UNIVERSIDAD › EMPIEZAN A SESIONAR LAS COMISIONES, PERO SIGUE LA CRISIS

La UBA no encuentra la paz

Los decanos de Exactas, Sociales, Filosofía y Arquitectura desconocieron formalmente la elección del vicerrector. Marcha la FUBA.

 Por Javier Lorca

Pese a los esfuerzos del bloque mayoritario por mostrar lo contrario, la crisis abierta en la UBA no ha sido superada con la cuestionada elección de un nuevo vicerrector. Después de analizar lo ocurrido el miércoles pasado, los cuatro decanos que se oponen a la mayoría de radicales y aliados presentaron ayer una nota, desconociendo formalmente la sesión del Consejo Superior y la designación de Aníbal Franco, basándose en las actas y la versión taquigráfica de la reunión, sobre cuyo contenido informó Página/12 el viernes. “No podemos aceptar” que “como respuesta a una situación de gravedad institucional se busque una salida que solamente la empeora”, advirtieron Jorge Aliaga (Exactas), Federico Schuster (Sociales), Hugo Trinchero (Filosofía) y Jaime Sorin (Arquitectura). Sin embargo, el espacio de izquierda y centroizquierda que encabezan estos decanos decidió no obstaculizar el funcionamiento de la universidad.

“Ya salimos de la crisis de gobierno”, señaló durante el fin de semana Alberto Boveris, decano de Farmacia y Bioquímica. “Tras las elección de Franco, en una asamblea caótica, la UBA tiene un vicerrector elegido en forma legal.” La misma afirmación fue planteada el viernes –como se informó– por los 18 consejeros superiores que avalan la elección. La declaración del bloque mayoritario dio su versión: “La sesión comenzó y terminó siendo pública... Estaba en la sesión su presidente, con su secretaria y los taquígrafos. Había quórum perfecto con la presencia en el lugar de los 28 consejeros superiores. La votación se realizó por signos, con la mano levantada... Exhortamos a quienes detentan una representación delegada de los claustros a ejercerla responsablemente”. Firmaron el texto los decanos Boveris, Atilio Alterini (Derecho), Alfredo Buzzi (Medicina), Rubén Hallú (Veterinarias), Alberto Barbieri (Económicas), Carlos Rosito (Ingeniería), Sara Slapak (Psicología) y José Luis Ferrería (vicedecano de Odontología) y otros consejeros profesores, graduados y alumnos.

La respuesta del principal espacio opositor llegó ayer. Como desconocen la reunión del miércoles pasado, los decanos Aliaga, Schuster, Sorin y Trinchero dirigieron una nota a Boveris –que estuvo a cargo del rectorado martes y miércoles pasados–, pidiéndole que aclare en forma oficial “si lo sucedido en el salón contiguo a la sala de sesiones cumple o no con los requisitos estatutarios y reglamentarios”, porque para ellos, tras examinar las actas y la versión taquigráfica de la controvertida reunión, las irregularidades “quedaron ratificadas”. Centralmente, los puntos que cuestionan son éstos:

- Horario. De acuerdo con la versión taquigráfica, la sesión empezó a las 8.55, “antes de la hora de la convocatoria”, prevista para las 9.

- Intermedio. Ante la protesta estudiantil desatada en la sala del consejo, Boveris anunció que se pasaba a cuarto intermedio: “No consta –como reglamentariamente corresponde– que la propuesta de pasar a cuarto intermedio haya sido votada”.

- Inexistencia de quórum. Durante cuatro horas, los consejeros estuvieron discutiendo en una sala aledaña a la principal, a puertas cerradas, hasta que a las 13.34, según las actas, Boveris anunció que continuaba la sesión con 28 consejeros. Pero: “El quórum se da con los consejeros que se sientan en el lugar indicado para sesionar... Es imposible que hubiera 28 consejeros sentados en la sala... simplemente porque no había 28 sillas”.

- Falta de publicidad. “Es cierto que a lo largo de las horas de discusión fue ingresando gente a la sala de reunión... Esto ocurrió a pesar de que usted (por Boveris) indicó al comienzo de la charla informal que solamente debían estar presentes los consejeros. No quisiéramos tener que interpretar que dejar entrar a otras personas fue una maniobra preparada para poder argumentar que la reunión fue pública –apuntaron los cuatro decanos–. No puede considerarse pública una reunión en la que los periodistas no pueden entrar y esperan largas horas a que se abra una puerta. Y menos cuando ella es abierta y se les informa que las decisiones ya fueron tomadas. En la medida en que esa exclusión habría existido, deconsiderarse que hubo sesión, ella fue realizada a puertas cerradas sin cumplimentar las exigencias” del estatuto universitario.

- Cantidad de votos. “La pregunta sería cuál fue el voto emitido por los 10 consejeros que no votaron las resoluciones. Jamás se podrá responder a esta pregunta porque esos 10 consejeros no votaron. De hecho, en la versión taquigráfica tampoco dice cuántos votaron cada uno de los proyectos de resolución, ni en la pretendida elección del vicerrector. Menos aun, cuál fue el resultado de las votaciones.” Luego, añaden los decanos: “Lo expuesto de ningún modo pretende desconocer ni minimizar el contexto en que se llegó a la reunión informal y las condiciones de su desarrollo, pero la total desaprensión para con nuestros derechos de participar y votar es no sólo agraviante sino también violatoria del reglamento del Consejo Superior”.

Otro punto sugestivo es que, según los documentos, el tratamiento y la aprobación de la elección de Franco y dos proyectos más se hizo en tiempo record: entre las 13.34 y las 13.36. En diálogo con este diario, el decano Sorin concluyó: “No hay ningún indicio de que lo sucedido haya sido legal. Esperamos que los consejeros reflexionen y no lleven este conflicto a una situación límite”. Desde el bloque mayoritario que integran radicales, peronistas y aliados se informó que la carta de los cuatro decanos “fue remitida a Asuntos Jurídicos” y se relativizó su reclamo: “Tiene más que ver con la interna de sus facultades y las presiones de la izquierda. Está todo consensuado y van a participar de las comisiones de trabajo”. La participación fue confirmada, aunque en términos relativos: la idea del espacio de izquierda y centroizquierda es no trabar el funcionamiento de la UBA, pero tampoco permitir que la gestión avance con “métodos irregulares”.

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