No es un pedido de auxilio, ni un pedido de limosna: este pedido de normas de trato está basado en principios del Derecho internacional, en particular sobre los Principios de Yogyakarta (2006). Fue el 3 de mayo de 2010 cuando el entonces presidente del Inadi, Claudio Morgado, visitó Tucumán y se anunció con bombos y platillos la firma junto al rector de la Universidad Nacional de Tucumán de un compromiso para trabajar contra la discriminación. A partir de ese convenio, la ONG Crisálida, que trabaja a nivel local, presentó por mesa de entradas un pedido de normas de trato a favor de alumnas y alumnos con identidades de género trans. Durante meses, ese pedido presentado en el expediente 613/10 durmió el sueño de los justos en algún cajón de la universidad.

Según Gustavo Díaz Fernández, presidente de Crisálida, “pasados los meses y habiéndoles dado tiempo prudente a las autoridades, decidimos volver a darle impulso y nos encontramos con que el expediente había sido desarmado en partes y enviado a diferentes dependencias, desapareciendo hojas y anexos. Lo reconstruimos y pedimos su pronto tratamiento”. La estrategia de Crisálida fue impulsar pedidos en cada una de las facultades en las cuales tenían conocimiento de la existencia de personas con identidades trans, más de treinta y cinco alumnxs en ese momento. Además ampliaron el pedido de aplicación de normas de trato al personal administrativo y no docente de la universidad, previendo la existencia de personas trans con aspiraciones a ocupar esas funciones.

Pero el contexto tucumano es complicado. Los activistas que viajaron a San Miguel para las audiencias previas a la aprobación de la ley de matrimonio igualitario aún recuerdan las agresiones vividas. Díaz Fernández explica que “es en la universidad donde se da muy fuerte ese doble discurso vigente en la sociedad tucumana, y es en estas actitudes donde queda en evidencia: estas demoras llaman mucho la atención. Al cajonear las normas de trato, la universidad muestra que está un paso atrás en la construcción de derechos”.

Este tipo de protocolos ya han sido incorporados por la Universidad Nacional de Córdoba, la del Comahue (Neuquén) y la de La Plata. “Sentimos que Tucumán está un poco olvidada de las políticas de igualdad: no somos Salta, donde se llega al extremo de la homofobia y la transfobia; pero tampoco somos Rosario, entonces nunca se tratan los temas seriamente y queda todo teñido de esta doble moral”, explica Díaz Fernández.

En marzo de 2011, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán dio su dictamen favorable a las normas de trato. En su dictamen, el director de Asuntos Jurídicos de la UNT recomendó al Consejo Superior aprobar una normativa que resuelva el problema. “Entendemos que la UTN, para ser coherente con sus objetivos como institución democrática por excelencia, debe dar impulso a todas las medidas que se encuentren a su alcance para asegurar la tutela efectiva de los derechos de todos los individuos que componen los estamentos que la integran, dentro de los lindes que imponen sus atribuciones legales y estatutarias y en consonancia con su ubicación en el entramado institucional del Estado”, sentenciaron desde Asuntos Jurídicos. Sin embargo, esto tampoco aceleró las cosas y el Consejo Superior se mantiene impertérrito.