UNIVERSIDAD › LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS PARAN Y EXIGEN LA APERTURA DE PARITARIAS

“Ya no podemos esperar más”

La Conadu y la Conadu Histórica anunciaron medidas de fuerza antes de fin de mes, en reclamo del inmediato inicio de las negociaciones paritarias. Adelantaron que pedirán incrementos salariales del 40 al 45 por ciento.

La mayoría de los gremios que agrupan a los profesores universitarios lanzaron paros y protestas para exigirle al Ministerio de Educación la apertura de las negociaciones paritarias. Las medidas de fuerza fueron anunciadas entre ayer y anteayer por las federaciones docentes Conadu y Conadu Histórica. El principal reclamo apunta a un incremento salarial superior al 40 por ciento. También hay denuncias puntuales de despidos de docentes interinos.

“Ya no podemos esperar más. El efecto de la inflación no se puede soslayar”, dijo a Página/12 Pedro Sanllorenti, secretario general de Conadu, la federación alineada con la CTA de los Argentinos. La mesa ejecutiva de Conadu resolvió “declarar el estado de alerta y movilización” y propuso un plan de acción que incluye un paro nacional para el próximo 30 de marzo.

“Lamentamos que el Gobierno haga oídos sordos al justo reclamo de los docentes –expresó la conducción de la federación–. Tras la devaluación y la escalada inflacionaria, hay una necesidad objetiva de abrir la paritaria: hemos presentado tres notas formales al ministro de Educación, Esteban Bullrich, e incluso al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y hecho distintos reclamos públicos. Después de años de avances, en octubre de 2015 los universitarios habíamos recuperado el nivel histórico del poder adquisitivo del salario, que era de 1987. No estamos dispuestos a retroceder en 60 días las conquistas que nos llevaron años conseguir.” La federación realizará un plenario de autoridades el 15 de marzo, cuando también se hará una marcha al Palacio Sarmiento, y entonces se votará el plan de lucha propuesto por la mesa ejecutiva. Sanllorenti detalló que aspiran a “una recomposición salarial de al menos el 40 por ciento y una instancia de revisión del acuerdo hacia agosto”.

La Conadu Histórica, que integra la CTA Autónoma, realizó ayer un congreso extraordinario y aprobó dos huelgas de 48 horas antes de fin de mes: la primera el 16 y el 17, la segunda el 29 y el 30, fecha en que los docentes prevén instalar una carpa frente a la sede del Ministerio de Educación. “Exigimos la inmediata apertura de las paritarias, un aumento del 45 por ciento y la aplicación plena del convenio colectivo de trabajo”, explicó a este diario Luis Tiscornia, secretario general de la federación. A la vez, el congreso incluyó entre los reclamos al gobierno nacional un incremento del presupuesto universitario, la eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre el salario y –un viejo pedido– la derogación de la Ley de Educación Superior.

Las asociaciones de base de Conadu Histórica acordaron confluir el 17 de marzo en una jornada contra la criminalización de la protesta y por la derogación del protocolo para el control de protestas públicas, una movilización convocada por las federaciones estudiantiles de Buenos Aires (FUBA), La Plata (FULP), Comahue (FUC) y Patagonia (FUP).

Los dirigentes sindicales de los docentes mantuvieron por lo menos dos encuentros con autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias –encabezada por el radical Albor Cantard, ex rector de la Universidad Nacional del Litoral– entre diciembre y enero. En principio, los profesores esperaban un llamado oficial para iniciar las paritarias a comienzos de este mes. “Pero hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta”, dijo Tiscornia.

Además de las paritarias, otras dos cuestiones generan inquietud en los gremios del sector. Por un lado, si bien se trata de casos puntuales y no de algo masivo, como sí ha ocurrido en otras áreas de la administración pública, se registraron denuncias de despidos de docentes interinos (contratados, no concursados) en al menos dos universidades nacionales, las de Río Negro y de La Matanza. Y por otro lado, desde enero el Gobierno modificó la forma de calcular la asignación presupuestaria mensual correspondiente a cada universidad, por lo que en algunos casos se produjeron reducciones en las partidas destinadas a salarios y, en otros casos, atrasos en las partidas dirigidas a gastos de funcionamiento.

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