› "DERECHO A LA VERDAD"

La Justicia argentina admitió como querellante a una sobrina nieta de víctimas del franquismo

Inés García Holgado podrá actuar como querellante en la causa que investigará, en la Argentina, los crímenes cometidos durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista. El tribunal de apelaciones revocó la decisión de primera instancia al considerar que se trató de delitos de lesa humanidad, donde se impone el "derecho a la verdad" para las víctimas y sus familiares, más allá del grado de parentesco.

La sala II de la Cámara Federal entendió que la ofensa que sufrió García Holgado "está directamente vinculada con la incertidumbre del destino final de sus familiares, como consecuencia del modus operandi propio de los delitos de lesa humanidad", según el fallo. Inés es sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado en julio de 1937, y de Luis García Holgado, fusilado en septiembre de 1936, y sobrina de Vicente García Holgado, desaparecido durante la dictadura franquista.

"Esta clase de crímenes constituyen violaciones de los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad cometidos de manera masiva y sistemática", agregaron los camaristas. Y en base a ello "se sostiene que las víctimas de este tipo de delitos son titulares del llamado derecho a la verdad, que es parte de un más amplio derecho a la justicia", agregó el fallo. "Bajo tales parámetros, es indudable que en estos actuados García Holgado actúa en su condición de familiar de los sujetos pasivos y que en tal carácter busca con su intervención, por un lado el castigo de los culpables, y por otro reconstruir el destino final de sus parientes", concluyó la resolución judicial.

La jueza federal María Servini de Cubría había rechazado a Holgado como querellante porque no tenía el grado de parentesco que establece el artículo 82 del Código Procesal Penal. Esta norma establece que si hay un delito que deriva en la muerte de la víctima podrán ser querellantes, es decir, actuar en la causa y ser parte en un eventual juicio, el cónyuge, padres, hijos y el último representante legal.

La misma sala de la Cámara revocó el archivo del caso dispuesto por Servini de Cubría y le ordenó seguir la investigación librando exhortos a España para corroborar si existe alguna causa penal abierta por estos hechos.

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