Grecia atravesó la séptima huelga general

Los trabajadores griegos de los sectores del transporte, la salud, los bancos y el comercio, además de abogados y empleados estatales de todos los ministerios y de las empresas de servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones, llevaron a cabo un nuevo paro en protesta por la reforma del sistema de pensiones propuesta por el Ejecutivo y en debate en el Parlamento. El proyecto pretende elevar la edad media de jubilación hasta los 65 años, entre otros puntos.

A la convocatoria de la huelga por parte de los sindicatos mayoritarios del sector público y privado se sumaron los representantes laborales de comercio, bancarios, abogados, funcionarios de Hacienda y del resto de los ministerios, así como también los de los servicios de agua, telecomunicaciones y del sector eléctrico.

Además de retrasar hasta los 65 años la edad en la que una persona puede dejar de trabajar y comenzar a cobrar haberes jubilatorios, el nuevo modelo que el gobierno del socialista Yorgos Papandréu planificó, y que por estos días está en debate en el Parlamento aumenta de 35 a 40 los años de cotización para obtener la pensión máxima, equipara la edad de jubilación femenina a la masculina y rebaja la cuantía media de las pagas.

Según el primer ministro griego, los cambios responden a la necesidad de reformar la economía del país, que afronta la peor crisis presupuestaria de los últimos 50 años, y que llevó a recurrir a la ayuda internacional para sortear la quiebra.

Debido al paro general que llevaron a cabo los trabajadores, el séptimo realizado en repudio al proyecto de reforma jubilatoria, cientos de vuelos internacionales y nacionales fueron cancelados o sufriron retrasos.

En tanto, las conexiones de los barcos desde la Grecia continental a las islas, así como el transporte en tren, fueron cancelados a partir de la medianoche de ayer, igual que el transporte público en todo el país.

Por su parte, los médicos y el personal sanitario de los hospitales públicos, atendieron sólo casos de urgencia, los empleados de los ayuntamientos y los policías afiliados a organizaciones sindicales.

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