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Este martes hubo reunión conjunta de asesores de tres comisiones de la Legislatura, evento no tan común. La reunión tuvo vecinos airados –airados y a los gritos– junto a momentos de papelón y otros de gran tensión. El PRO puso mucha de su carne en el proverbial asador para tratar de colar por tercera vez un proyecto muy rechazado: el de concesionar bares en las plazas y parques de nuestra ciudad.

El actual gobierno porteño tiene una muy fuerte vocación por usar el espacio público común para otros fines, poblando las plazas de estaciones de salud, alquileres de bicicletas o aparatos de gimnasia. Esta vocación expresa un malentendido fundamental: que el espacio “vacío” es un desperdicio. El modelo mental del macrismo parece ser el del country club, lugar-jardín donde no hay realmente espacios “vacíos” porque no hacen falta. Todo ese verde que uno ve está compuesto de jardines privados, o sea con uso, de estacionamientos o de canchas de golf, también de uso particular (y el que lo dude, que pruebe irse a caminar por uno sin que los golfistas le griten que se corra). Lo único que no tiene etiqueta utilitaria es el raro recorte que no “sirve” para venderlo como lote o para ser parte de otra cosa. Es lo que suele pasar con alguna cañada o arroyo, alguna curva natural difícil de mensurar, que quedan para mirar, “desperdiciados” y con arbolitos.

Todo esto cierra en el entorno del country porque todos tienen su jardín privado, su plaza a medida. Pero en una ciudad casi nadie tiene un jardín o al menos un patio, y si lo tiene es pequeño. La plaza y el parque son los lugares donde se comparte un jardín, donde el habitante urbano puede estirarse mentalmente y no ver paredes tan de cerca. Esto requiere espacios “vacíos”, cosa que el macrismo parece incapaz de entender y lo lleva a tapar lo más posible con hormigones.

Nada de esto apareció por parte del oficialismo en la reunión del martes, que unió a los asesores de Desarrollo Económico, Presupuesto y, por supuesto, Espacio Público. El plan del gobierno es conceptualmente débil y abunda en tonteras pomposas como decir “centros de hidratación continua” en lugar de “bebederos”. Los vecinos reunidos para el evento terminaron coreando “archivo, archivo” para ver si se libraban del asunto de una buena vez.

Marcelo Magadán, el arquitecto especializado en restauración, fue uno de los que hablaron en la reunión, y señaló una serie de falluteadas. Como hacen tantas veces para distorsionar sus obras –sea para disimular lo que pagan o para que no parezcan tan graves–, las cifras presentadas estaban curiosamente recortadas. Por ejemplo, se consideraba que los bares se conformaban por el localcito en sí, los baños y el espacio de solario, olvidando convenientemente que también se asigna un espacio para poner mesas y sillas.

Para peor, los bares no estarían solos sino que formarían un conjunto con la estación de bicicletas y la estación de salud, con lo que la cuenta es pesada: 20 metros cuadrados como mínimo para el bar, 30 para los baños, otros 30 para el container de la estación de salud, otros 20 para las bicis, más 50 para acomodar 9 mesas con por lo menos 36 sillas, 50 para el solario y reposeras, y 100 para los aparatos de gimnasia. Total, 300 metros de edificios o superficies tratadas. Estos espacios, como se entiende, no van a estar pegoteados unos a otros, con lo que conservadoramente se puede calcular que habrá otros 300 metros cuadrados de circulaciones, accesos y simples espacios entre cosa y cosa.

La plaza porteña típica tiene una manzana, o sea 10.000 metros cuadrados, con lo que un conjunto de 600 ciertamente se verá con claridad y no será algo fácil de disimular.

El defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, se preocupó por esto mismo y le envió una nota al presidente de la comisión de Espacio Público, diputado Oscar Zago, con copia a su colega José Luis Acevedo. Gómez Coronado expresa su rechazo a que se instalen estas “áreas de descanso, esparcimiento y servicios” en cualquier espacio verde de la Ciudad menor a las dos hectáreas. De hecho, el defensor adjunto señala con alarma que la ley hasta los permitiría en bulevares de por lo menos veinte metros de ancho y en plazoletas, y que si las plazas son mayores a la hectárea típica se podrá concesionar más de uno con un límite de... ¡cinco en total!

Como los parques y plazas son “el ámbito en que se desarrolla la vida social” de los porteños, Gómez Coronado pide que se abandonen las concesiones en todas las plazas menores a dos manzanas, que no se hagan en el parque Tres de Febrero porque ya hay bares y baños, y que en todos los otros casos se consulte con las comunas y con los vecinos. El defensor del Pueblo recuerda así que, según el primerísimo artículo de la Constitución porteña, la Ciudad es una “democracia participativa” y que además ya tenemos comunas electas.

Un tema que ni llegó a discutirse es el potencial abuso visual al que pueden llegar estos “centros”. El notable mal gusto público que reina llenaría muchas de las 210 plazas de la Ciudad de kioscos mal pensados, sin la menor relación con lo que los rodea y probablemente baratos, cementosos y cuadrados. Si a esto se suman los containers amarillos de bicis y estaciones de salud, el pastiche puede ser inolvidable. Y si se coloca al frente al ministro de Espacios Públicos, el desastre es seguro.

Es que el ministro Santilli no sólo no sabe nada de su cartera sino que tiene una fuerte resistencia a cumplir las leyes que regulan la estética de algunos espacios de la Ciudad. Un ejemplo fue su remodelación de la plaza Bolivia, en Libertador y Olleros, planeada y licitada en el mejor estilo Reconquista peatonal. Cuando le señalaron a Santilli que la plaza es parte del Parque Tres de Febrero y por tanto tiene que seguir la ley que regula su equipamiento y estética –farolas de estilo, bancos de madera y metal, senderos de ladrillos molido–, el ministro montó en cólera. Finalmente tuvo que aceptar que la ley es la ley y cambiar el equipamiento.

