Las dificultades económicas y financieras de muchas universidades públicas se deben no sólo a que el presupuesto aprobado en 2015 quedó desfasado por la inflación, la devaluación y el aumento de tarifas dispuesto por el gobierno nacional: también se deben a que el propio Gobierno no les está girando los recursos previstos para gastos de funcionamiento, según denunciaron varios rectores, en particular desde universidades del conurbano bonaerense. Ayer, el secretario de Políticas Universitarias (SPU), Albor Cantard, aseguró que “el envío de fondos está al día”, aunque exceptuó a seis universidades “porque recibieron fondos extras de la gestión anterior por 432 millones”, argumentó. Los rectores consultados por Página/12 desmintieron los dichos del funcionario.

“Al igual que a otras universidades nacionales, como las de Avellaneda, José C. Paz, Hurlingham y Jauretche, la Universidad Nacional de San Martín no ha recibido pago alguno de la cuenta de gastos desde diciembre de 2015”, informó la Unsam, al dar a conocer el reclamo que el rector Carlos Ruta presentó ante el ministro de Educación, Esteban Bullrich. A esas universidades se suman, al menos, las de General Sarmiento y de La Rioja, cuyas autoridades también hicieron pública la falta de transferencia de los recursos previstos en el presupuesto.

En el caso de la Unsam, Ruta detalló que a la institución se le deben más de 66 millones de pesos, entre partidas de gastos de funcionamiento, financiamiento de la Escuela Secundaria Técnica y contratos programa que sostienen nuevas carreras, con más de 3500 alumnos. “El presupuesto asignado para el corriente año resulta insuficiente para cubrir todas las actividades de docencia, investigación y transferencia de la universidad, dado el crecimiento sostenido que ha tenido en los últimos años incluso por encima de la media del sistema universitario argentino”, señaló Ruta.

En la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) “desde diciembre no depositaron un peso”, aseguró el rector Jorge Calzoni, en diálogo con este diario. “La semana que viene estipulan que lo resolverán y empezarán a girar algo de plata, pero la Undav necesita para funcionar un millón y medio de pesos, y el Gobierno tiene previsto darnos alrededor de 300 mil”. Calzoni explicó que, producto de esta situación, la universidad no está “pagando nada”, ni servicios ni papel, y hasta tuvo que suspender el pago de becas; sólo se abonan los “servicios esenciales, como limpieza”. “Es evidente –opinó– que hay algún tipo de discriminación para con las universidades del conurbano, si no, no se entiende la situación actual.”

Una situación similar atraviesa la Universidad Arturo Jauretche (UNAJ), que desde diciembre no percibe fondos para gastos de funcionamiento. El rector Ernesto Villanueva dijo a Página/12 que Cantard tiene razón en que su institución recibió un refuerzo presupuestario el año pasado, pero aclaró que “no fue ningún regalo”. “Sucede que el presupuesto universitario no se reparte equitativamente –argumentó–, y ese dinero tuvo como objetivo atemperar un poco nuestra situación”. Villanueva explicó que para fines de enero ya no contaban más con ese dinero. La única opción que le quedó fue “tomar deuda”.

En sintonía con sus colegas, Gabriela Diker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, publicó un informe donde explicó la situación de su institución: “En relación con las cuotas de gastos de funcionamiento de 2016, hemos recibido la cuota de enero reducida en un 25 por ciento y la correspondiente a febrero a la mitad. La de marzo sí ha sido transferida correctamente”.

En el caso de la Universidad Nacional de La Rioja, las autoridades informaron que se le adeudan dos meses de fondos para gastos de funcionamiento y que no se recibieron las sumas correspondientes a contratos-programa. “La universidad está sosteniendo provisoriamente y con presupuesto propio asignado a otros fines todo lo previsto para salarios de contratos-programas y para gastos de funcionamiento –dijo el titular de la secretaría administrativa financiera, Raúl Chumbita–. Pero es indispensable que se regularice la situación para no afectar el resto de las actividades”.

Informe: Gastón Godoy.