Con la participación de las nuevas autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias, el comité ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevó adelante su última reunión del año. Allí discutieron temas pendientes para el próximo período y se detuvieron especialmente en la preocupación que comparten muchos rectores sobre un aspecto de la reciente modificación de la Ley de Educación Superior. Además de establecer la gratuidad de la educación superior, la reforma sancionada en octubre pasado por el Congreso fija el ingreso “libre e irrestricto” a la universidad pública, y, si bien desde el CIN aclararon que adhieren al espíritu de esa medida, señalan que el modo en que está planteado puede generar conflictos jurídicos.

La modificación de la ley, surgida de un proyecto del Frente para la Victoria, obliga a eliminar cualquier instancia que restrinja el ingreso a una carrera universitaria, ya sean exámenes o cursos. En la UBA, por ejemplo, esta norma no generó alteraciones porque el Ciclo Básico Común está incluido en las currículas de las carreras y el alumno forma parte de la universidad desde el primer día de cursada. En otras instituciones, en cambio, la instancia introductoria no tiene esas características y –de acuerdo con la postura sostenida por el CIN– hay carreras puntuales que requieren ciertos saberes previos al ingreso y a las que, amparándose en la ley, cualquier persona podría exigir ingresar sin contar con esos saberes. “Un chico puede pedir mediante un amparo ingresar a una carrera de música sin saber leer una partitura”, ejemplificaron.

En este sentido, el CIN solicitó al secretario de Políticas Universitarias, Albor Cantard, y también al ministro de Educación, Esteban Bullrich, en una reunión posterior, avanzar en la reglamentación de la ley para buscar la forma de evitar la judicialización de casos de ese tipo. Una posibilidad es diseñar un sistema parecido al CBC en todas las universidades nacionales, aunque resulta difícil pensar una modificación de esta magnitud en el marco de la autonomía universitaria, que permite a cada institución disponer de sus propias condiciones de cursada.

Mientras tanto, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) aprobó esta semana una ordenanza que ajusta su reglamento a la letra de la ley reformada. Los masivos exámenes de ingreso a la carrera de Medicina, famosos por el alto índice de desaprobación, ya no tendrán lugar. Según explicaron desde el rectorado, a partir de 2016 regirá un marco regulatorio dentro del cual las facultades podrán estructurar sus cursos nivelatorios respetando el carácter libre e irrestricto del ingreso. “No podrán tener carácter selectivo, excluyente o discriminador y serán estructurados de forma tal que, a su terminación, permitan al alumno incorporarse a cursar las materias correspondientes al primer año de la carrera”, explicaron desde la UNLP.

Respecto a la fijación por ley de la gratuidad universitaria –otro punto planteado en la reforma que tuvo lugar en octubre–, el presidente del CIN, Jorge Calzoni, dijo que están todos de acuerdo. “Incluso Cantard, y me consta porque lo hemos discutido muchas veces”, señaló a Página/12 Calzoni, quien agregó que el nuevo titular de la SPU formó parte como rector de la Universidad Nacional del Litoral del comité del CIN hasta hace algunos días, cuando dejó la universidad para asumir su nuevo cargo. Calzoni señaló que también está de acuerdo con Cantard en la necesidad de dejar de lado los sucesivos retoques y sancionar, en los próximos años, una nueva Ley de Educación Superior que reemplace integralmente a la actual. “Nos debemos una nueva ley que refleje lo que la mayoría del sistema quiere y creo que hay que hacerla lo antes posible; antes de que avancen con otras cosas, porque es evidente que se viene una nueva política en Argentina, con otras ideas”, dijo Calzoni, y agregó: “La ley que está vigente tiene que ver con un contexto político distinto como son los 90, con una concepción del Estado distinta y ahora pareciera que volvemos a algunas cosas anteriores”.

El presidente del CIN también destacó lo dicho por Cantard en una entrevista con este diario, donde el flamante secretario mencionaba la necesidad de una planificación estratégica del sistema universitario. El rector de la Universidad de Avellaneda consideró que eso es “algo novedoso en el radicalismo –partido al que pertenece Cantard– que, en el marco de la autonomía, solía negarse a este tipo de cosas”.