UNIVERSIDAD

El final del conflicto en Sociología se parece demasiado al principio

La carrera volvió a entrar en crisis con la decisión del gobierno de la UBA de exigir que se modifique su actual dirección.

 Por Javier Lorca

Sociología termina el año como lo empezó: en medio de una profunda crisis, la misma que potenció la toma del Rectorado de la UBA durante más de 40 días. El conflicto resurgió después de que el gobierno de la UBA, el Consejo Superior, desautorizara a la codirección de la carrera, una codirección que había llegado tras el reclamo de elección directa impulsado por los estudiantes. El gobierno de la universidad exige que se regularice la situación: léase, que la dirección de Sociología la ejerza una sola persona y que esa persona sea un profesor (no un auxiliar docente, como es Christian Castillo, actual codirector). El decano de Sociales, Federico Schuster, propuso que el codirector cuestionado asuma como secretario académico. Pero Castillo y el otro director, el profesor Miguel Forte, se negaron. Y la Junta de la Carrera los apoyó, además de enfrentarse con la gestión de la facultad y advirtió que se estaría “atentando contra su autonomía”.
El conflicto empezó en marzo, cuando debía elegirse nuevo director de Sociología. Según el procedimiento normal, la junta de la carrera debía proponer candidatos y el consejo directivo, designar. Pero la mayoría estudiantil exigió la elección directa del director, con un sistema que computara el voto de todos los claustros por igual para “democratizar el gobierno universitario”. La mayoría de los profesores se opuso y argumentó que “la elección basada en el principio de un hombre igual a un voto disolvería a los docentes en los otros claustros por vía del número”. Así las cosas, la junta se quedó sin quórum. La acefalía se extendió durante meses, sin que las partes cedieran. En junio, los adalides de la elección directa organizaron los comicios (sin reconocimiento oficial), del que resultó ganador Christian Castillo, docente y dirigente del PTS. Después de interminables disputas, se logró el quórum necesario en la junta para proponer una codirección, integrada por el mismo Castillo y el profesor Miguel Forte. El consejo directivo aprobó y ambos asumieron en septiembre.
Lejos de cerrarse, el conflicto siguió. Por un lado, se rompió el consejo directivo de la facultad: cinco profesores y un graduado, opositores, abandonaron el cuerpo. Por otro lado, los profesores de mayoría presentaron un reclamo ante el Consejo Superior (CS) de la UBA.
Y, en su última sesión, el CS resolvió encomendarle a Sociales que “proceda a regularizar” la dirección de la carrera. Justamente, uno de los puntos reclamados por los estudiantes con la toma del Rectorado era que la universidad no interviniera en el conflicto de Sociología. Pero la resolución del CS reafirma su propia “capacidad de decisión en cuestiones que hacen al control de la legalidad del funcionamiento de las unidades académicas”. En concreto, cuestiona que “el único cargo previsto es el de director de carrera, desempeñado por un profesor, no mencionándose la codirección..., que además se gestó como resultado de una supuesta elección directa, realizada sin sujeción a norma previa alguna, y que resultó en la designación para la codirección citada de un auxiliar docente”. Una de las bases de esa argumentación es que Castillo no tiene cargo de profesor regular (concursado) en la UBA.
La bomba estalló en Sociales. El decano Schuster intentó una salida política: propuso que Castillo pasara a ser secretario académico y siguiera Forte como director. “Era una forma de dejar todo igual y cumplir con la normativa”, confesó un funcionario. Pero la codirección no aceptó. Schuster les pidió a los codirectores que convoquen a una sesión de junta para proponer nuevos candidatos a director. Pero tampoco. La junta se reunió y expresó su preocupación por “la posibilidad de que se implementen decisiones que, atentando contra su autonomía, no hagan sino agravar aún más la difícil situación... La codirección fue una salida que destrabó el conflicto existente y que fue además votada por la mayoría absoluta de la junta. Esta salida respondió a reclamos legítimos de un movimiento democratizador.” A su vez, Forte y Castillo se enfrentaron con el CS y con el decano Schuster. “No creemos procedente convocar a la junta para autodestituirnos. No es ésa la voluntad de los electores ni de los miembros de la junta –explicó Castillo–. Además, la resolución del Consejo Superior no le ponía plazos al decano. El se apuró porque quiso hacerle un gesto al Rectorado. Ahora no hay gente en la facultad, así que habrá que esperar a que empiecen las clases para que la comunidad tome una decisión.” Para los codirectores, la resolución del CS es irregular porque se inmiscuye en las carreras, órbita de las facultades, “avasallando su autonomía”. En una declaración conjunta, agregan que cuando el CS cuestiona el cargo docente de Castillo, omite que “el mismo docente es profesor adjunto regular en la Universidad Nacional de La Plata, con lo cual cumple con los requisitos para ser, por ejemplo, rector de la UBA... produciéndose así la incongruencia de que pudiendo ser electo para el cargo de mayor jerarquía se lo impugna para ejercer uno de menor jerarquía”.

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