Con esta mala onda, tendremos un problema y eso es lo que la movilización vecinal busca evitar.

SENADORES

El tema del patrimonio está creciendo al nivel de la política nacional. Esta semana, los tres senadores por la Ciudad de Buenos Aires le dirigieron una carta al defensor general de la Ciudad para pedirle que cree un área especial dedicada al tema en su entidad. Esta es una novedad importante, porque esta Defensoría va directo a la Justicia porteña y puede presentar cargos contra funcionarios.

La nota que recibió el defensor Mario Kestelboim está firmada por María Eugenia Estenssoro, Daniel Filmus y Daniel Cabanchik, que afirman recoger el pedido de “muchas” ONG al respecto. Lo que piden en concreto es que se forme en la Defensoría una “unidad especial” dedicada a la vigilancia y defensa del patrimonio. La nota va acompañada por las firmas en adhesión de un bosque de organizaciones sociales y barriales.

Es notable que los tres senadores, por el oficialismo y por la primera minoría, firmen juntos, lo que muestra lo abarcador del tema en nuestro distrito. Y es también notable que así se abra una puerta para evitar los abusos actuales y la coronita para los que quieren demoler.

EN FLORIDA

El miércoles hubo un “té” en la puerta de la Confitería Richmond, que lleva un año cerrada y está hecha una lástima. El encuentro reunió a varias ONG, a la diputada María José Lubertino, a Mónica Capano y a una notable cantidad de periodistas. El reclamo fue el de siempre: que el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, encuentre una solución al cierre de la confitería y bar notable. De hecho tiene el encargo de hacerlo por parte del juez que interviene en la causa.

Pero Lombardi dice una y otra vez que el Estado “no tiene derecho” a limitar la propiedad privada y su uso, postura tal vez correcta, pero llamativa en un funcionario del área cultural, que podría poner el énfasis en otros aspectos. Por ejemplo, en que “mucha de nuestra literatura y de nuestra poesía fue sentida y escrita en los cafés de Buenos Aires”, como escribió él mismo para el mapa de distribución gratuita con el recorrido de los cafés notables.

Lombardi, a no olvidarlo, no es un hombre de la cultura sino del turismo. Si cierra o no un café histórico no tiene para él demasiada importancia intrínseca porque no se pierde nada tangible, excepto en aquellos que ya están en el circuito turístico, como el Tortoni. En la última edición del mapa mentado se destaca el párrafo de la Ley 35, que define a un Café Notable como a uno “relacionado con hechos o actividades culturales de significación; aquellos cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local le otorgan valor propio”. La Richmond cae plenamente en esta definición, que por algo era oficialmente notable.

La nueva edición del mapa tiene una confesión abierta de cómo ve Lombardi el tema. Quien lo abra verá un mapa de la Ciudad con sus subtes, barrios y cafés notables, marcados con un código y una lista. Dar vuelta el mapa permite ver una suerte de poster de fotos pequeñas con los 73 bares de la ley. Y también una novedad: en blanco y negro, nueve fotos de bares desaparecidos. Esta sección se llama “Notables que ya no están” y es una confesión de impotencia. La Richmond está ahí, junto a la Queen Bess, otra reciente pérdida en aras del respeto a la propiedad privada.

De paso, el mapa es editado, con escuditos y todo, por Patrimonio e Instituto Histórico y por la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés Notables. La titular del Instituto es Liliana Barela quien, pese a sus constantes discursos, termina siendo una disciplinada defensora del derecho a alquilar locales que eleva Lombardi.

DE LOCOS

Mauricio Macri tiene como objetivo personal mover el gobierno porteño al sur de la Ciudad, pero a su manera. Políticamente hablando, el líder del PRO sólo entiende una industria, la inmobiliaria, con lo que esta movida no tiene demasiada gesta, apenas cálculo. El lugar elegido es un par de hectáreas en el Hospital Borda, donde se levantarán tres edificios arquitectónicamente olvidables, pero óptimos para el verdadero objetivo, levantar los valores inmobiliarios de la zona y ganar mucho.

Hay un detalle que el macrismo no percibió o, lo más probable, percibió pero no como un peligro. Sucede que el Borda es Monumento Histórico Nacional, protegido por ley federal, con lo que la idea de recortarle un buen pedazo de su parque, demoliendo su muro perimetral y demoliendo alguno de sus edificios, entra en plenísimo orsai nacional.

Este tema es, por supuesto, alzada de la Comisión Nacional especializada que preside el arquitecto y ministro de Obras Públicas de Daniel Scioli, Juan Martín Repetto. Como hasta ahora no se oyó ni una palabra de la entidad, las ONG reunidas este jueves como Red de Instituciones y Vecinos decidieron, entre otras cosas, dirigirle una carta pidiendo que en forma urgente se involucre. El macrismo es hábil a la hora de dividir y reinar en el ámbito porteño, pero con un mínimo de voluntad política se pueden frenar sus negocios desde la esfera nacional.

Este encuentro fue un éxito, con los vecinos de Plaza Italia, Floresta, Caballito, Parque Centenario, San Telmo, Villa Roccatagliata, Perú House, Diagonal Sur, Juan B. Justo, Floresta, Lago de Palermo, Recoleta, Barraca Peña, Abasto, varios comuneros y varias asociaciones porteñas discutiendo formar agendas concretas para defender el patrimonio, frenar las torres, hablar de infraestructura y de calidad de vida.

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