Las desigualdades sociales se intentan combatir con educación en los países del Mercosur. No sin señalar matices y diferencias, investigadores de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina presentaron ayer sendos informes sobre el sistema universitario de cada país, destacando la capacidad del sector universitario para mejorar las desigualdades de la región. “Estamos tratando de reparar en diez años lo que perdimos en quinientos años de historia”, dijo el brasileño José Romao, de la Universidad de 9 de Julio (Uninove). Los investigadores destacaron los programas nacionales de ayuda estudiantil y expusieron datos comparativos de cara a un análisis regional de la educación superior.

Organizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, el seminario formó parte del Programa Interuniversitario para una Política de Equidad y Cohesión Social de la Educación Superior en América latina, un proyecto cofinanciado por la Unión Europea. Con paneles y mesas de debate, el encuentro comenzó ayer y concluye hoy.

Desde la Uninove, Romao expuso lo que llamó un “breve retrato de las desigualdades sociales” de Brasil, y luego hizo lugar al “esfuerzo del sistema universitario actual” por contrarrestar esa situación. Mencionó, por caso, el Programa Universidad para Todos (ProUni) que “desde 2004 hasta la fecha incluyó a un millón de estudiantes” en el sistema educativo brasileño. Romao atacó la inserción del mercado en la universidad: “Al lograr universalizar la educación básica, el capital privado migró hacia la educación superior, uno de los mejores sitios para la aplicación del capital”, dijo. Es que Brasil tiene actualmente un 80 por ciento de su matrícula estudiantil cursando en instituciones privadas y sólo un 20 por ciento en casas de estudio estatales. Todo lo contrario sucede en la Argentina.

“El sistema universitario argentino es uno de los más inclusivos de América latina”, dijo Natalia Cóppola, investigadora de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Cóppola no dejó de advertir, no obstante, que “aún persisten dificultades para que los estudiantes de los estratos más bajos de la población ingresen en la universidad pública gratuita”. El informe presentado por la Untref señaló que “entre 2004 y 2010 el incremento presupuestario ha sido del 176 por ciento”, y que además de la “creación de universidades, mejoras en infraestructura y en el salario docente”, se impulsaron programas nacionales de becas tales como el Programa de Becas Bicentenario para carreras científicas y técnicas, el Programa Nacional de Voluntariado Universitario y el Programa de Bienestar Universitario (de tutorías).

El desafío que sugirió Cóppola pasa por reparar la “baja tasa de graduación”, sobre todo en carreras del área de las ciencias exactas y las ciencias aplicadas. De acuerdo con la investigadora, “en términos generales se gradúa alrededor del 15 por ciento de los ingresantes”. Es decir, se produce una masiva entrada de alumnos, pero “sigue habiendo dificultades en la permanencia y la graduación”. También el informe llamó a debatir la duración “real” de las carreras: la presentación indicaba que es “del 50 por ciento más que la prevista, entre 8 y 9 años de promedio”.

En Uruguay, al igual que en la Argentina, existe un dominio del sistema universitario público. Y también allí se registró “un incremento en el ingreso del sector educativo universitario”, según la coordinadora de la presentación, Adriana Marrero (Universidad de la República). Según los datos presentados por la UdelaR, única universidad pública del Uruguay, entre 2000 y 2010 la institución obtuvo un incremento de su matrícula del 30,7 por ciento, mientras que el egreso creció un 56,9 por ciento en el mismo período: “Esto significa que ha crecido en volumen y en eficacia”, señaló. Acaso por eso “no existe más que un restringido número de becas” ofrecidas por el gobierno, según Marrera. La UdelaR presentó un dato que, en líneas generales, se replica en toda la región: el crecimiento de la matrícula femenina. En 1960, el 41 por ciento de sus estudiantes eran mujeres, mientras que para el año 2007 eran el 62,8 por ciento.

La investigadora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) Clara Almada dijo que, a diferencia de la Argentina, desde el 2000 el crecimiento de la educación superior paraguaya se dio en el sector privado. De las 54 universidades que existen en el país, sólo siete son públicas. Pese a ello, destacó los programas de ayuda estudiantil, ya que son “becas y créditos que funcionan como salarios destinados a sectores vulnerables, para incentivar el acceso y la permanencia”. Paraguay creó al efecto el Consejo Nacional de Becas, dependiente del Ministerio de Educación local, y lleva adelante un Plan Nacional de Educación 2024. Con todo, Almada manifestó que “si por un lado existen políticas nacionales de educación superior, por otro se detecta la ausencia de estructuras institucionales de atención a grupos vulnerables”.

Informe: Agustín Saavedra.