Argibay llamó a "revertir el mito de las necesidades masculinas que parecen ser irrefrenables porque se les ha puesto la característica de instinto" y consideró que es "otra manifestación del desprecio hacia las mujeres, y es por eso que los hombres se creen con derecho a utilizarlas, explotarlas, a comprarlas, a venderlas y más".

Por su parte, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) explicó que "el gobierno no debe dejarse llevar por supuestas soluciones mágicas", porque "prohibir la publicación de anuncios es una medida que sólo logra criminalizar" la actividad, expresó.

Entre los legisladores, la diputada nacional por Libres del Sur, Victoria Donda, señaló que el decreto presidencial "es una medida más que puede servir como puntapié inicial para enfrentar a uno de los delitos organizados que más dinero genera en el país y que esclaviza y somete a miles de personas, sobre todo mujeres".

La legisladora, en tanto, aseveró que la trata de personas "sólo se puede cometer con la complicidad de una parte del Estado", y recordó que en el Congreso fueron presentados en los últimos años varios proyectos de ley que nunca se trataron.

En un comunicado, Donda afirmó que es "fundamental" que las instituciones promuevan "políticas de Estado integrales" contra la trata, entre ellas enfrentar "a las bandas criminales que viven de la explotación sexual de personas a través de las fuerzas de seguridad".

Por otro lado, el diputado nacional denarvaista Gustavo Ferrari consideró que "para combatir la trata de personas es necesaria una ley integral que aborde todos los vacíos legales y no un anuncio de corte electoral".

Ferrari sostuvo que el decreto presidencial "atiende parcialmente la problemática y, lamentablemente, dilata el tratamiento de una ley" que, según dijo, el oficialismo no incorpora en el temario para ser debatida en el recinto.

En tanto, el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, indicó que la medida oficial "constituye una nueva afrenta al Congreso por parte del Poder Ejecutivo y una nueva maniobra destinada a intentar apropiarse apresuradamente de eventuales beneficios políticos en tiempos electorales".