En aquel documento, Gils Carbó advirtió sobre el mayor volumen de trabajo en la localidad salteña de Oran "ligado a casos de narcocriminalidad", a partir de una auditoría sobre la labor de la fiscalía federal de aquella ciudad salteña.

"La auditoría reflejó grandes dilaciones en la tramitación de las causas en el Juzgado Federal de Orán, la falta de recursos humanos y materiales de las fuerzas de seguridad que intervienen en la zona, la necesidad de dotar con mayores recursos humanos a la fiscalía y de capacitar a sus trabajadores", indica el documento.

También recomienda "la imperiosa creación del juzgado y la fiscalía federales de Tartagal -que aliviarían el cuadro de sus pares de Orán- y la carencia de unidades penitenciarias en zonas próximas, para albergar a las personas detenidas en los procesos judiciales".

"Los límites internacionales repercuten fuertemente en la tipología de delitos en los que debe intervenir la sede fiscal, ya que proliferan los relacionados con el narcotráfico, el contrabando, el uso de documentos apócrifos, infracciones migratorias, trata de personas, violaciones al régimen penal cambiario, tráfico ilegal de divisas, entre otros", indicaron los auditores.

La procuradora, en febrero pasado, tomó como medida la creación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y designó a su cargo al fiscal general, Félix Crous.