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En una reciente visita a Jujuy, invitado por la arquitecta Elena Bardi, directora de Preservación de Patrimonio del gobierno de la provincia, pude comprobar el profesionalismo de los funcionarios y el compromiso de todos los actores involucrados la preservación patrimonial. La intensa jornada de trabajo incluyó reuniones con el intendente Raúl Jorge, que sorprende por su conocimiento y compromiso con el tema patrimonial. Es arquitecto y cuando era concejal fue el autor de la ordenanza de protección de los edificios valiosos de la ciudad. Tener a la máxima autoridad política del municipio comprometida con la defensa del patrimonio cultural es algo que no sucede a menudo y que los jujeños deben aprovechar para resguardar sus edificios y ponerlos al servicio de una política de promoción del turismo y de desarrollo sustentable.

En las reuniones de trabajo también participaron la ingeniera Mónica Boero, secretaria de Planificación provincial, los arquitectos Alicia Abdala, de la Dirección Provincial de Arquitectura, Pedro Ramos, secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, Raúl Cheli de la secretaria de Turismo y Cultura, cuyo titular Jorge Noceti estuvo ausente con aviso, la arquitecta Inés Pemberton, coordinadora de Patrimonio y Museos de la provincia y delegada de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, entre otros funcionarios y especialistas.

También estuvo, y es otro dato llamativo si lo comparamos con las posturas de su par porteño, el presidente del Colegio de Arquitectos Horacio Alcaraz. Demostró que su presencia no era de compromiso, porque prestó la sede del colegio profesional para una de las reuniones e instó con vehemencia a sus colegas a trabajar velozmente para que el año próximo se sancione la demorada ley de patrimonio cultural provincial.

Para quienes estamos acostumbrados a las peleas entre Cultura y Desarrollo Urbano, que en la ciudad de Buenos Aires sólo se ponen de acuerdo para demoler, fue alentador ver sentados a la misma mesa a funcionarios de las áreas de planificación urbana y patrimonio de la provincia y de la municipalidad, actualmente administradas en un caso por el peronismo y en el otro por el radicalismo. Eso reafirma que la cuestión del patrimonio es transversal y puede y debe ser gestionada en forma compartida por los distintos niveles de la administración sin distinción partidaria. El principal desafío que enfrenta hoy Jujuy es revitalizar el patrimonio de la ciudad que aún se conserva, y para ello ya hay varios proyectos interesantes en marcha.

Destacan la consolidación de toda una manzana patrimonial en la que un 75 por ciento de los inmuebles son propiedad del Estado y están dedicados a la actividad cultural; la recuperación de fachadas en algunas cuadras que poseen conjuntos patrimoniales homogéneos; la restauración del antiguo mercado que todavía conserva intactos su estructura y los puestos con mesadas de azulejos y mármol –con esos espesores que ya no se consiguen ni en Carrara–; la revitalización del viejo predio de las lavanderas al lado del río; la próxima apertura al público de la refuncionalizada Casa Macedonio Graz; la restauración de las esculturas de Lola Mora con el asesoramiento del Instituto del Restauro de Roma; y la implementación de un plan para morigerar el acceso vehicular al centro, medida acertada que sigue la tendencia internacional.

El efecto de la revitalización del patrimonio de la capital seguramente permitirá cumplir un gran objetivo que las autoridades jujeñas tienen bien claro: recuperar para sí los beneficios económicos que genera esa gran maravilla natural y cultural que es la Quebrada de Humahuaca, y que en la práctica se quedan en Salta porque allí llegan y pernoctan la mayoría de los turistas que visitan la zona.

El municipio también debe enfrentar un serio y difícil problema que es la saturación de carteles publicitarios en la vía pública, que en algunos casos ocupan el espacio aéreo más allá de las aceras, invadiendo hasta a la mitad o más la línea de la calzada. Las marquesinas ocupan grandes porciones de las fachadas, escondiendo tras de sí maravillas arquitectónicas y desvirtuando el paisaje urbano, algo que debería sonrojar a los gerentes de marketing de las empresas que los colocan, muchas de ellas sucursales de marcas nacionales y multinacionales.

Entre los más groseros están las publicidades de Claro, Garbarino, Bonafide, Ambito Financiero, Etam y Fravega, que deberían pedir consejo a sus colegas del banco Citi, que son expertos –luego del affaire Teatro Opera– en eso de arruinar campañas de publicidad por atentar contra el patrimonio cultural.

La gestión de la Quebrada de Humahuaca, área declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, es otra de las cuestiones que afectan a la provincia porque allí deben acordar con el gobierno nacional. Ni la glamorosa designación internacional, ni su declaratoria como Monumento Histórico Nacional logran detener los actos de barbarie patrimonial, como el cometido por el sacerdote de Tumbaya que, según denuncian expertos locales, mandó a repintar una talla del siglo XVII con pintura al aceite y pretende construir un tinglado en el patio de la iglesia del pueblo, que data de 1796.

La otra gran deuda es la sanción de la ley de patrimonio provincial elaborada en 2004 cuando la diputada Carolina Moisés –que participó de la reunión– presidía la Comisión de Educación y Cultura. En aquel momento convocó a un equipo interdisciplinario para elaborar el proyecto que comentamos la semana pasada, y que seis años después sigue teniendo una calidad y vigencia destacables. Los funcionarios y especialistas presentes en el encuentro realizado en el Colegio de Arquitectos expresaron la voluntad de unir esfuerzos para que esa ley sea sancionada y dos días más tarde hizo lo propio el Foro de Profesionales de Jujuy –que aglutina a los presidentes de todos los colegios profesionales de la provincia–, a instancias del titular de arquitectura.

El texto consensuado originalmente, más contundente que la versión despachada en la comisión legislativa de Educación y Cultura este año, incluye un órgano de aplicación autónomo, rentado y profesional con dependencia directa del gobernador. También le otorga a la autoridad patrimonial el poder suficiente para enfrentar los intereses económicos desmedidos y la ignorancia, los dos principales enemigos del patrimonio.

Si se le incorporan mecanismos de participación ciudadana, de protección preventiva y se incrementan las multas, será una ley impecable. Los presentes prometieron volver a reunirse en marzo para darle impulso y seguramente, con tan amplio y variado consenso, lograrán que los diputados jujeños cumplan con su obligación de legislar.

* Lic. en Relaciones Internacionales. Magister en Gestión Cultural. Docente del Master en Gestión Cultural en la Universidad de Alcalá de Henares y del Programa de Conservación y Preservación del Patrimonio Cultural en la Universidad Torcuato Di Tella, http://facundodealmeida.wordpress.com