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Este enero con tantas peleas y polémicas generadas por el macrismo en funciones tiene otro caso más en el que, por escrito, quedó demostrado que el problema es la indiferencia hacia los vecinos. El 17 de enero, el defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, tuvo que intervenir ante el pedido de los vecinos de Caballito. Los vecinos, formalmente encabezados por Beatriz Oller, recurrieron a la Defensoría que preside Alicia Pierini porque el gobierno porteño los ignoró olímpicamente. Y el defensor adjunto descubrió que los funcionarios involucrados tenían orden por escrito de anunciar sus actos, debatirlos con los vecinos y buscar consensos.

El caso es el del pernóstico “puente provisorio” sobre las vías del Sarmiento que quieren erigir a la altura de la calle García Lorca. El puente es una rareza de diseño, una gran U muy cerrada que se estira una cuadra entera por encima de las vías y que termina implicando algo así como seis veces la distancia a cruzar en línea recta. En la Ciudad defienden este diseño con el argumento de que hacer un puente convencional –pavotamente le dicen “clásico”– significa anular las calles media cuadra antes y media después del cruce en sí, para lograr el ángulo de rampa. Pero no dicen nada sobre la enormidad del objeto a construir, un socotroco masivo cuya base estará a más de cinco metros de altura.

La obra se hace bajo el expediente 1560402/12 y queda encargada a AUSA, la firma de autopistas que se complace en llenar la ciudad de esos horrendos cartelones electrónicos. La idea es que se pueda cruzar desde Yerbal a Bogotá sin barreras, con lo que se termina armando un puente de partes de hormigón de 370 metros de largo, con dos carriles. A este masivo objeto se le agregan dos puentes peatonales, uno sobre Gainza y otro sobre García Lorca, ambos de 150 cm de ancho, que se suman al peatonal ya existente, que no se demuele.

Un factor que nadie menciona en expedientes y proyectos es la fealdad supina del objeto a construir, además del enmarañamiento del espacio visual y el ruido que generará al elevar los autos a más de cinco metros de altura. Como estamos en un micromundo de ingenieros, lo único que importa es “que el tránsito fluya”. El 14 de noviembre, el proyecto obtuvo su Declaración de Impacto Ambiental, que explica que el puente se inscribe en “el marco del Plan de Movilidad Sustentable y los objetivos del proyecto serían mejorar el flujo vehicular en la zona, disminuyendo tiempos de recorrido, aumentando la cantidad de viajes y descongestionando arterias; generar un cruce de vías seguro tanto vehicular como peatonal y mejorar la conectividad peatonal”.

Lo que en ninguna parte se menciona tampoco es que la idea de hacer un puente “provisional” –que se afirma puede ser reciclado y utilizado en otra parte en el futuro– se debe a que las vías del Sarmiento van a ser soterradas, con lo que no se puede hacer un túnel. Es curiosa esta situación: ¿para qué hacer un puente en un lugar donde se va a soterrar la línea? Los vecinos escuchados por Gómez Coronado van más lejos y acusan al proyecto de crear una nueva barrera para el tránsito, una nueva barrera entre el lado norte y el sur del barrio, y un problema nuevo, ya que el puente estará habilitado sólo para autos livianos. Al cerrar la barrera existente, los camiones y todos los vehículos más pesados que un coche deberán dar una larga vuelta para cruzar, simplemente transfiriendo la congestión a otro cruce.

Respecto del cruce peatonal, lo que señalan los vecinos y recoge el defensor es casi surrealista: el puente de discapacitados implica un recorrido de casi 250 metros, y el de caminantes algo más de 100, más una escalera de casi dos pisos de altura.

Los vecinos están además bastante enojados porque absolutamente nadie les preguntó qué opinaban, ni tan siquiera les avisaron de la obra. Lo mejor del asunto es que Gómez Coronado encontró que los funcionarios que redactaron el Informe de Impacto Ambiental les habían recordado por escrito a sus colegas de función sus deberes hacia la comunidad. Es en el inciso 2.6, claramente titulado “Acciones De Consulta, Información y/o Divulgación a la Población (Capítulo 9 del Estudio)”, donde se indica que AUSA tiene que realizar las siguientes acciones:

- Elaboración de cartillas explicativas para la población circundante en general sobre los alcances del proyecto. Información particular a los habitantes de las parcelas frentistas al proyecto.

- Campañas de prensa para difundir información sobre las mejoras que genera la obra y la tecnología a emplearse.

- En caso de apertura de un conflicto social, pondrá en práctica mesas de diálogo con los grupos sociales involucrados.

Absolutamente nada de eso se cumplió: a principios de este mes que ya termina simplemente apareció un obrador en el lugar donde se hará el puente, sin siquiera poner un cartel que indique de qué se trata.

Si hubieran hablado y consultado, AUSA y los funcionarios porteños habrían escuchado ideas como la de dejar en paz el paso a nivel sobre García Lorca, mejorando su señalización y vaciando la calle con el simple expediente de prohibir estacionar y hacer cumplir la prohibición. Para acoger más vehículos, los vecinos proponen que se hagan tres puentes, uno hacia el norte sobre Espinosa y otro hacia el sur sobre Morelos, más uno sobre Honorio Pueyrredón. El defensor adjunto agrega la posibilidad de correr el puente hacia la estación Caballito, aprovechando que hay espacios libres del lado sur y canchas de tenis, del club Ferrocarril Oeste, del lado norte. Esto evitaría que los que viven frente al lugar de la obra se encuentren viviendo ante una suerte de miniautopista.

La actuación termina con la recomendación al presidente de AUSA, el ingeniero Gustavo Matta y Trejo, para “considerar la modificación del proyecto del puente provisorio de la calle Federico García Lorca, evaluando la posibilidad de emplazarlo hacia la estación Caballito, es decir, entre las calles Federico García Lorca y Rojas”. También se le pide que vuelvan a pensar los pasos peatonales para “disminuir su recorrido y verificar el cumplimiento de la legislación vigente en relación con la accesibilidad al medio físico”. El 17 de febrero, por ley, el ingeniero tiene que responder a estas preguntas.