La Justicia pidió un informe a provincias y municipios

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le solicitó a las provincias de Misiones, Chaco y Santiago del Estero y a cinco municipios los contratos y antecedentes que firmaron con la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.

El pedido fue realizado en la causa donde se investiga si hubo administración fraudulenta de los fondos otorgados por el Estado Nacional a provincias y municipios para la construcción de viviendas luego que ayer el fiscal Miguel Angel Osorio solicitará iniciar una investigación. El juez también solicitó los contratos y antecedentes de las construcciones a los municipios de Ezeiza, Tigre, Almirante Brown, Rosario y Bariloche.

Esas provincias y municipios surgen de la denuncia que presentó el abogado Jorge Vitale contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y la titular de Madres, Hebe de Bonafini, pero que se investigue si hubo anomalías en contratación, pagos, ejecución y calidad de las viviendas.

Pero el requerimiento del fiscal no los nombra y, por ahora, la investigación no está dirigida a ninguna persona en particular sino que "habrá imputados según lo que surja del avance de la investigación".

Por eso, el juez Miguel Angel Osorio, a pedido del fiscal, requirió a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) todos los informes que tengan de controles y auditorías sobre los contratos realizados por Madres con las provincias y los municipios. Y también le solicitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que le informe si la Fundación tiene cuentas bancarias.

La investigación también buscará determinar si una Fundación puede hacer contrataciones directas con provincias y municipios y en qué calidad estos gobiernos recibían los fondos del Estado Nacional, o sea si como préstamos o por coparticipación federal u otros mecanismos.

Esta causa tramita en paralelo a la del juez federal Norberto Oyarbide, en la que investiga al ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, a su hermano Pablo y a otras siete personas vinculadas entre sí por empresas, por presunto lavado de dinero y defraudación por el uso de los fondos destinados a la construcción de viviendas.

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