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El rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, aseguró a Página/12 que la crisis económica europea está provocando en España políticas universitarias regresivas, que reducen sus presupuestos y, además, limitan las garantías democráticas de las universidades públicas (ver más información en página 23). Carrillo pasó por el país para apoyar la actividad de la Escuela Complutense Latinoamericana, creada por la UCM en 2006 para extender sus lazos con la región y cuyos cursos se dictaron este año en convenio con la Universidad de Buenos Aires.

–El año pasado comenzó su gestión en la Universidad Complutense. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta?

–El reto mayor que tenemos es estar entre las mejores universidades europeas en diez o quince años, en competencia con países que hacen ingresar más dinero a las universidades. En este momento, la educación superior europea es una espacio dinámico, las casas de estudio se van posicionando de cara a ser referencia en Europa y tanto Francia como Alemania están teniendo una política activa de financiación, mientras que otros países están teniendo una política de recorte a la universidad.

–El caso de España, por ejemplo...

–Pues parece que sí. A nosotros nos dicen que esperemos cinco años a que pase la crisis y luego cogemos el tren, pero entonces el tren ya habrá pasado. La crisis repercute en determinadas políticas españolas, porque otros países han adoptado políticas de financiar la universidad pública a pesar de la crisis. La diferencia es que apuestan a la producción del conocimiento como elemento para salir adelante.

–¿Cuáles son esas políticas que llegaron con la crisis?

–Pues no se ve un incremento en la inversión hacia la educación superior. De hecho, el actual gobierno (de Mariano Rajoy, del Partido Popular) ya ha recortado los fondos en investigación. Y el gobierno regional (de Madrid) sacó una política de recortes que tiene un poco ahogadas a las universidades públicas.

–Son recortes presupuestarios, ¿y de qué otro tipo?

–Son también políticos. A finales de diciembre han sacado dos leyes de acompañamiento presupuestario, que recortan la capacidad de negociación colectiva. Además, dictaron por ley incrementos de la jornada laboral, que pasa de 35 a 37 horas y media. Recortaron los días de vacaciones y, lo que es más grave, recortaron las prestaciones por enfermedad. Lo hacen para ahorrar, pero no van a ahorrar nada, porque lo que no se paga es si la causa de la enfermedad no es laboral, pero si es laboral se sigue pagando. Entonces, si un trabajador tiene una afección cogida afuera, irá a trabajar aunque esté malo y así puede contagiar a otros diez en el trabajo y ahí sí deberán pagar. Terminan creando conflictos entre los rectores de las universidades, los trabajadores y los sindicatos.

–Con la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en 2007 se daba un plazo de seis meses a las universidades para reformar sus estatutos, cosa que no ha sucedido hasta el momento...

–Y ya van unos años. Hace unas semanas hemos presentado nuestro borrador de estatuto a la Comisión del Claustro, que se encarga de la aprobación del texto. El problema fue que el anterior gobierno de la universidad no tuvo mucho interés en adaptar su estatuto, lo que ha generado problemas en la elección de rector. De hecho, un candidato impugnó las elecciones y eso está todavía coleando. Una de las primeras cosas que hicimos fue ponernos a elaborar una modificación del estatuto y esperamos tener pronto nuevo estatuto.

–¿Cómo viven el proceso de creación de universidades privadas? ¿Observan un redireccionamiento de la matrícula hacia ese sector?

–No... Lo que pasa en general es que a las privadas suelen ir los estudiantes que no son admitidos en la pública. Pero la primera opción sigue siendo la universidad pública, por cuestiones de calidad docente y de coste, ya que no es gratuita como aquí (¡ojalá lo fuese!), pero tiene tasas accesibles. En donde sí compite la privada es en el reparto de fondos. El gobierno regional (de Madrid) pretende que los planes de becas alcancen también a los alumnos de las privadas. Una barbaridad, porque una beca de matrícula pública son 1500 euros y de una privada puede ser de 25 mil euros. Y esto pasa en todos los ámbitos de la educación, en la primaria y en la secundaria, en donde ha habido recortes de puestos de trabajo del orden de tres mil profesores.

Entrevista: Agustín Saavedra.