› "LO QUE HACE ES CUMPLIR CON LA CONSTITUCIóN"

Capitanich defendió a Gils Carbó y habló de "caranchos" judiciales

El jefe de Gabinete sostuvo que es "un deber y un derecho" de la Procuradora la designación de nuevos fiscales y apuntó que quienes frenaron esos nombramientos "son los mismos caranchos que buscan apropiarse corporativamente del Poder Judicial". Un grupo de fiscales publicó una solicitada en apoyo a Gils Carbó y denunció una “campaña de criminalización” en contra de la funcionaria.

Capitanich remarcó que las designaciones hechas por Gils Cabó están dentro de sus atribuciones y son necesarias "para la aplicación de la competencia específica del Ministerio Público". Además, sostuvo que los nuevos fiscales son "irreprochables en sus conductas".

En su conferencia de prensa matutina, el funcionario cuestionó a los jueces que hicieron lugar a amparos contra esos nombramientos. "¿Será, como dice la misma Presidenta de la Nación, que son los mismos 'caranchos' que se apropian de núcleos del Poder Judicial para extorsionar a los Gobiernos y a particulares?", preguntó.

El jefe de Gabinete consideró que "no es casualidad que la doctora Gils Carbó, quien goza de un prestigio académico e institucional, sufra este tipo de ataques" y dijo que "de observa que desde los principales medios de comunicación o los grupos mediáticos concentrados siempre atacan a las mismas personas".

En tanto, un grupo de fiscales denunció hoy a través de una solicitada una “campaña de criminalización” contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La nota, adelantada ayer y publicada hoy en algunos matutinos, busca salir al cruce de “las versiones que circularon en los últimos días y que cuestionan decisiones tomadas por la Procuración General de la Nación en ejercicio de sus facultades constitucionales”.

El texto enmarca dentro del sistema acusatorio que instalará el flamante Código Procesal Penal las designaciones realizadas por Gils Carbó el 30 de diciembre de 2014 y que desde el viernes permanecen suspendidas a raíz de una medida cautelar que el juez Enrique Lavié Pico impuso a partir de una presentación del diputado massista Mauricio D’Alessandro.

Entre otros, firmaron la solicitada los fiscales Daniel Adler, Dante Vega, Jorge Auat, Pablo Parenti, Abel Córdoba, Cristina Caamaño, Guillermina García Jardín y Adrián García Lois. Afirmaron que apuntan a “responder a las expresiones que se han hecho públicas recientemente a través de distintos comunicados difundidos por grupos que se arrogan una representación plural, cuando sólo enuncian intereses particulares de algunos de sus miembros”.

“Esas expresiones se suman a la campaña de criminalización de la gestión del Ministerio Público mediante el impulso de denuncias penales y constituyen una resistencia de ciertos sectores de la administración de justicia a la adopción de un sistema acusatorio, en el cual la transparencia, la oralidad, la celeridad, el compromiso, la creatividad, el liderazgo y la responsabilidad social son los valores directrices de una modera forma de persecución penal”, sostuvieron los fiscales.

En cuando a la designación de fiscales subrogantes, los funcionarios judiciales que adhieren a la nota pública indicaron que esa disposición “cumple -como siempre ha sido desde el retorno de la democracia- la exigencia de cubrir vacantes para impulsar la acción pública ante la comisión de delitos, con el fin de acusar a los responsables en nombre de toda la sociedad”. En ese marco, advierten que “sin estas designaciones, el resultado sería la impunidad, porque sólo los fiscales pueden instar los procesos penales”.

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