CELS: "Un fallo que avala la arbitrariedad y la violencia policial"

El organismo de derechos humanos, que acompañó el recurso extraordinario presentado hoy por los abogados de Fernando Carrera contra el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, denunció que la decisión de condenarlo a 15 años por la “Masacre de Pompeya” evidencia "una vez más las dificultades del sistema judicial para desmontar tramas de encubrimiento en las que intervienen policías, fiscales y jueces".

"Estas dificultades derivan en la imposibilidad de hacer justicia en casos viciados de irregularidades desde sus inicios, aún cuando existe un mandato de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", agregó el comunicado del CELS.

En el texto se indica que la Cámara, en lugar de realizar una revisión “integral, exhaustiva y amplia” del primer fallo que condenó a Carrera a 30 años de prisión, eligió no seguir lo ordenado por la Corte Suprema en junio de 2012 y "optó por un camino meramente formalista en el que se resiste a poner en duda la versión policial-judicial y funciona como coartada para no desarticular esas tramas".

"El tribunal orientó todos sus esfuerzos a encontrar argumentos que desacrediten a la defensa, a la vez que ignoró e invisibilizó elementos relevantes que muestran la responsabilidad policial en el encubrimiento de las irregularidades y en el desencadenamiento mismo de la tragedia", sentencia el comunicado del CELS.

En ese sentido, el organismo consideró que "los integrantes de la Sala III desconocieron las complejidades que supone para una defensa probar sin sombra de duda las irregularidades policiales denunciadas, por lo que el proceso de revisión terminó siendo una coartada para confirmar lo ya decidido de antemano y no para hacer justicia".

Por último, el CELS indicó que "el fallo transmite el mensaje de que la impunidad del accionar policial puede ser garantizada a través de las diferentes instancias judiciales y que las resistencias para desarmar la histórica trama de complicidades policial-judicial mantienen toda su vigencia. Entendemos que este debe ser un punto central del debate sobre la democratización de la justicia".

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