantados con el estilo de militancia local como espantados por la falta de leyes.

El FOT

El segundo punto tratado en la reunión fue también rápido: la decisión de enviar a los diputados la ley de transferencia de FOT presentada en su momento por Anchorena y Asinelli. Esta ley puede tener un impacto formidable porque es capaz de cambiar la misma lógica económica del negocio inmobiliario, además de liquidar una de las mayores mentiras de los vándalos. La transferencia de FOT implicaría acabar con un currete de vieja data y ponerles dinero en el bolsillo a los dueños de piezas patrimoniales. Sucede que cuando se construye en la ciudad real, raramente se respetan las alturas reglamentarias. Buenos Aires no tiene un código racional sino una suerte de pergamino raspado y vuelto a escribir de década en década, con todo tipo de anomalías y excepciones. Así, es bastante común que un edificio termine con mayor altura de la permitida teóricamente por el simple hecho de que sus vecinos, construidos en otras épocas, son más altos.Hasta ahora, estos metros de más resultan gratuitos, con lo que el erario público les hace un lindo regalito a sus socios inmobiliarios. La nueva ley eliminaría esa prebenda, ya que habría que comprar esos metros en el mercado virtual. Ahí entra el dueño de una pieza patrimonial, que pierde, al protegerse su casa o edificio, la chance de ser él también un pirata inmobiliario y especular con la destrucción de su pieza. La nueva ley crea un trámite por el cual se certifica la diferencia entre lo que hay construido y catalogado, y lo que podría construirse en ese lugar si no se protegiera el edificio. Estos metros, que no serán edificados allí, se transforman en un valor transable: pueden venderse para construirlos en otro lugar. Quien quiera enrasar o aprovechar cualquier truquito del código tendrá que comprar estos metros potenciales en el mercado y “pagar” con ellos la excepción.

La idea es popular entre los que entienden de negocios porque crea ese objeto tan interesante, un bien nuevo. El Banco Ciudad, inmediatamente con la ley apenas en proyecto, mostró su interés en estrenar ese mercado. Como los metros virtuales tienen que certificarse ante profesionales y con un trámite formal, se crea además una nueva actividad laboral. Y quien tenga o compre un bien patrimonial no necesita destruirlo para ganar dinero, ya que puede vender el potencial sin necesidad de piqueta y demolición.

Mientras, en Barracas

Los vecinos de Proteger Barracas están festejando. El maltratado barrio ganó una dura batalla al convencer al nefasto CAAP de que no permitiera la demolición del Círculo de Obreros de Santa Lucía. El Círculo está cerrado, cubierto con una mampara de mal pronóstico, pero en absoluto es una ruina. Su desgracia es alzarse sobre la avenida Montes de Oca, donde se está construyendo mucho y el Código permite irse a las alturas. El CAAP es inmensamente sensible al argumento monetario y casi lamenta los metros “perdidos” en cada preservación. Con lo que costó que aceptara no “desestimar” al Círculo. Los barraquenses se plantaron y el CAAP tuvo que hacer algo raro: pasar el tema de una sesión a otra. Finalmente aceptó recomendar la catalogación a la Legislatura.

Los sapitos

Iba a ser una de esas obras para quedar bien en un año electoral, para inaugurar con foto y sonrisas. Pero al genio del urbanismo Daniel Chaín nada parece salirle bien en esta urbe injusta y peleona que no lo entiende. Su proyecto para realizar pasos bajo nivel en decenas de calles que cruzan vías –o no cruzan, pero ahora cruzarán– desató una revuelta que ya abunda en amparos y está generando una serie de audiencias completamente hostiles al gobierno porteño. Una vez más, este gran arquitecto se reveló como un inventor de opositores.

El problema es que el gobierno porteño piensa menos que sus gobernados. Hacer pasos bajo nivel eliminando barreras en la ciudad es un bien absoluto para los que van por la calle y también para los trenes, que pueden ir más rápido y seguros. Pero una cosa es hacer pasos bajo nivel y otra es “sapitos”, esos tunelcitos mínimos para automóviles, que son más baratos y rápidos, pero de dudosa utilidad porque no permiten el paso de colectivos. Los vecinos lo entendieron instantáneamente. Para peor, Chaín cree que lo que él ve, los mortales comunes ni lo adivinan. Por ejemplo, que él dejaba intactas las barreras en avenidas, pero abría sapitos en calles laterales para que los automovilistas no tuvieran que esperar. Mortales y todo, los que viven en esas calles entendieron que les iban a llenar la vida de autos en lugar de hacer obra seria.

Ya hubo cinco amparos, sólo uno rechazado, y las audiencias públicas para cada obra muestran una preocupante tendencia a crecer: los vecinos se anotan de a veinte, llevan hinchada y aplauden a los suyos, ante los nervios de los legisladores oficialistas. Chaín hasta cometió el error de enviar a su socio comercial y segundo en el ministerio, Héctor Lostri, a una entrevista con una jueza por uno de los amparos. Lostri tiene la misma idea de su lugar en la vida que su jefe, con lo que le terminó espetando a la magistrada que “esto no es una reunión de consorcio”. Consta en actas que a la jueza no le gustó nada ser tratada así. La cosa terminó con una orden de la Justicia de presentar por escrito una justificación de las obras a realizar.

El defensor adjunto del Pueblo, Gerardo Gómez Coronado, fue invitado a varias de estas reuniones, se anota en las audiencias públicas y hasta fue convocado por los jueces para que explique sus críticas al proyecto. Como el hombre tiene un sentido común de lo más robusto, ningún juez se le enoja.

En América también

Si alguien todavía piensa que el patrimonio es una cuestión chica y local, que hable con los que siguen estos temas en Estados Unidos. Resulta que Buenos Aires ya es un caso de estudio, por la violenta contradicción entre las actitudes de los funcionarios y la militancia abierta de los vecinos, peleando por cerrar el vacío legal. Esto, resulta, se cae de viejo en todas partes, atrasa medio siglo y recuerda peleas de la década del ’50 o del ’60.

Para hablar del caso, la Universidad de Massachusetts en Amherst invitó al editor de m2 a dar una clase y una charla abierta en su escuela de Artes y Arquitectura. En esa escuela, el profesor Max Page da una muy original cátedra de preservación, muy concentrada en comparar situaciones y batallas por el mundo. Los alumnos vienen siguiendo de cerca el caso porteño, entre otros, y las actividades se centraron en hablar de política: de leyes, de votos, de lobbies, de actitudes de ciertos funcionarios, de modelos de hacer dinero con la ciudad real. Como se ve, para nada en el nivel abstracto de las cosas.

Curiosamente, lo que terminó de revelar el bajo nivel de la política porteña no fue un tema de patrimonio, ya que los norteamericanos pasaron por situaciones similares a la nuestra y tienen ciudades arrasadas para mostrar. Lo que nadie podía creer era que una urbe como Buenos Aires no reciclara su basura ni tratara sus aguas, y que el tema no estuviera en la plataforma de ningún aspirante en serio a gobernarla. A partir de que eso quedó en claro, los alumnos realmente empezaron a entender en qué estamos por acá.