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Todo lo que protege el patrimonio se debe a la movilización de los vecinos, con muy escasos políticos y rarísimos funcionarios que perciban que los tiempos cambiaron. Es una de esas áreas en que el Estado va atrás de los ciudadanos y no distingue entre intereses creados y asesoría profesional. La maltratada ciudad de Tucumán acaba de mostrar un ejemplo clínico de cómo están las cosas, con sus vecinos logrando que su comisión local de patrimonio diera marcha atrás en un permiso de demolición y después perdiendo la partida por razones oscuras.

El caso es el de la casa Sucar, que se alza en uno de los arbolados bulevares de la ciudad, Salta 532. La casona es uno de esos deliciosos bichos argentinos de un eclecticismo abandonado y encantador. Es una quinta urbana de perímetro libre en medio de un amplio jardín, básicamente italiana, pero decorada con herrerías y moldurado muy al estilo Art Nouveau español. Fue diseñada en 1923 por Luis Lucena y según la completa ficha de la Universidad Nacional de Tucumán, la ornaron dos italianos llamados Perinotti y Colotti, parte de la alegre invasión de constructores que tanto nos dejó. La casa tiene un remate escultórico, una reja perimetral muy linda y vitrales notables, y para mejor forma un conjunto con otras dos de similar porte que se destacan esa cuadra de la avenida Salta.

Los clientes eran los Barbieri, que en 1939 se la vendieron a los Melhem. Fue su hija Hortencia quien se casó con un Sucar, nombre que terminó prendiendo. La casa está en perfecto estado de conservación, bien equipada y cuidada, porque en 2003 fue comprada por la Fundación Lucci, que invirtió en transformarla en su sede central. Pero la inversión no fue disfrutada por mucho tiempo, porque el señor Lucci murió y a sus hijos y herederos se les ocurrió lo de siempre: como en Buenos Aires, como en todas partes, decidieron hacer una torre.

Y ahí estalló la oposición.

El año pasado, los vecinos descubrieron que la casa Sucar no estaba catalogada ni protegida por la ley local de patrimonio. Con buen tino, los patrimonialistas señalaron que eso era una omisión del Estado y no una cuestión permanente. De hecho, la avenida Salta está en el casco histórico de Tucumán, declarado Ciudad Histórica por dos leyes nacionales y una ordenanza municipal. También le cabe a la casa la ordenanza 1773/91, de Preservación de Bienes de Interés Municipal y Componentes del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico. Y la Sucar está incluida desde el año 2000 en el Inventario de Sitios y Edificios de Valor Patrimonial como un Bien de Interés Municipal.

De inmediato hubo presentaciones al Ente de Cultura, con la llamativa punta del Colegio de Arquitectos de Tucumán que, al contrario de sus colegas porteños, fue claro y alto en un comunicado de su presidente, Juan Ramazzotti. El escándalo fue tan grande que radicales y demócratas cristianos pidieron un amparo a la Justicia afirmando que “la demolición sería ilegal y violatoria de derechos de los que son titulares todos los habitantes de la provincia de Tucumán”. El pedido fue durísimo con la firma Viluco, que había solicitado el permiso de demolición el 23 de diciembre de 2011: “Resultan ilegales, irrazonables, ilegítimas e inconstitucionales las actitudes de los propietarios actuales o nuevos, visibles u ocultos, con la intención de pretender demoler dicha propiedad”.

Con lo que no extraña que la Comisión de Patrimonio se reuniera el 13 de enero de este año, de emergencia y llamando a miembros que estaban de vacaciones. La reunión fue breve y en poco más de una hora emergió Mauricio Guzmán, presidente del Ente de Cultura y también de la comisión, para decir que la casa quedaba protegida bajo la ley 7500 por seis meses, prorrogables a nueve. La decisión se comunicaba a los dueños, a la municipalidad y a todo ente que tuviera que ver con permisos de demolición y construcción porque “la protección preventiva lo que hace es suspender cualquier tipo de modificación del bien que va a ser declarado patrimonio mientras tanto se sustancien todos los pasos para la declaratoria. La Comisión y la sociedad consideran que la casa Sucar es un bien de interés cultural y lo que se intentará es equilibrar los intereses privados con los de la comunidad. Acá hay una voluntad de la Comisión de cumplir con su trabajo y una preocupación de la sociedad; me parece muy saludable que la sociedad reconozca su patrimonio, que se haga cargo de él”.

Las declaraciones del funcionario coincidieron con una movilización frente a la casona, donde unos doscientos preservacionistas hacían el aguante. La protesta se transformó en fiesta y baile, con vecinos de todo el barrio prendiéndose felices. Lo que había dicho la comisión parecía tan tajante que todos se fueron a casa satisfechos.

Pero resulta que no era así: hoy se cumplen los nueve meses máximos de la medida de protección y hace tres días que la comisión anunció que no va a proteger la casa Sucar. Esta vez no hubo documento, no hubo Guzmán hablando en público –según La Gaceta de Tucumán, “estaba en una reunión” y no pudo hablar– y no hubo explicaciones. Lo que trascendió fue medio pavote, que a nadie se le ocurría qué hacer con la casona y Tucumán no tiene fondos para expropiarla y hacer un centro cultural.

Con lo que es muy posible que al leer esto, este sábado 13 de octubre, la piqueta se esté cargando una pieza patrimonial de primera agua y arruinando un conjunto. La idea anticuada, jovatísima, de que para preservar el Estado tiene que expropiar sirvió de excusa una vez más para permitir un negocio privado a costa de la propiedad social.

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