El actual gobierno porteño tiene todo un discurso de verde que te quiero verde, pero ya nos costó muchas hectáreas de espacios públicos y nunca, ni en la gestión Macri ni en la actual, puso un vintén para crear una plaza nueva. Ni siquiera espacios como la Manzana 66, en Once, que piden a los gritos ser plaza conmovieron al solemne cocodrilo del bolsillos municipal. Parece que para los socios y entenados del macrismo no es negocio construir plazas, con lo que el verde queda para otra vida.

Lo que ocurre es que se aplica a nuestra ciudad una estricta lógica de negocios, donde se busca el “progreso” expresado en facturación y se le da toda la ayuda posible a la industria amiga en estos momentos de crisis y pocas ventas. La zona de los Silos de Dorrego reúne como una síntesis estas dos líneas de trabajo larretista, con la pérdida de la placita Biro -transformada en un vulgar mercadito privado- y con una muestra de impunidad para los especuladores que tiene a los vecinos conversando.

La historia comienza hace un par de años, cuando comenzó una gran obra en la esquina de Dorrego y Amenábar. Los vecinos pidieron y consiguieron un amparo porque la obra se iba de reglas en dos aspectos. Por un lado, prometía usos prohibidos por la zonificación de un barrio residencial, y por el otro se iba de altura ferozmente. La idea era construir un inmenso bloque de cien metros de largo y once pisos de altura, un Muro de Berlín en un rincón porteño todavía más de casas.

Por supuesto, el emprendimiento tiene un nombre tontón creado por algún marketinero, el Quartier Dorrego, y por supuesto tiene subsuelos de cocheras. El terreno es un sector del colegio salesiano que se alza ahí desde hace muchísimos años, cuando ese barrio era obrero, mucho antes de su gentrificación actual. El amparo resultó en una orden de paralización de la obra, con la justicia permitiendo sólo cuatro pisos, los que ya se habían construido, de acuerdo a la zonificación y al FOT que rige. La empresa constructora discutió con un bizantinismo llamativo: iban a “reunificar” las parcelas con el colegio y usar el FOT de toda la manzana. La jueza del caso nunca entendió cómo se “reunificaban” parcelas de dueños distintos -salesianos y privados- y cómo esa maniobra garantizaría que no se superara el FOT de toda la manzana. Como para que todo terminara en comedia, en medio del caso los salesianos empezaron a ampliar su colegio, usando más FOT...

El caso fue apelado y la Cámara porteña sostuvo en septiembre del año pasado el fallo original, diciendo tersamente que el FOT -la superficie a construir- debe calcularse sólo sobre el terreno en cuestión y no sobre una manzana que no le pertenece al emprendimiento. También repite que si hay cambios de algún tipo, como que compren otro terreno vecino como para poder aumentar el FOT, tienen que volver a hacer el trámite de rehabilitación. Y recuerda que las costas del juicio y los gastos de adaptar el edificio a la legalidad, “incluyendo posibles demoliciones”, corren por cuenta exclusiva de la empresa.

Aparentemente y en una ciudad donde se respeta la ley, eso sería el final del tema, con un edificio inaugurado con cuatro pisos, cocheras y locales que respeten la zonificación. Pero esta la Buenos Aires en su noveno año de macrismo, con lo que en estos días se está volcando hormigón, ya no se ven los carteles de clausura y los obreros van y vienen agrandando el edificio. Los vecinos empezaron a preguntar qué había pasado y recibieron respuestas que rozan el surrealismo.

La primera fue que la empresa había comprado “los derechos aéreos” de la iglesia y con eso le alcanzaba. El instrumento, llamado FOT virtual, existe de hecho pero no de derecho: fue tratado por la Legislatura exclusivamente para edificios catalogados, pero el macrismo mató la idea. De hecho, nunca se creó el instrumento legal para comprar y vender ese aire que pasaba a ser escriturable y transable, negocio que le había interesado mucho al Banco Ciudad. Con lo que es simplemente imposible que el edificio de Dorrego y Amenábar se construya comprando el aire de una iglesia que ni siquiera está catalogada. La segunda explicación fue que varios vecinos habían desistido de la demanda, cansados o comprados. Los vecinos se preguntaron entre sí si habían cobrado algo y todos lo negaron, y de hecho la titular de la demanda sigue indignada con el tema y no desistió de nada.

La explicación del caso es posiblemente más simple y burocrática: alguien volvió a poner en marcha un trámite, aprovechó para reactivar la obra entretanto, cosa de crear un hecho consumado, y leyó bien la blandura del gobierno municipal, muy reacio a mandar inspectores y hacer clausuras. Si los vecinos no denuncian ante la justicia que se sacaron las fajas y se volvió a trabajar, se pueden construir un par de pisos más. Y digan lo que digan los jueces, hasta ahora nunca nadie tuvo que demoler un piso de más.

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