Este miércoles y jueves se realizó en la UMET el primer seminario sobre Extractivismo Urbano, una manera de pensar los problemas de nuestras ciudades que encontraron la Fundación Rosa Luxemburgo y el CEAPI aplicando conceptos ya probados en temas de megaminería y agricultura con venenos y transgénicos. Fue una ocasión importante porque es raro que la izquierda tome la agenda urbana como tal y porque este ángulo de pensamiento crítico al negocio extractivo resulta un aporte de claridad. Simplemente permite entender mejor qué anda pasando y por qué, en un proceso caótico y de a pedazos que puede parecer accidental.

Cada jornada tuvo tres mesas, arrancando con una sobre derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, otra sobre las consecuencias del modelo extractivo en las ciudades, otra sobre conceptos del problema, otra sobre género, una sobre la resistencia a este proceso y una de cierre con los modelos de construcción de ciudades más igualitarias, con el invitado de honor, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro. El miércoles ya anocheciendo se hizo la mesa sobre conceptos con el abogado y militante ambientalista Enrique Viale, la escritora Gabriela Massuh –formidable estudiosa de los negocios urbanos del macrismo– y el editor de este suplemento.

Viale arrancó definiendo el modelo extractivo como el que se concentra en la manera más simple de enriquecerse, la que consiste en arrancarle a la tierra recursos naturales sin mirar los costos. Así como la tierra se entrega a la soja y la minería, la pata urbana del extractivismo es la entrega de los espacios verdes, del espacio aéreo y de las mismas calles a los que hacen negocios y ven nuestra ecología urbana como una oportunidad y nada más. Este proceso deja al vecino afuera a menos que se convierta en cliente y transforma a todo edificio en un objeto transable, una inversión y no una vivienda. “El comportamiento del capital en las ciudades es idéntico al de Monsanto o al de la Barrick”, definió Viale, lapidario.

Es por esto que el macrismo presenta como éxito el número de metros cuadrados construidos y el aumento de su valor monetario, dejando de lado que estas ganancias son privadas pero los costos son sociales. Este modelo no soluciona ninguno de los problemas de nuestras ciudades –hacinamiento, crisis de vivienda, falta de verde, densidades absurdas– y redefine todo espacio no construido como un vacío sin uso, un hueco en la trama cuyo valor monetario no fue realizado. No extraña que los shoppings terminaran como nuevos lugares de encuentro pero sólo entre pares sociales: al shopping entran clientes que pueden consumir, a la plaza va cualquiera y se encuentran personas diferentes.

Massuh, a su vez, ilustró esta tendencia contando el desopilante caso de un especulador con experiencia en torres porteñas que desembarcó en Posadas. Lo que atrajo al negociante a tierras misioneras fue el bajo valor de la tierra y los códigos de construcción laxos, y tal vez una cierta virginidad ante la constante sanata de su gremio. El hombre se presentó como un “experto en real estate” y explicó su proyecto de torres de lujo con ammenities como una necesidad “de inversión” para los misioneros a los que les va bien pero no tienen “opciones”. Lo que subrayó Massuh fue que en ningún momento se habló de vivienda o ciudad, apenas de invertir en un commodity de hormigón.

Este hambre de tierra, señaló la escritora, explica que no sólo se haya perdido espacio verde en la ciudad sino que se hayan vendido, concedido o enajenado 180 hectáreas de tierra pública en Buenos Aires durante la gestión macrista. Para darse una idea de la escala de los negocios, Puerto Madero entero tiene 190 hectáreas de superficie... Este proceso se puede acelerar por la vergonzosa creación de la Agencia de Bienes de la Ciudad, con poderes para vender o concesionar cualquier propiedad pública “al norte de la avenida San Juan”, que pasó por la Legislatura sin mayores problemas.

El final fue una triste recorrida por algunas consecuencias de esta lógica financiera aplicada a la ciudad, como el desarme efectivo de la capacidad de policía en temas que hacen a la construcción. Este proceso, señaló el editor de m2, explica por qué mueren obreros de la construcción: es más barato arriesgar las consecuencias y pagar luego que hacer las obras complejas que evitarían estos accidentes. Un sector económico que sigue estas lógicas no se inmuta cuando se habla de privatizar la ciudad, vender lo público y dejar afuera a sectores enteros de su población.