El siguiente es el texto completo de la declaración firmada por los presidentes:

"Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Mar del Plata, República Argentina, en ocasión de la XX Cumbre Iberoamericana, afirman: Que las nuevas tendencias, formas y manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional, especialmente de los delitos del tráfico ilícito de drogas, incluyendo al desvío de precursores químicos, el tráfico ilícito de armas, el lavado de activos, la trata de personas, así como el terrorismo y la corrupción, han generado un incremento en los índices de violencia en la región, que preocupa a nuestros ciudadanos por el impacto negativo en el bienestar, la seguridad y el desarrollo económico de nuestras sociedades.

Que el problema de la delincuencia organizada transnacional debe enfrentarse de manera coordinada, y bajo un enfoque integral y equilibrado, y con pleno respeto a la soberanía e integridad territorial de cada Estado, al estado de derecho y a la vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales de los individuos.

Que el incremento de la violencia contra migrantes por parte de las redes de la delincuencia organizada transnacional que causa innumerables víctimas, hace indispensable reafirmar el compromiso de los Estados iberoamericanos con el fortalecimiento de las acciones nacionales, con la cooperación bilateral, regional, multilateral e iberoamericana para prevenir y combatir las acciones de los grupos criminales transnacionales contra los migrantes, en sus respectivos territorios y con la adecuada atención y asistencia a las víctimas.

Por ello, conscientes de la importancia de fortalecer las capacidades nacionales, refrendan el compromiso de cooperar para adoptar medidas y fortalecer las acciones encaminadas a hacer frente con mayor eficacia a los problemas generados por la delincuencia organizada transnacional, a través del incremento del intercambio de experiencias y buenas prácticas, el fortalecimiento de los programas de prevención y control, el intercambio de información, la cooperación judicial, la asistencia jurídica mutua, el fortalecimiento de las legislaciones nacionales, de conformidad con los estándares internacionales aplicables y la evolución del crimen organizado, y el incremento de los programas de capacitación. Lo anterior, en plena concordancia con los trabajos que se llevan a cabo en el marco de los organismos internacionales con competencia en la materia, evitando con ello la duplicación de esfuerzos y maximizando los recursos humanos y financieros con que se cuenta.