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Viernes, 31 de julio de 2015

Saña

Asesinaron a una travesti. Asesinaron a Laura Moyano. Asesinaron a una activista, una amiga, una hermana, una chica de 35 años. ¿Hasta cuándo la sociedad desviará la vista cuando la víctima del crimen es una mujer trans? No se escuchan los reclamos masivos por justicia, no suenan jamás los nombres de los culpables del crimen, una red de encubrimiento y desidia favorece la naturalización del odio. El Ni una menos es definitivamente menos sin la letra T.

 Por Paula Jiménez España

Desde las 11 de la mañana, la cortina metálica de la Casa de Córdoba, sobre Callao al 300, está a medio cerrar. No es por duelo, aunque bien podría serlo, ya que acaban de matar con horrorosa saña a una activista de Attta en la localidad de Villa Allende Parque, límite noroeste de la capital serrana. Pero no es duelo, repito, sino miedo. La gente de la Casa de Córdoba tiene miedo de estas diez personas –ni una más– que se manifiestan este lunes sin el acompañamiento de las agrupaciones de gays y lesbianas que sí han difundido la noticia y su repudio a través de comunicados, definitivamente sin el apoyo visible del resto de la comunidad lgbtiq, sin siquiera hacer sonar una cacerola. Son sólo ellxs, silenciosxs. Una pequeña porción de la población T exhibiendo modestas cartulinas rosadas que en marcador negro explican lo obvio: “Las chicas trans no somos peligrosas, estamos en peligro”. O piden justicia: “Basta de transfobia. Laura Moyano brutalmente asesinada”. Y cuando la cortina metálica de la Casa de Córdoba se baja totalmente porque la media asta como prevención no parece alcanzar, cuatro policías se suman a la exagerada defensa institucional y ponen en la vereda altas vallas de hierro que dejan a la decena de manifestantes en la calle, literalmente en la calle, paradas sobre una rampa metálica frente a la cámara solitaria que dejó C5N al otro lado de la avenida (sólo este canal de cable más la TV Pública y Suplemento Soy cubrimos esta mañana la protesta por este femicidio, de notable indiferencia mediática comparativamente con la difusión que se les da a otros crímenes). Mientras tanto, lxs peatones y automovilistas miran con más curiosidad el look de lxs manifestantes que lo que su cartelería denuncia. Qué dicen, para qué están ahí, importa menos que su apariencia. Quizás, para algunxs de las personas que pasan, todavía y sin mella en sus conciencias de la Ley de Identidad de Género, esos cuerpos no porten una identidad sino una contradicción perceptiva, la misma que según Marcela Romero, presidenta de Attta, pudo haber querido expresar aleccionadoramente el perverso asesino de Laura cuando le mutiló los genitales: “No sos lo que decís”. Para Gian Franco Rosales, coordinador del área de hombres trans de Attta, hoy también presente en la manifestación, esa mutilación sentenciaría algo así como que “ninguna mujer merece ser portadora de un pene”. Es casi lo mismo. Un estallido patriarcal, un choque entre la biología y la percepción de género que en el punto más alto del espiral de violencia activa el deseo de aniquilación.

El odio como motivo y también como coartada

“Crímenes de odio, conspiración de silencio –definió en 2001 Amnistía internacional–. Tortura y malos tratos basados en la identidad sexual.” Eso fue, exactamente, lo que sufrió Laura Moyano, de 35 años, cuando dos días atrás fue violada, visiblemente torturada (hecho que, según Clarín, ya ha sido descartado por la fiscal Liliana Copello, quien dirige la investigación) y abandonada en una obra en construcción de su ciudad hasta ser encontrada por unos perros fisgones. No solo fue mutilada, cuenta su amiga, la conmocionada activista Nadiha Molina: también tenía golpes en la cara tan brutales que la desfiguraron, un desgarro anal y un piedrazo en la frente. Soledad agrega que, cuando tuvo que reconocerla, vio que el tabique de su hermana estaba roto y su rostro arañado. El abogado Iñaki Regueiro, de la asociación Abosex (Abogadxs por los derechos sexuales) es taxativo en su explicación sobre la naturaleza de este asesinato: “Objetivamente, hay aquí crimen de odio: lo hay siempre que el victimario elige a la víctima por su condición específica. En este caso las circunstancias resultan muy claras y la terrible saña estuvo destinada a humillar a Laura en su condición de mujer trans. Cuando surgió la campaña de Ni una menos, muchas compañeras se unieron y hablaron de travesticidios. Este sería claramente uno de esos casos”.

