Quienes siguen este suplemento y los dolores del patrimonio porteño habrán visto la transformación de un sello de goma en una herramienta de defensa de edificios anteriores a 1941. La Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico y Cultural es una entidad mixta del Ejecutivo y la Legislatura porteña que por diez años no sirvió para nada. Pero hace dos años, desde su asiento en esa otra entidad dudosa, la Comisión Asesora en Asuntos Patrimoniales, empezó a molestar ciertos intereses que buscan despejar terrenos ocupados por edificios patrimoniales. En este diciembre se vencen los mandatos de quienes representan a la Legislatura y el PRO va por todo.

En este juego de comisiones es fácil marearse, pero el hilo es que el CAAP tiene mandato para revisar todo pedido de demolición o remodelación de edificios construidos antes de 1941. Complaciente como pocos y desprolijo en las legalidades, el CAAP se encontró un día con una nueva representante de la otra comisión, la Cpphc, que se llama Mónica Capano y terminó hasta indignada con la funcionalidad del ente a ciertos intereses.

El jueves 17 de noviembre, el PRO primereó presentando un proyecto de ley para nombrar nuevos miembros de la Cpphc que significa anular esa comisión y entregarla a los lobbies. El autor del proyecto es el saliente diputado oficialista Patricio Di Stefano, que como preside la Comisión de Patrimonio de la Legislatura sabe exactamente de qué se trata el tema.

La maniobra oficialista es transparente. La parte que representa al Ejecutivo en la Cpphc es, por supuesto, oficialista. La forman cuatro empleados del Ministerio de Cultura porteño, una empleada de la Comisión de Cultura legislativa y el arquitecto José María Peña. Que una comisión dedicada al patrimonio tenga a Liliana Barela, que es la única directora general de Patrimonio del planeta que discursea en público contra el patrimonio, o al director general de Legal y Técnica de Cultura Alejandro Capato, ya deja desolado a más de uno.

Pero Di Stefano propone nombres que terminan de cerrar la anulación de la Comisión como defensora del patrimonio edificado. La Legislatura nombra a quien preside la Cpphc, con el cargo de secretario general, y es tradición que el puesto sea para la oposición. Pues el saliente diputado quiere nombrar a su propio asesor, Luis Gómez, que se puede asumir es como mínimo votante del PRO. El nombre que sigue es el del actual director de la Comisión de Cultura, Edgardo Ibáñez. Esto crea un ruido enorme: Cultura y Patrimonio tienen que analizar y votar el proyecto de Di Stefano. ¿Qué recomendarán Ibáñez y Gómez?

Tanto oficialismo se completa con la abogada Andrea Arrillaga, asesora del PRO, y con Luis Fernando Tornquist, licenciado en Administración de Empresas y asesor de la diputada Marta Varela, también del PRO.

El proyecto de Di Stefano no fue bien recibido ni por sus colegas de bancada, sensibles a ciertas tradiciones políticas. El aluvión de reacciones contrarias de las ONG por el patrimonio terminó de posponer el proyecto, que iba a ser tratado sobre tablas este jueves y se pospuso para el próximo. El diputado Juan Cabandié ya presentó un proyecto alternativo que propone darle un segundo mandato —ad honórem y para que pene peleando— a Mónica Capano y completar la Cpphc con un gesto brillante: Santiago Pusso de Basta de Demoler, Antolín Magallanes de la Fundación por La Boca, la conocida abogada patrimonialista Ana María Bóscolo y Osvaldo Guerrica Echeverría, de los amigos del Parque Tres de Febrero.

La opción es aberrante de simple: o se desactiva un foco de molestias para los intereses y lobbies de la especulación inmobiliaria, o se sostiene un esfuerzo que ya salvó decenas de edificios y les hizo la vida mucho más difícil a los “distraídos” que permiten demoler.