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El caso de La Cuadra y su vecina La Imprenta bien pueden pasar a la historia como un leading case en el que la rápida reacción de los vecinos y los políticos cambiaron la rutina de nuestra ciudad. Ambos edificios son evidentemente históricos pero están ubicados en una zona, atrás del Hipódromo, de alto valor inmobiliario. Son calles sobresaturadas de torres, donde ya no entran los autos ni la luz, el tipo de urbanismo construido por los especuladores y sus socios en el gobierno. Era rutinario que se destruyeran estos dos edificios para hacer otra torre y, por supuesto, el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales mostró su blandura y autorizó las demoliciones. Entonces llegaron los vecinos.

Lo que pasó fue rápido y tuvo como escenario la Legislatura porteña, que les pasó por encima a los blandengues del CAAP y catalogó ambos edificios. De hecho, hubo una lluvia de proyectos de catalogación, declaración legislativa y clasificación como sitio histórico. Ocho diputados de seis bloques –¡seis bloques!– firmaron y consiguieron un amparo que parara la piqueta. La Imprenta terminó catalogada en primera lectura (faltan las audiencias públicas y el segundo voto) con nivel cautelar, La Cuadra con nivel estructural y este jueves se votará que ambos lugares sean un bien cultural de los porteños. Fue tal el diluvio, que el CAAP reabrió el expediente y descubrió que ambos edificios tienen valores sociales, cambiando su fallo de “desestimado”.

Ahora vino el contraataque, de mano del autor del proyecto y cabeza de la firma que lo desarrolla, el arquitecto Natalio Churba. El arquitecto hizo una presentación este martes en la reunión de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, que tiene media hora abierta a personas que quieran hablarle. Lo de presentación es literal, ya que Churba llevó imágenes, recorrió con orgullo su carrera y explicó lo que él ve como la justicia de su causa. No impresionó mucho a los diputados, pero tuvo sus treinta minutos de fama. Democráticamente, Guillermo Blousson habló en nombre de los vecinos, rebatiendo a Churba.

No fue lo único que hizo el arquitecto, que evidentemente es un empresario experimentado y sabe cómo moverse. Aunque el proyecto está congelado y no tiene planos aprobados, la firma pagó las tasas que corresponden por adelantado. Un especialista legal en estos temas consultado por m2 de inmediato se sonrió y explicó: es una manera de “hacer el terreno” para una demanda futura. Churba no tiene derechos adquiridos para hacer esta obra, con lo que intenta ir creándolos.

Por otro lado, el arquitecto contrató a un lobista para hacer lo suyo. En el Palacio Legislativo vieron aparecer la inconfundible figura de bastón del ex embajador Diego Guelar, que “intervino” ante varios diputados para matar la catalogación. Curiosamente, Guelar preside la Fundación Banco Ciudad, que entre sus objetivos tiene el de impulsar buenas políticas urbanas. La cercanía hasta física entre Banco y Legislatura haría hesitar a más de uno de ejercer de lobista, pero no parece ser el caso.

Más curioso aún es un argumento esgrimido por Guelar ante los diputados, que por sus actos podrían tener que responder con sus patrimonios privados por el “daño económico” que sufriría Churba. ¿Será abogado el ex embajador? Si lo fuera, sería interesante que explicara cuándo se abandonaron los fueros que protegen a legisladores –y funcionarios– de este tipo de chicanas. Hasta el más lego sabe que los actos de gobierno no son judiciables, a menos que sean corruptos, que no es este caso.

Para ver a qué niveles llega esta comedia, basta ver la imagen de la tapa de esta edición, un render del proyecto presentado por el mismo arquitecto Churba. Como se ve, el frente de La Cuadra “se salva” y queda como una maqueta bajo una mole de hormigón –Churba es, como Alvarez, partidario de la masividad– para hacer de entrada. Terminada la reunión, alguien le preguntó a Churba cómo iba a hacer para entrar las enormes maquinarias necesarias para la obra por el portón de La Cuadra.

Lo que respondió el arquitecto dejó helados a todos: La Cuadra será demolida para la obra y luego se construirá una copia, cuando ya no moleste.

Bajo la plaza

Los vecinos de la avenida Pueyrredón, reunidos ahora en una Asociación de Amigos, festejaron la paralización de las obras bajo la plaza Emilio Mitre ordenada por el juez Roberto Gallardo. Al conceder el amparo a los vecinos, Gallardo tuvo algunas frases realmente interesantes en su fallo. Por ejemplo, subrayar que “el medio ambiente no es una abstracción, sino que representa el espacio vital del que dependen la calidad de vida y la salud de los seres humanos”. O sea, que es algo que tocamos y recorremos cada día.

La bronca vecinal y los problemas que está teniendo esta obra se deben en realidad a la chapucería del gobierno porteño, que encaró la obra baratita y mal. A nadie le preocupa crucialmente que en Pueyrredón y Las Heras haya una estación de subte y un estacionamiento subterráneo. Parte de las cocheras serán fijas, para residentes, pero la mayoría serán por horas, de modo que se pueda llegar en auto hasta ahí y seguir en subte al Centro. El problema es que se talaron a lo bestia los árboles de la plaza, añosos y grandes, para ahorrarse la excavación más complicada que se hizo por ejemplo en la plaza Libertad. Este pichuleo público es incomprensible en un gobierno que no tiene problemas en gastarse, a una cuadra de la Emilio Mitre, cien mil dólares en una microplazoleta invisible...

Este miércoles 13 se realiza una audiencia pública con las partes en el juzgado, lo que incluye a los demandantes patrocinados por María Carmen Arias Usandivaras, de Basta de Demoler, al presidente de la constructora Criba SA –que seguramente podrá explicar solventemente por qué se talaron los árboles en lugar de cavarles por abajo, con ayuda de otro citado, la “experta” que contrató, ingeniera Marta Saintotte–, al procurador porteño y al hombre del puente rosa, el ministro de Ambiente y Espacios Públicos Diego Santilli.