Nadiha Molina, que es referente de Attta Córdoba, dijo a un noticiero de la TV Pública que cuando la policía fue a buscar al único sospechoso del crimen (un hombre que salió con Laura del boliche Santa Diabla), éste, evidentemente advertido, ya había tenido tiempo de irse de su casa. Según Gian Franco Rosales, “se sabe que los asesinos no son del pueblo. Incluso se supone que uno de ellos está vinculado a la policía. Este no es un caso aislado. En Córdoba hay varias compañeras amenazadas que no se animaron a hacer la denuncia”. A juzgar por los datos que da Marcela Romero, presidenta de Attta, esta provincia se viene transformado para la población T en una de las más riesgosas: “Nosotras tenemos un mapa de alerta trans donde figura Córdoba en los primeros lugares –dice–, como también Salta, San Luis, Formosa y Tucumán, donde todavía hay represión policial. En este momento Córdoba está haciendo un retroceso fenomenal: está queriendo volver a instalar los códigos contravencionales que hace tiempo hemos logrado erradicar y que son antidemocráticos. Hay operativos de la policía, propios de la dictadura militar”.

“Es una persecución constante. Hace poco hubo razzias en esa provincia en las que se llevaron a varias personas trans. Con respecto al crimen de Laura, no podemos asegurar que la culpable haya sido la policía –agrega Gian Franco–, pero sí les exigimos que investiguen y actúen. En esa provincia, hace poco, la compañera Gabriela Estrada fue atacada por varios hombres y recibió fuertes golpes en la cabeza. Todavía no se encuentra al agresor, el caso tiene riesgo de quedar encajonado. Creemos que la visibilidad ayudará y hará que la justicia se vea obligada a continuar con estas investigaciones.” Nadiha, mudada definitivamente a Buenos Aires, confiesa a Soy que tras reiteradas amenazas que crecieron con su visibilidad pública, tuvo miedo de seguir viviendo en Córdoba y decidió irse, para resguardarse y resguardar a quienes representa. Según ella, los femicidios de mujeres trans han sido tres a lo largo de este año, pero Marcela Romero dice que no, que ya son seis. Será que hay confusión estadística hasta para la misma comunidad, porque a muchos de estos ataques, y sobre todo si no llegan a ser mortales, se los mantiene velados o en secreto. “Siempre que una denuncia situaciones de presión, no termina de modo feliz. Estamos expuestas a la vulnerabilidad y en provincias conservadoras como Córdoba resalta la presión institucional (policial). El sistema no nos da respuestas concretas. El nuestro es el único grupo social en la Argentina que tiene un promedio de vida de 35, 40 años. Nosotras pedimos que se tomen estos casos y se los visibilice como lo que son, crímenes de odio”, dice Nadiha.

Una de nosotras

El pedido de justicia adquiere una forma concreta esta mañana, cuando, pese al vallado y a la cortina baja de la Casa de Córdoba, Molina y Romero logran entrar y entregar en mano una carta donde se formaliza el reclamo y se informa a la gobernación provincial que por la tarde habrá una concentración frente al Centro de Salud de Villa 9 de julio, en Villa Allende Parque. La convocatoria será mucho más exitosa que la de Buenos Aires y la vicepresidenta de la agrupación Devenir Diverse advertirá por eldoce.tv al Poder Judicial “que no pretenda encuadrar este caso como uno más de robo de la provincia”. En pocas horas, las calles de Villa 9 de julio se verán pobladas de gente. Serán alrededor de mil personas, entre vecinxs, amigxs y familiares, las que marcharán exigiendo esclarecimiento y acompañando en su dolor a Soledad, la hermana de Laura. El desmayo y la angustia no le impedirán a esta mujer desesperada cargarse al hombro la lucha. Es ella quien se ha comunicado con Attta Buenos Aires el domingo pasado para pedir ayuda. “Mi hermana era una muy buena persona, por eso todxs la querían y respetaban”, no se cansará de repetir a los medios zonales, como si se necesitara de esta aclaración. “El barrio donde la asesinaron es donde vivía, por eso tanto conmocionó –cuenta Nadiha Molina–. Así como fue ella, puede ser cualquiera de nosotras. Que no quede en el olvido pedimos, como quedan tantos otros casos de la ciudad de Córdoba. Exponerse allí en una comisaría a denunciar es exponerse a ser un blanco de violencia. Laura era parte principal del sustento de su familia. Como nos pasa a muchas de nosotras. Casi todas pertenecemos a una familia. Estamos consternadas y no podemos creer esta situación de violencia descomunal que vivió nuestra amiga, ella era una persona que no tenía grandes conflictos con nadie.”

