"Hay algunas obras sociales que también van a tener que explicar algunas cosas", advirtió la ex funcionaria, quien de todos modos aclaró que "no es todas las obras sociales ni son todos los dirigentes sindicales" los que están implicados en estas investigaciones.

Aclaró sin embargo que las obras sociales mencionadas como posiblemente vinculadas con los medicamentos adulterados, como la de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Aeronavegantes, Loterías y juegos de Azar, entre otras, no compraban todos sus medicamentos a "San Javier", sino sólo algunas líneas de drogas que habría que determinar.

Ocaña, en diálogo con radio Continental, también precisó que muchos medicamentos disponibles en obras sociales "no estaban adulterados pero eran robados".

Esta mañana, declaró que la "gustaria ver a muchos dirigentes sindicales, que a muchos los sé preocupados por esta temática, ponerse al frente para terminar con esta mafia, y separar a aquellos dirigentes que tratan la salud de los trabajadores en beneficio propio, y no contratar con estas empresas que todo el mundo sabe que realizan estos ilícitos".

Ocaña destacó las investigaciones judiciales que se están realizando en esta causa, y mencionó que "se está trabajando mucho" en ese sentido, y diferenció "la maniobra de la falsificación de medicamentos, que es criminal, y la maniobra de defraudación al Estado".

Por otra parte, recordó haber mantenido una "conversación dura" con Zanola, cuando éste la visitó, para solicitarle un fideicomiso.

"Fue una conversación dura, porque yo no mando decir las cosas, las digo directamente, y se ve que no está acostumbrado a que los funcionarios le digan cosas que no quiere escuchar", señaló.

"Se fue de mi despacho como había venido, se le dijo que ese fideicomiso no podía autorizarse; querían hacer que todo lo que aportaban los trabajadores bancarios fuera a un fideicomiso, y de allí el 45 por ciento fuera para pagar medicamentos, que manejaba (la droguería) San Javier", comentó.

Dijo que ese fideicomiso se trataba "más o menos sobre un aporte mensual de 18 millones mensuales, para ser comprador de San Javier y otros prestadores, que ni siquiera tenían representantes en todo el país".

San Javier, aseguró, "fue creada al sólo efecto de cambiar los nombres a partir de la aparición de los cadáveres de General Rodríguez (en el denominado crimen de la efedrina), porque comprometía mucho a esas prestadoras".