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Algunos rectores hablan de una extorsión que estaría ejerciendo parte del Congreso. Otros creen que sólo se trata de las presiones políticas habituales. Lo cierto es que, en estos días, dos peleas se cruzan en la relación entre las autoridades universitarias y los legisladores: la de la creación de dos nuevas universidades nacionales y la del próximo presupuesto para el sistema educativo superior. Tras un acuerdo entre la UCR y el PJ, la Cámara alta aprobó e impulsa la creación de una casa de estudios en Junín y otra en Chilecito (La Rioja). Para que ambos proyectos se concreten es necesario que se expidan los rectores universitarios. Pero la mayoría de ellos está en contra. Y el problema es que, justo esta semana, empieza a definirse en la Cámara de Diputados el próximo presupuesto para el sector.
Los proyectos de crear dos nuevas universidades fueron aprobados por el Senado en septiembre pasado, gracias a un acuerdo entre los bloques radical y justicialista. El senador Jorge Yoma (PJ) promueve la creación de la Universidad Nacional de Chilecito. Su proyecto consiste en que la nueva institución funcione a partir de lo que hoy es una sede de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR). La idea de Yoma es que la financiación provenga del actual presupuesto de la UNLaR. Cuando los senadores aprobaron el proyecto, el Consejo Superior de la UNLaR lo rechazó por “infundado” y porque “desconoce la estructura académica de la universidad proponiendo un desmembramiento inadmisible de la misma”. También cuestionó “la creación de una sede universitaria a partir de la disminución del presupuesto de otra institución”.
Impulsada por el senador Raúl Baglini (UCR), la otra propuesta es la de organizar una Universidad Nacional de Junín, cuya creación se viene postergando desde 1973. Se haría sobre la base del actual Centro Universitario Regional Junín (CURJ), una sede creada en 1990 por convenio entre el municipio local y las universidades de Buenos Aires y La Plata, a las que luego se sumó la de Rosario. El acuerdo consiste en que las casas de estudios se encargan de todas las cuestiones académicas y la municipalidad de las instalaciones y los gastos. El CURJ dicta quince carreras de grado y tiene 1652 estudiantes. En los últimos años atravesó serios problemas para cubrir un presupuesto anual que ronda los 2 millones. En 2000 y 2001 recibió un subsidio nacional de 1 millón.
La Ley de Educación Superior establece que, para crear una nueva universidad, debe mediar un informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –el órgano donde confluyen los rectores–, un informe cuyo resultado no es vinculante. En los dos casos en cuestión, el CIN se ha negado a darles trámite: hasta ahora, ni siquiera se expidió.
“Nos están extorsionando. Los legisladores nos aprietan con que, si no se aprueban las nuevas universidades, no sale el proyecto de presupuesto que enviamos al Congreso. Es un chantaje”, disparó uno de los operadores del CIN. También en diálogo con Página/12, un funcionario del Ministerio de Educación matizó: “Hay muchos rectores nuevos y es lógico que algunos vean esto como una extorsión. Pero no es así. Los senadores fueron a pedirles ayuda a los rectores para que hicieran su informe y evitaran que se rompiera el acuerdo entre radicales y peronistas. Si se rompe ese acuerdo, es claro que se va a dificultar también cualquier acuerdo por el presupuesto universitario”.
Otro hombre del CIN apuntó que los rectores no quieren facilitar la apertura de estas universidades “porque atrás se viene una andanada de pedidos: universidades para Ezeiza, Tierra del Fuego, Villa Mercedes (San Luis). Además, hay quienes quieren una Universidad Nacional de la Costa y también otra en el segundo cordón del Conurbano. Es una locura cuando no hay ninguna garantía presupuestaria”.
Mientras se resisten a los proyectos de Yoma y Baglini, los universitarios aspiran a que la Comisión de Presupuesto de Diputadosacepte –en el debate que se abre esta semana– los fondos solicitados por el CIN, cuyo monto global llega a sumar más de 2100 millones. Frente a esa aspiración, en la cartera de Educación aseguran que la ministra Graciela Giannettasio logró un compromiso de su par de Economía, Roberto Lavagna, para que el presupuesto universitario aumente de los 1800 millones actuales a unos 1990 millones. Tanto en la propuesta del CIN como en la de Educación se incluyen la restitución del 13 por ciento a los salarios recortados en 2001 y un ajuste para los gastos de funcionamiento. Pero está claro que unos y otros sacan las cuentas de diferente manera.