Más allá de este caso puntual –del que se desconoce cuál será su desarrollo futuro aunque se lo pueda presentir–, un halo de sospechosa confusión ronda, en general, las muertes de las personas trans: el asesinato de Vanesa Ledesma ocurrido en el año 2001, por ejemplo, fue archivado por la Justicia como “muerte natural” pese a que la autopsia reveló signos de torturas en pies y manos.

La complicidad institucional

“Los fiscales y los jueces tienen mucha menos presión social e incentivo para investigar estas muertes –explica Iñaki Regueiro en conversación con SOY–. Obviamente hay organizaciones que se ocupan de estos casos, pero el sistema judicial ejerce mucha presión sobre el colectivo. Y la revictimación –cuando se escusa la responsabilidad sobre un crimen con argumentos como ‘se defendió porque el cliente no le quería pagar y por ende se lo buscó’–, la revictimación, decía, impacta en la falta de investigación y en el archivo de las causas. La presión mediática en materia penal es sumamente importante y en estos casos casi no la hay. Además hay redes de complicidad institucional (policial y judicial), que ha sido hasta ahora el problema principal.”

¿Desde cuándo se considera los travesticidios como femicidios?

–Hubo en el 2012 una ley que reformó el Código Penal por la cual la identidad de género fue incluida como agravante. La ley penal argentina incluye la identidad de género como uno de los casos de violencia de género. Hace poco se creó la Unidad de Registros en la Secretaria de Derechos humanos de la Nación, allí se van a registrar casos de lesbofobia, como el de la Pepa Gaitán, y también de transfobia. La ley que define el femicidio fue posterior a la de identidad de género (el concepto de identidad de género nació para el derecho a partir de esta ley, antes no existía). La Ley de Identidad de Género dio lugar a que el femicidio incluya a las chicas trans.

¿Cuál es la pena que se aplica para los responsables de estos crímenes?

–A los responsables de estos crímenes se les aplica la prisión perpetua.

¿Qué vacíos legales hay en relación con la ley antidiscriminatoria, de la cual las compañeras travestis y trans piden la reforma urgente que la misma CHA reclama desde el año 1988?

–No estaría mal que la ley antidiscriminatoria, que es de ese año, de 1988, incluyera a la identidad de género y a sus expresiones como figuras. Sí es incluida por la ley de femicidio, la 26.791, del año 2012. La primera, la antidiscriminatoria, al ser una ley vieja y establecer categorías, la deja afuera. Por supuesto que ningún juez va a considerar que una persona trans no está incluida porque en el texto de la ley no se la mencione, pero lo concreto es que no están. Falta también que los temas específicos de trans, lesbo y homofobia sean incluidos dentro de las políticas públicas que hay actualmente contra la violencia de género. Y por otra parte, falta que se conozcan cuáles son las características de las poblaciones Lgbtti y en base a eso se las incorpore en la aplicación de las políticas.

Mientras se espera la modificación de esta vieja ley, Attta, que conoce muy bien las necesidades de la comunidad que representa, junto con la mesa de diversidad de Río Cuarto acaba de presentar dos leyes en la provincia de Córdoba que de ser sancionadas cambiarían la situación de la comunidad T; se trata de la Ley de Prevención y Sanción de actos discriminatorios (que ya ha sido aprobada a nivel nacional) y la Ley Integral de Personas Trans. “Esta ley habla de la igualdad de oportunidades, laborales, de salud, del acceso a todos los servicios, de las garantías del cambio registral –explica Gian Franco Rosales– y de varias situaciones más que resolverían un montón de cuestiones previas, porque las personas trans no somos asesinadas y violentadas solamente sino discriminadas en todos los demás aspectos. Estamos seguros que con estas leyes muchos casos no llegarían hasta la violencia y el asesinato.”

Llegado el mediodía, lxs manifestantes de Attta comienzan a retirarse del brevísimo espacio que les quedó libre para visibilizar su protesta, entre la custodia de los policías, las vallas de hierro y el tránsito imparable de Callao. En tan sólo un rato la Casa de Córdoba podrá volver a levantar su pesada cortina y hacer como si nada hubiera pasado hoy. Ni ayer. Ni tampoco el sábado pasado.

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Imagen: Agustina Guimaraes García
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